El Congreso de Guatemala aprobó sorpresivamente una ley que sanciona el aborto con cárcel de hasta 25 años y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y enseñar sobre diversidad sexual en las escuelas, unas medidas condenadas por el defensor de derechos humanos local y grupos civiles.
La Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, propuesta por el conservador VIVA, fue aprobada la noche del martes por una amplia mayoría de legisladores, incluyendo algunos de partidos aliados del presidente Alejandro Giammattei que la sacaron de la congeladora en la que estaba desde el 2018.
La polémica normativa, que aún debe ser publicada en el diario oficial para entrar en vigor, prohíbe fomentar “en la niñez y adolescencia” programas para promover la diversidad sexual, “la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.
El texto, aprobado en el Día Internacional de la Mujer, señala también que ninguna persona podrá ser perseguida penalmente “por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género”.
El procurador de derechos humanos de la nación centroamericana, Jordan Rodas, condenó la decisión de los legisladores, al igual que organizaciones de personas LGBTIQ, y anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad.
“Viola los derechos humanos, viola los convenios internacionales ratificados por Guatemala, es un retroceso a las libertades”, afirmó Rodas a periodistas afuera de la sede del Congreso.
La norma eleva, además, las penas de prisión para las mujeres que aborten, que antes iban de 5 a 10 años y ahora se elevaron a hasta 25 años, y aunque mantiene la posibilidad de interrumpir el embarazo solo cuando esté en peligro la vida de la madre, endurece las condiciones para practicarlo.
Algunos diputados de izquierda se manifestaron en contra de la ley y dijeron que promueve el odio, la homofobia y criminaliza a las mujeres.
Con información de Reuters.
