CIUDAD DE MÉXICO 31 de octubre (proceso).- Luego de dos años de jaloneo y negociación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregará a Sempra el permiso de exportación de gas natural licuado con el que la empresa estadunidense arrancará la ampliación de su planta en Ensenada, Baja California.
A cambio, Sempra comprará parte de los excedentes de gas que tiene el país y que la administración de Enrique Peña Nieto contrató por los siguientes 20 años, sin que México lo necesitara.
La última negociación, en la que se definirá el precio al que Sempra adquirirá ese gas, la lleva Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien a la par continúa con la negociación de los contratos cancelados por la construcción y operación de ductos.
Ya con el permiso, Sempra y su filial Energía Costa Azul construirán en Ensenada una planta de licuefacción para vender gas líquido a Japón y otros países asiáticos, convirtiendo así al estado en un trampolín para sus ventas.
Los permisos para instalar la planta le fueron entregados a Sempra por el anterior gobierno, excepto el de exportación “porque ya no les dio tiempo”, refiere una fuente de la Secretaría de Energía (Sener).
La misma fuente confirma que la amenaza de recurrir a una demanda internacional estuvo sobre la mesa durante los dos años de negociación. Para zanjar el conflicto, la Sener condicionó los últimos papeleos a la consulta popular entre los habitantes de Ensenada, ya que las nuevas leyes mexicanas la obligan a ello.
En caso de ganar el “sí” a la instalación de la planta de licuefacción, Sempra deberá comprar a México los excedentes de gas con que cuenta. Los contratos que se firmaron el sexenio pasado con diversas empresas de Estados Unidos obligan al país a adquirir diariamente 8 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado por los siguientes 20 años.
Consulta dudosa
Envuelta en señalamientos de corrupción desde su llegada a Baja California en 1997, Sempra ha pagado multas por 150 millones de dólares entre 2000 y 2018 por violar leyes ambientales en Estados Unidos. El año pasado pagó una más por 3.3 millones de dólares, como recuerda el oceanólogo y profesor en la Universidad del Sur de California, Sergio Sañudo Wilhelmy.
Advierte que la instalación de la nueva planta implica peligros, como el de afectar el medio ambiente, la emisión de partículas de benceno que producen cáncer y de procesar y almacenar productos altamente flamables en una zona sísmica.
A su vez, el doctor en oceanografía y director del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Silvio Guido Lorenzo Marinone, alerta de un efecto térmico adverso: “Se puede controlar, pero también hay riesgo; el mayor es a largo plazo, con las emisiones de tipo invernadero. Termina afectando al mar localmente pero también a la atmósfera”.
Durante los dos primeros años de gobierno de López Obrador, la Sener frenó el permiso de exportación, a pesar de que el Departamento de Energía de Estados Unidos otorgó entre enero y marzo de 2019 las autorizaciones para exportar gas natural a México “y reexportar gas natural licuado a países que cuentan con 68 tratados de libre comercio y los países que no”, según reportó Sempra en 2020 a la Bolsa Mexicana de Valores. Agregó que “actualmente la compañía está en proceso de obtener el permiso de exportación de México”.
Armando Ayala Robles, presidente municipal de Ensenada desde el 30 de septiembre de 2019 y exdirector del Canal 29, propiedad del gobernador Jaime Bonilla Valdez, empezó sus labores cabildeando a favor de Sempra y su planta de licuefacción.
A lo largo del año Ayala envió tres oficios a la Sener (OPM/0331/2020, OPM/242/2020 y OPM/230/2020) para solicitar la entrega del permiso.
“…En virtud de la importancia que reviste la ampliación de las actividades que realiza Energía Costa Azul, la unidad de negocios de IEnova (Sempra), que por más de una década han contribuido al desarrollo y la prosperidad de la región… albergamos la esperanza de contar entre nosotros con un polo del desarrollo económico que fortalezca la integración de las empresas de la región, genere un nuevo empleo de mayor retribución económica y actúe como pivote para el crecimiento y el progreso del municipio y del estado.”
El pasado 2 de octubre, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, de acuerdo con el oficio en poder de Proceso, le aclaró a Ayala que “es crucial la opinión de los habitantes de Ensenada para el caso del proyecto Costa Azul”.
Le recuerda que la administración federal ha promovido la consulta directa a la población cuando se trata de inversiones o decisiones relevantes de interés general, “por lo que respetuosamente le solicitaría considerar se realice dicho mecanismo de participación en el caso que nos ocupa, a fin de conocer la opinión libre de los ensenadenses y estar en condiciones de considerarla como elemento de primer orden en la toma de decisiones”.
A pesar de contar con el oficio desde el 5 de octubre, el presidente municipal no dijo nada y fue hasta el 14 de octubre que anunció la consulta para realizarse cuatro días después, el día 18.
El “sí”, acompañado de obras que suman por lo menos 450 millones de pesos, obtuvo 59% de votos, informó la presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, Georgina Ríos.
Sin embargo, la veracidad del dato fue puesta en duda por observadores debido a que los primeros conteos públicos arrojaron un abrumador rechazo: 63% en contra, detalla el activista Iván Martínez Zazueta, estudioso de la empresa Sempra. Relata que ante el avance del “no”, en forma inesperada las autoridades del ayuntamiento decidieron llevarse los paquetes a oficinas de gobierno y hacer el resto del conteo en privado, revirtiendo la tendencia.
Opositores al proyecto acusaron al presidente municipal de Ensenada y aspirante a la gubernatura del estado, Armando Ayala, de dar la orden de manipular las cifras. Proceso lo buscó para solicitar su versión, pero no respondió.
El viernes 23, los resultados oficiales y una carta firmada por el cabildo de Ensenada en la que se respalda la consulta llegaron a las oficinas de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien deberá autorizar junto con la Secretaría de Economía que se expida el permiso de exportación.
De ahí que la entrega del documento es inminente, igual que el inicio de la construcción de la planta de licuefacción anunciada por Sempra desde febrero de 2015.
