El gobierno federal ha tomado la decisión de expropiar 23 propiedades de propiedad privada en el municipio de Tijuana, Baja California, con un total de 13,000 metros cuadrados de terreno. Esta medida se lleva a cabo en el interés de utilidad pública y está relacionada con la construcción del nuevo Cruce Internacional Mesa Otay II. A esto se suma un viaducto elevado que servirá de enlace con el aeropuerto de esta ciudad fronteriza.
La acción de expropiación ha sido oficializada a través de tres decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Según estos decretos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está autorizada para llevar a cabo la ocupación inmediata de las propiedades objeto de expropiación.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes será responsable de indemnizar a los propietarios de estas propiedades, y los montos de compensación se canalizarán a través del Fideicomiso “Fondo Nacional de Infraestructura”. El objetivo es garantizar que se paguen compensaciones adecuadas a aquellos que puedan demostrar su legítimo derecho sobre las propiedades expropiadas.
