La mañana del 18 de abril, una cuadrilla de dos policías y cuatro soldados salvadoreños llegó a la casa de Cristian Machado, un joven de 18 años con retraso mental leve, y se lo llevaron, esposado de manos, en la parte trasera de una pickup tras señalarlo de pertenecer a las pandillas que azotan al país.
El operativo, donde también apresaron a un hermano de Machado y a un vecino suyo, se dio en medio de un régimen de excepción solicitado por el presidente Nayib Bukele, que suspende temporalmente las garantías constitucionales en busca poner tras las rejas a miembros de las llamadas “maras”, acusadas de una reciente ola de violencia.
Desde el 27 de marzo -cuando empezó el estado de excepción que se extenderá hasta fines de mayo- han sido capturadas más de 27,000 personas. Ese total incluye a decenas de inocentes aprehendidos a pesar de no tener vinculación aparente con las pandillas luego de que sus superiores obligaran a uniformados a cumplir con cuotas diarias de arrestos, dijeron a Reuters cinco policías y militares.
“Hemos recibido unas 40-45 denuncias de diferentes áreas del país donde les exigen cuotas específicas de personas detenidas por patrulla. En algunos lugares les imponen seis (capturas) diarias, en otras cinco, en otras tres”, dijo a Reuters Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, que agrupa a uniformados de todo el país.
Reyes, suspendido de la policía en 2017 por reclamar derechos laborales para los agentes, aseguró que media centena de los afiliados al movimiento, una especie de sindicato, le comentaron sobre las cuotas. El gremio cuenta con unos 3,000 policías, un 10% del total de los uniformados en El Salvador.
Dos policías más y un coronel de la Fuerza Armada dijeron a Reuters que sus superiores establecieron cuotas diarias de capturas de pandilleros. Las órdenes fueron dadas verbalmente.
Además, un coronel de la Fuerza Armada, quien también solicitó el anonimato, aseguró a Reuters que los jefes militares pidieron 30 capturas diarias por brigada, destacamento o fuerza de tarea conjunta. Incluso le daban un incentivo de 10 dólares a cada soldado por captura.
El Ministerio de Defensa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, la Policía negó las acusaciones y dijo a Reuters que una orden de ese tipo se considera como una falta grave dentro de la institución, por lo que instó al personal a denunciarlas.
“Es falso. Jamás ha salido tal tipo de orden. Si algún oficial jefe hiciera tal petición a su personal caería en una gravedad”, aseguró la asesoría de la Dirección General de la Policía.
Desde que asumió como presidente en junio de 2019, Bukele ha hecho de la lucha contra la inseguridad y violencia una prioridad de su gobierno. En sus primeros meses en el cargo, se redujo drásticamente el número de homicidios diarios que colocaron a El Salvador como uno de los países más violentos.
Sin embargo, el año pasado se supo que la cifra había sido lograda luego de reuniones furtivas con jefes apresados de las pandillas a cambio de beneficios carcelarios. Esto condujo a que Washington sancionara a dos funcionarios salvadoreños acusados de negociar con los criminales.
El mandatario ha negado las reuniones y ha defendido los operativos actuales asegurando que un 1% de los capturados podrían ser inocentes pero es algo que se “debe corregir”.
“Pero queda claro que los pandilleros no saldrán libres, como pasaba antes. Hoy enfrentarán la ley”, aseguró en abril.
“De hecho, siempre se capturó al inocente y nunca se tocó a los culpables. Ahora eso cambió. Pero en una operación tan grande, siempre habrá errores que corregir”, explicó en Twitter.
Del total de aprehendidos, 168 han sido puestos en libertad porque “no tenían vinculación con pandillas”, confesó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
La autoridad agregó que de las 26,800 personas detenidas hasta la semana pasada, 1,80 eran niños y adolescentes entre 12 y 17 años de edad.
“EL GOBIERNO QUIERE LIMPIAR”
En marzo, El Salvador rompió récords al registrar 62 asesinatos en un solo día. La respuesta de Bukele fue declararle la “guerra a las pandillas” y pidió a fines de ese mes al Congreso, donde tiene mayoría, un estado de excepción para apresar a los pandilleros.
Desde entonces, cuerpos de seguridad se han desplegado en zonas consideradas de alto riesgo, las cercaron y comenzaron a realizar redadas de pandilleros y sospechosos de pertenecer a estas agrupaciones, en ocasiones, sólo por el hecho de tener tatuajes.
En un intento por no ser capturados, los pandilleros están llegando al extremo de quemarse los tatuajes que los identifican, han dicho funcionarios.
“Los esposaron (a Cristian Machado y su hermano), sacaron al vecino, y los pusieron a los tres juntos y dijo (el policía): ‘grupo ilícito’ porque ya iban tres y, sin mediar palabras, los esposaron y se los llevaron”, contó Lizzette Maradiaga, madre de Cristian. “No son pandilleros mis hijos”, se defendió.
Maradiaga, una empleada doméstica de 43 años, aseguró que uno de los agentes que se llevó a sus hijos había estado una semana antes en su casa registrándola y, al no encontrar nada irregular, se fue.
Machado fue liberado tras cuatro días detenido en una celda de una delegación policial. Su hermano mayor, Manuel, y su vecino fueron puestos en libertad el jueves 5 de mayo luego de 18 días tras las rejas, en los que sus familias dijeron que ignoraban su paradero y estado de salud. El joven de 27 años, padre de dos niños, denunció haber recibido agresiones físicas.
“Los custodios lo golpean a uno, a pura fuerza de golpe quieren que uno acepte que pertenece a una estructura criminal”, confesó el joven, quien agregó que le tocó compartir celda con unas 150 personas, 20 de las cuales confesaron ser pandilleros.
La Policía, el Ejército y la Procuraduría de Derechos Humanos no respondieron a solicitudes de información de parte de Reuters.
“El Gobierno quiere limpiar. Está bueno que haga su limpieza, pero también (…) deben verificar que la persona tiene un delito”, agregó Maradiaga, residente de Botoncillal, una zona deprimida ubicada a unos 21 kilómetros al oeste de la capital y dominada por la Mara Salvatrucha.
Reuters conoció de otros tres casos similares a los de Machado, donde uniformados detuvieron a personas sin vínculos conocidos con pandillas y sin antecedentes penales. Las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, y la centroamericana Cristosal han recibido más de 200 denuncias durante el estado de excepción, incluyendo 160 detenciones que calificaron como “arbitrarias”.
En su informe, HRW y Cristosal señalan que durante el primer mes del estado de excepción -entre fines de marzo y los últimos días de abril- han recibido denuncias creíbles de detenciones arbitrarias, incluyendo algunas que incluirían “desapariciones forzadas de corta duración” y dos muertes en custodia.
Los decesos, señalan los organismos, pudieron ser provocados por “múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo que podrían haber ocurrido durante la privación de la libertad y que podrían ser el resultado de tortura u otros malos tratos”.
El gobierno salvadoreño no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios respecto del informe.
“En vez de proteger a los salvadoreños de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad han abusado de las amplias facultades que les concedió la Asamblea Legislativa”, opinó Tamara Taraciuk, directora para las Américas de HRW.
Surgidas en Estados Unidos tras la guerra civil de El Salvador (1979-1992), las pandillas se extendieron en las décadas siguientes por Centroamérica y parte de México, donde son señaladas de controlar las extorsiones y la venta de droga.
Autoridades estiman que más de 70,000 personas integran la Mara Salvatrucha; su rival, Barrio 18, y otras pandillas más pequeñas.
Con información de Reuters.
