En los primeros 18 meses del sexenio, la fiscalía general de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259 de los cuales sólo tres fueron enviados a un juez, y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria.
Los datos forman parte del informe coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dado a conocer este jueves y que echan por tierra el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que en su gobierno ya no se tortura.
En el ámbito de las entidades federativas, la situación no es mejor: “sólo en 2018 se iniciaron 4 mil investigaciones, pero en apenas dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez”, agregan las organizaciones en su reporte, producto de una misión virtual realizada en febrero pasado de seguimiento de la implementación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) a México en 2019.
El informe “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia” revela que lejos de abolirse la práctica de la tortura durante esta administración, tiende a agudizarse con la “profundización de la militarización”, con la instrucción del presidente López Obrador de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad, mientras “la Guardia Nacional (GN) sigue siendo un cuerpo de seguridad militarizado, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con dirección y composición militar, contraviniendo las propias disposiciones del CAT”.
El informe resalta “la alarmante falta de articulación que existe a nivel interinstitucional, así como entre el ámbito federal y local”, para atender la prevalencia de la tortura en México, señalando de manera destacada a la FGR como “un cuello de botella de muchos de los problemas que se observan actualmente, incluyendo la falta de respuesta a solicitudes de otras instituciones, la presentación de iniciativas de reforma de carácter regresivo y desarticulador, la falta de implicación e implementación de instrumentos y medidas previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (LGT) así como las múltiples deficiencias que caracterizan la investigación de casos”.
Pandemia e incremento de población carcelaria
El documento destaca que, durante 2020, el año de la pandemia, se incrementó la población carcelaria a más de 14 mil personas, situación que generó al menos 3 mil 456 casos de personas privadas de la libertad infectadas por SARS-COV-2, de acuerdo a datos oficiales al 11 de julio.
“México ocupa la cuarta posición en el mundo en el número de muertos causados por la pandemia, sin medidas adecuadas, las personas privadas de la libertad están en la primera línea de exposición al virus”, destaca el informe tras alertar la inoperancia de la aprobada Ley de Amnistía, que tenía entre otros objetivos, despresurizar las prisiones.
La misión de observación “recibió información de la falta sistemática de atención a las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo, situación que se ha agudizado en el contexto de la pandemia”, toda vez que en las estaciones migratorias prevalecen “el hacinamiento, falta de higiene, de alimentación adecuada y de atención médica (incluida atención médica de emergencia)”, mientras que se acentuaron las denuncias de “la creciente securitización de las fronteras y controles migratorios, así como el uso recurrente de la fuerza”.
Omisiones
Entre las omisiones en el cumplimiento de las recomendaciones del CAT, el informe alerta sobre la falta de publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, documento elaborado con la participación de la sociedad civil y la asesoría de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), bajo el argumento del gobierno actual de que está siendo revisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el ámbito jurisdiccional, las organizaciones que elaboraron el informe consideran preocupante que “el poder judicial continúa admitiendo pruebas ilícitas argumentando que la víctima no ha probado la tortura, manteniendo la exigencia y carga de la prueba en personas imputadas, las que deben presentar, al menos una pericial médica-psicológica que señale de manera incontrovertible su existencia”.
Lo anterior resulta grave, alerta el informe, porque “la inversión de la carga de la prueba se da en un contexto de múltiples denuncias por la ausencia de independencia, imparcialidad y rigor detectada en los dictámenes realizados por personal pericial oficial, que siguen desacreditando o minimizando y, por lo tanto, encubriendo actos de tortura y malos tratos”.
Por si fuera poco, durante la misión de observación, las organizaciones participantes recabaron testimonios de organizaciones y víctimas sobre “acciones estigmatizantes y criminalizantes” por parte de personal de instituciones públicas, mientras que persisten deficiencias en la atención por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y sus similares a nivel local, que “no cuentan con recursos humanos, materiales y económicos para hacer frente a la magnitud de las violaciones cometidas en las distintas entidades”.
El informe recoge denuncias de “violaciones recurrentes a los derechos humanos de las personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado”, así como el “recrudecimiento de la represión el actuar abusivo de las fuerzas de seguridad en el marco de restricciones vinculadas a la pandemia”, siendo uno de los casos más graves la ejecución extrajudicial de Giovani López por no portar cubrebocas, en mayo de 2020 en Jalisco, lo que generó una serie de protestas, indignación que tuvo como respuesta oficial “la represión brutal, detenciones arbitrarias de decenas de personas manifestantes”, algunas de las cuales fueron desaparecidas forzadamente, torturadas, y después liberadas en lugares remotos.
El documento incluye la reacción de las autoridades durante la manifestaciones del 8 de marzo de 2021, de manera particular en la Ciudad de México, donde policías recurrieron a uso de gas lacrimógeno y extintores, “lanzaron fierros y piedras, usaron fusiles para lanzar balas de pintura, y existen registros de granadas de mano y artefactos incendiarios que al caer y encenderse liberaban una sustancia irritante, así como múltiples denuncias de agresiones, actos de humillación y violencia sexual por parte de la policía”.
El informe considera en extremo preocupante los asesinatos de seis periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos en 2020, mientras se instrumenta “un debilitamiento de las políticas protocolos de protección”, como la extinción del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas en 2020, como parte de las “medidas de austeridad” instrumentadas por el gobierno de López Obrador.
Además recomienda “adoptar, aprobar y publicar” el Programa Nacional para combatir la tortura, con previa consulta a las organizaciones; garantizar el “acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de tortura”; que las fiscalías especializadas “elaboren planes integrales de persecución de la tortura”, y que en el contexto de la pandemia se garantice la vida y salud de todas las personas, “asegurando que las leyes y prácticas adoptadas en este contexto cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no incrementan la arbitrariedad y abusos”, poniendo especial atención a la situación de las personas privadas de libertad.
Con información de Proceso.
