De las más de 23 mil personas reportadas como desaparecidas entre 2018 y 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo reconoce a 811 como víctimas de desaparición, y a ninguna de estas personas –ni siquiera las niñas– les reconoció el estatus de víctima de tráfico de personas, alertó hoy la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).
A tres años de la entrada en vigor de la Ley General Contra Desapariciones –aprobada en enero de 2018–, WOLA observó que las autoridades no aprovechan sus herramientas, dejando a la enorme mayoría de estos delitos en la impunidad, en un país donde las cifras oficiales indican que cerca de 90 mil personas están desaparecidas.
“Ello refleja un fracaso de las autoridades para subir información al Registro Nacional de Desaparecidos (…) y a la vez un abismo entre las víctimas de desaparición y las investigaciones criminales”, se alarmó WOLA, que lanzó hoy una campaña para que el gobierno tome el “primer paso” hacia la justicia: que reconozca e investigue las desapariciones como delitos.
“Las desapariciones no solo se investigan como si fueran cualquier otro delito; en un inicio, muchas no eran, o nunca han sido, reconocidas como delitos siquiera”, planteó la organización con sede en la capital de Estados Unidos.
Con información de Proceso.
