En un escenario disparejo, el morenismo “mostrará el músculo” en respaldo al Ejecutivo federal el próximo domingo 10, con el compromiso expreso de gobernadoras y gobernadores de satisfacer ampliamente el espaldarazo a la gestión de Andrés Manuel López Obrador, en lo que es visto también como un ejercicio que servirá para afinar la estructura electoral del partido.
Los corresponsales de Proceso atisbaron tal panorama, al que en las últimas dos semanas se integró con una febril actividad el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien, según se pudo constatar, en varios de sus encuentros con funcionarios locales emanados de Morena en diversos estados se ha quejado de conflictos internos y ha pedido reflejar unidad al marcar las boletas que el INE distribuirá el domingo 10.
Así, en este despliegue proselitista surgen denuncias contra políticos o funcionarios estatales por amenazas de condicionar los programas de Bienestar para obligar a la participación en zonas marginadas, como ocurre en Veracruz, Zacatecas o Puebla, o cómo en este último estado se tejen o se aprovechan alianzas con personajes de otros partidos ante las rupturas con dirigencias locales de Morena, igual que sucede en Chiapas.
Mientras gobernadoras como Indira Vizcaíno, de Colima, han aprovechado alguna visita de López Obrador para expresarle “su incondicional apoyo”, otras, como Layda Sansores, de Campeche, mandan el mensaje en reuniones con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y, por el contrario, el zacatecano David Monreal muestra una mesura que se interpreta como parte del distanciamiento entre el presidente y su hermano, el senador Ricardo Monreal.
Cada quien su juego
En Puebla, el barbosismo quedó a cargo de promover la participación en la consulta por la revocación de mandato y lo ha hecho al estilo del “viejo régimen”: echando mano de los gobiernos municipales –no sólo de Morena y PT, sino del resto de los partidos, incluidos PRI y PAN– y del clientelismo a través de los programas de la Secretaría del Bienestar.
Los auténticos morenistas reconocen estar decepcionados de que un ejercicio que empoderaría al ciudadano y sería un avance democrático en el país, en Puebla “simplemente se pudrió”. Así lo considera Gerardo Domínguez, integrante del Consejo Estatal de Morena, uno de los pocos que accede a dar su opinión en entrevista.
En esta entidad, la organización Que Siga la Democracia (QSD), brazo civil de Morena que promueve la consulta, quedó a cargo de Eric Cotoñeto Carmona, el operador político de confianza de Barbosa Huerta y quien, como el mandatario, militó en la corriente perredista Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos.
Otras de las cabezas de QSD es Jorge Mota Jiménez, brazo derecho de Cotoñeto, también experredista, lo mismo que el exdiputado federal Agustín Guerrero Castillo, quien es del círculo cercano a Barbosa.
Esta ala barbosista no suma a grupos con presencia nacional, como Ignacio Mier Velazco, líder de la fracción morenista en la Cámara de Diputados, o el senador Alejandro Armenta. Ni siquiera suma a la dirigencia estatal, refiere Domínguez, por lo que Morena en Puebla no promueve este ejercicio popular en unidad.
El consejero Domínguez recuerda que en los comicios locales de 2021 el mandatario poblano apoyó a candidatos a alcaldes de Morena, PT y PVEM, pero también promovió en distintos municipios el triunfo de panistas y priistas, por lo que sus operadores ahora trabajan con esos gobiernos para movilizar a los votantes. En zonas como la Sierra Negra, autoridades municipales convocan a los ciudadanos a los foros de información y para que vayan a votar, condicionando apoyos de la Secretaría del Bienestar estatal.
“Lamentablemente, yo como morenista estoy viendo en Puebla que la consulta por la revocación de mandato ya se pudrió con las prácticas del clientelismo y condicionamiento del voto del viejo régimen y que, sin ningún pudor, esto se ha convertido en un ejercicio para 2024, donde los presidentes municipales (aliados al barbosismo) ensayarán la estrategia de movilizar votantes”, expresa.
Tampoco en Chiapas se sigue la misma ruta del trabajo morenista para la consulta por parte del gobernador Rutilio Escandón y de la dirigencia estatal del partido, cuyo control lo tiene un grupo político que marca su distancia del Ejecutivo estatal. Al frente de ese grupo está el superdelegado federal José Antonio Aguilar Castillejos; el presidente estatal de ese partido, Ciro Sales; el diputado local Marcelo Cruz Toledo, y la diputada federal, familiar del presidente, Manuela Obrador Narváez.
