SAN SALVADOR, 4 sep (Reuters) – El fiscal general de El Salvador dijo el viernes que investigará una supuesta negociación entre la administración del presidente Nayib Bukele y líderes de una peligrosa pandilla que habría tenido como objetivo reducir los homicidios en el país y obtener apoyos electorales a cambio de beneficios carcelarios.
Citando documentos oficiales del sistema penitenciario, el periódico El Faro publicó en la víspera que altos funcionarios llevan más de un año conversando con cabecillas de la Mara Salvatrucha, uno de los grupos delincuenciales responsables de la ola de violencia en Centroamérica en los últimos años.
“En este caso, por supuesto que vamos a investigar, vamos a abrir la investigación correspondiente y vamos a ver qué es lo que sucede. Nadie debe de aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas”, dijo el fiscal Raúl Melara a la televisión local.
“UNA FARSA”
Durante los 14 meses de la gestión de Bukele, El Salvador ha reportado una notable reducción en la cifra de homicidios que, con 829 casos, ha caído en un 56% de enero a septiembre respecto al mismo período del año anterior.
El Gobierno atribuye el fenómeno a la implementación de un plan de seguridad en los territorios bajo dominio de las pandillas y a medidas más estrictas en las cárceles.
“El artículo es una farsa”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter, respecto al reportaje de El Faro.
“Diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales hacen recorrido en Centro Penal de Quezaltepeque, constatando de primera mano que las diferentes pandillas se encuentran mezcladas y bajo estrictas medidas de seguridad, sin ningún tipo de privilegio e incomunicados”, dijo, por su parte, Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales.
En la cárcel, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de San Salvador, hay 1,776 reos de la Mara Salvatrucha (MS) y las dos facciones de su enemiga Barrio 18. Los pandilleros comparten las celdas, según pudo ver Reuters en un recorrido por el lugar.
“No sabemos nada de eso (de las negociaciones)”, confesó Baltazar Leiva, miembro de la MS al interior de una celda junto a otras 67 personas, miembros del Barrio 18.
Varios políticos y exfuncionarios de El Salvador han sido investigados y procesados judicialmente por supuestos acuerdos con pandillas, famosas por su ferocidad, rituales y tatuajes, a cambio de beneficios y respaldo electoral.
El Salvador, Guatemala y Honduras, sufren desde hace años la violencia de las pandillas o “maras”, que tienen sus raíces en la actividad delictiva de inmigrantes centroamericanos en la ciudad estadounidense de Los Ángeles en las décadas de 1980 y 1990.
