Los 14 mil 649 millones de pesos que dejó de deuda el exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, deben someterse a una investigación.
Fueron los presidentes de Coparmex e Index Zona Costa quienes, consultados por Glocal Media, coincidieron en que se debe conocer dónde y en qué fueron invertidos los préstamos solicitados por el exjefe del ejecutivo estatal.
“No queremos una cacería de brujas, lo que queremos es que sea imparcial el estado de derecho. Es una exageración la deuda que dejó la anterior administración (de Bonilla), que es 42% más en comparación con la de Kiko Vega, a quien tantas veces señaló Bonilla”, dijo Roberto Rosas Jiménez, presidente de Coparmex Tijuana.
Por su parte, Pedro Montejo Peterson, presidente de Index, expuso: “Creo que cualquier gobierno entrante debe investigar al saliente y debe revisar para conocer si hubo mal uso de los recursos”.
Para reestructurar la deuda del estado, durante mayo de 2020 la administración de Jaime Bonilla Valdez obtuvo dos líneas de crédito con diferentes bancos como HSBC, Banorte, Banamex y Banobras, por más de 11 mil 400 millones de pesos.
Dicho movimiento financiero se avaló por el Congreso del Estado; el monto del adeudo se va a cubrir en 30 años, lo que permite en cierta forma un desahogo de las finanzas públicas de Baja California. Sin embargo, debido a esta reestructuración se van a pagar casi 1,900 millones de pesos sólo de intereses derivados de los préstamos.
Por si no fuera suficiente deuda, en junio de 2021 la administración bonillista solicitó préstamos a instituciones bancarias por un total de 3 mil millones de pesos. En su momento, Jaime Bonilla y su equipo explicaron que este último recurso era para cubrir conceptos de deudas por obras públicas e infraestructura.
Con estos dos movimientos financieros, el gobierno de Jaime Bonilla incrementó en 42% la deuda de Baja California.
“Nos surge una gran pregunta: ¿qué infraestructura realizó el Gobierno Estatal saliente? Ya sea pavimentación, drenaje o simple y sencillamente obra subterránea. Al final del día ese dinero se debe, pero ¿dónde está ese dinero? La transparencia, ¿dónde queda?”, cuestionó Roberto Rosas, de Coparmex Tijuana.
En tanto, Pedro Montejo de Index Zona Costa, se pronunció en contra de lo hecho por el exgobernador de Baja California y la opacidad con la que se manejó el destino de los recursos.
“Nosotros nunca estuvimos a favor de que se endeudara más al Estado, tampoco estamos a favor que se endeuden los municipios; entendemos que en ciertas ocasiones simplemente no hay dinero suficiente ni para la nómina, sin embargo hay otras formas”, manifestó.
El problema para la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y los futuros gobiernos estatales, no solo es la deuda y los intereses, también son los litigios que mantienen empresas, plazas, hoteles, cadenas comerciales y asociaciones privadas que fueron obligadas por el gobierno de Bonilla Valdez a pagar supuestos adeudos de agua calculados por Fisamex.
Según el Gobierno del Estado saliente, se recaudaron alrededor de 2 mil millones de pesos por consumos de agua que no habían sido pagados en años anteriores, no obstante, mucho de ese dinero está en duda.
“De esos 2 mil millones de pesos, mínimo el 50% lo va a tener que regresar el Gobierno del Estado, que se verá en una situación lamentable porque debe pagar ese recurso que no se debía”, explicó Roberto Rosas.
El malestar del sector empresarial con el exgobernador se suscitó tras considerar fuera de la Ley las formas que se emplearon para cobrar los adeudos de agua.
Por el momento, piden que se trabaje en conocer qué se hizo con los préstamos adquiridos por Bonilla Valdez y su administración.