Otro actor relevante en esta campaña a favor de la consulta ha sido el diputado federal con licencia Jorge Luis Llaven Abarca, quien desde que obtuvo licencia el 15 de marzo no ha dejado de realizar reuniones masivas y asambleas informativas para la consulta del 10 de abril.
La más reciente fue el jueves 31 de marzo en Villaflores, donde no estuvieron los líderes políticos locales de Morena, pero sí el delegado nacional de ese partido, Carlos Molina Velasco; la dirigente estatal del PVEM, Valeria Santiago, y el alcalde Mariano Rosales Zuarth, de militancia verdecologista, así como el líder del partido político local Chiapas Unido, Conrado Cifuentes.
Lo relevante de esta asamblea fue la suma de militantes del PVEM, que mostraron lonas con la leyenda: “En Villaflores, los verdes de Chiapas vamos con AMLO”.
En Veracruz, como en tiempos de los priistas Fidel Herrera y Javier Duarte, el aparato burocrático estatal es utilizado en pleno para la movilización del domingo 10.
Los encargados visibles de la estrategia son el subsecretario de Ingresos y primo hermano del gobernador, Eleazar Guerrero Pérez; el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros; el titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado; el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, y la directora de Administración del Poder Judicial, Marlén Bautista Flores.
Testimonios de empleados de la Secretaría de Finanzas (que pidieron reservar su identidad por temor a ser despedidos) apuntan que se dispuso que en el aparato estatal cada mando operativo, jefe de área, coordinadores y empleados de confianza con sueldos superiores a los 30 mil pesos consiguieran 10 bardas para pintar “AMLO no estás solo” y lograran acomodar cinco lonas por casa-habitación en las regiones que les tocó trabajar, previa asignación.
Desde San Lázaro, el diputado federal panista Carlos Valenzuela logró que el Instituto Nacional Electoral diera la orden de retirar 278 espectaculares, en 61 de los 212 municipios de Veracruz, ante la negativa sistemática de dar información respecto al pago de ellos. “No cumplen con el requisito de estar libres de financiamiento público y de intervenciones partidistas o gubernamentales”, presumió en rueda de prensa.
Para el sábado 2 de abril se programó una concentración masiva en la Plaza Lerdo, bajo la convocatoria: #QueSigaAMLO; los funcionarios del gobierno de García Jiménez invitaron a sus subordinados a “cerrar con broche de oro” la estrategia de difusión amplia de la consulta del 10 de abril. “Vayamos preparando e invitando gente para ese día. Será de fiesta”, remata la invitación que circuló por chats de empleados estatales.
En Zacatecas, servidores de la nación han amenazado verbalmente a beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal en comunidades rurales, advirtiéndoles que si no apoyan a López Obrador perderán los apoyos. Sin embargo, los adultos mayores y madres solteras no se atreven a denunciar ni formal ni públicamente por temor a perder la ayuda gubernamental.
El alcalde priista del municipio de Sombrerete, Alan Murillo Murillo, es el único que públicamente ha denunciado que en los últimos 15 días ha recibido un gran número de reportes de habitantes de esta demarcación, limítrofe con Durango, a quienes los servidores de la nación les están condicionando continuar como beneficiarios de los programas federales.
“Los servidores están acudiendo a las comunidades a entregar los apoyos de lo que antes era Procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar, y al momento de entregar el apoyo le dicen al beneficiario, lo amenazan verbalmente, que si no votan por el presidente este próximo 10 de abril, pues que se atengan a las consecuencias de no recibir el próximo año el beneficio. Igual lo están haciendo con los adultos mayores y con los jóvenes que reciben becas Benito Juárez”, sostuvo Murillo.
Mientras que los funcionarios del gobierno de David Monreal se han mantenido al margen de promover la participación de los zacatecanos en el ejercicio de revocación de mandato –haciendo notorio el distanciamiento del gobernador con el presidente–, en el Congreso local se han suspendido o retrasado sesiones porque los diputados locales de Morena se ocupan en realizar giras a los municipios que integran sus distritos, usando para ello recursos públicos, a fin de promover que el 10 de abril “se valide” al gobierno de la Cuarta Transformación.
Lealtad sin reparos
La conferencia matutina de López Obrador realizada en Colima el 25 de febrero fue aprovechada por la gobernadora Indira Vizcaíno para ofrecerle públicamente su apoyo incondicional frente a la consulta sobre revocación de mandato, en un abierto desafío al INE en sus prohibiciones de propaganda.
Sin mencionar por su nombre la consulta, Vizcaíno ofreció al presidente el respaldo de Colima frente a ese ejercicio: “Quienes coincidimos con este proyecto sabemos la importancia histórica de lo que ocurrirá este 10 de abril, entendemos el significado profundo de la frase ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’. Y no quería dejar de mencionar que estoy segura que, así como Colima cuenta contigo, tú cuentas con Colima”.
Posteriormente, a unos días de la jornada, la gobernadora continuó realizando propaganda sobre acciones gubernamentales, como pasó el 29 de marzo, cuando acudió al informe de la Unión Ganadera Regional, donde según el boletín institucional “resaltó que el gobierno de México y el gobierno estatal sumarán recursos por más de 30 millones de pesos al Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria”.
El 23 de marzo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció en día y horas hábiles que el 10 de abril acudirá a emitir su voto “por ya saben quién, eso es obvio”. Y lanzó un puyazo contra el INE, que “aunque no quiera, tiene que cumplir la ley, a marchas forzadas, pero tiene que cumplir”.
En rueda de prensa, Ramírez Bedolla convocó asimismo a todos los ciudadanos que quieran participar a que acudan el 10 de abril a emitir su opinión en la consulta. “Debería también convocar a la oposición, a que también le echen ganas, a que participen; no le entran realmente al tema, critican, pero ahí está la oportunidad de que eso se vea reflejado en las urnas de la revocación de mandato”.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha encabezado varias reuniones privadas en las que no ha ocultado su activismo para la consulta, como lo dijo en, una efectuada el 13 de febrero:
“Ahorita estamos saliendo a las comunidades por el reto que está muy cerca, tenemos que salir también a seguir convenciendo y a movilizar a nuestros compañeros, porque ese día de abril tiene que ser inolvidable y tiene que registrarlo el líder que nunca nos dejó solos, que sepa que aquí se le ama como ayer y más que ayer, porque nunca nos dejó ni nos ha dejado solos, no tenemos otra prueba que darle.”
Junto al secretario de Gobernación y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la gobernadora presidió el 26 de marzo un encuentro a puertas cerradas con los comités de Morena que formalmente sería una reunión informativa sobre la reforma energética, pero que en realidad fue sobre “la Ley de Revocación de Mandato”, según los carteles publicitarios que la víspera hicieron públicos en sus redes sociales el diputado federal José Luis Flores Pacheco y el líder del Congreso local, Alejandro Gómez Cazarín.
Para esa reunión, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Campeche XXI, fueron movilizados cientos de morenistas de todos los rincones del estado. Ese mismo día amanecieron en Campeche anuncios espectaculares y pintas en las bardas con la leyenda: “Vota para que AMLO se quede”.
La promoción de la consulta de revocación de mandato en Morelos ha seguido las mismas estrategias que en todo el país, pero ya provocó una denuncia penal contra Ulises Bravo Molina, medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, un personaje polémico que ha sido señalado de tener alta influencia por este parentesco.
La organización QSD ha convocado a diversos eventos en las regiones de Morelos, en los que la voz cantante la lleva Bravo Molina. En la mayoría de los municipios que ha visitado ha realizado reuniones pequeñas con “promotores”, básicamente militantes del Partido Encuentro Social, con registro en Morelos, de acuerdo con los reportes de la prensa local. Bravo Molina ha encabezado este partido en Morelos.
En un evento masivo el 15 de marzo en el Centro de Convenciones de Morelos, Bravo reunió a unas 6 mil personas que con cartulinas mostraron su apoyo para “que siga Andrés Manuel”, pero algunas tenían anotado el número de seccional del SNTE al que pertenecía la persona que mostraba el rótulo, consignaron medios locales.
Dos días después, el diputado Agustín Alonso Gutiérrez, enemigo político de Cuauhtémoc Blanco y del propio Ulises Bravo Molina, por estar identificado con el exgobernador Graco Ramírez, presentó en la tribuna del Congreso local una copia de una denuncia de hechos presentada contra el medio hermano del gobernador y el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eliacin Salgado de la Paz, por “acarrear” profesores y trabajadores de la educación a un evento electoral en un día hábil.
La denuncia se encuentra en manos de la Fiscalía local. (
Con información de Proceso.
