El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció este jueves que buscará encarcelar a empresarios y exfuncionarios que colaboraron con la empresa de telecomunicaciones “favorita” del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, que facturó miles de millones de pesos por negocios indebidos.
La firma Telecomunicaciones y Servicios del Norte (TSN), a la que calificó como “todóloga”, vendió al estado equipos de radiocomunicación y hasta pruebas de covid-19 a 20 veces su valor, señaló García Sepúlveda esta tarde en el noticiero Telediario.
En la entrevista mencionó que, desde el inicio, la empresa, cuyo propietario ha sido identificado como Eduardo Vázquez, se convirtió en proveedora exclusiva de aparatos de radio para Seguridad Pública Estatal, contrato que obtuvo mediante el uso de documentos falsos.
“Esta empresa empezó vendiendo radios para policías y así entró al gobierno. Nos llamó la atención que era único proveedor, con asignación directa y sin concurso. Cuando estudiamos las carpetas resulta que había una carta de la proveeduría de Motorola, donde le daban la exclusividad a él para vender radios. Pero nuestro gobierno requirió a Motorola en Estados Unidos, México y Latinoamérica, y nos contestaron que la carta era falsa”, dijo.
Luego, esta misma empresa vendió patrullas, software y “se engolosinó”. Se convirtió en proveedor del DIF y luego, en la pandemia, vendió pruebas para detectar coronavirus, con sobreprecio.
Por eso, le llama la atención que el anterior secretario, Manuel de la O Cavazos, quien fue a visitar a “El Bronco” al Penal de Apodaca 2, donde actualmente se encuentra, repentinamente desapareciera de la escena pública, y no haya respondido por qué TSN se convirtió en empresa proveedora para los exámenes del virus.
“Le quiero preguntar al doctor de la O, que se la pasaba en el penal y ya desapareció, por qué le compraba al favorito del ‘Bronco’ pruebas covid-19 que eran 20 veces más caras que las que había en el mercado. Había gente muriendo porque no tenía acceso a pruebas, y estos gañanes lucraron alegando emergencia por covid, directito el pago, sin licitación”, explicó el gobernador de Movimiento Ciudadano.
Luego, la misma empresa vendió al gobierno del “Bronco” ambulancias, medicinas, para después convertirse en proveedor de la Secretaría de Educación, donde el dueño, a través de su esposa, vendió aulas móviles, y software touch para pizarrón que no fue entregado.
Un hermano del dueño de TSN facturó al gobierno de Jaime Rodríguez, dijo García Sepúlveda, quien señaló que la firma entró en prácticamente todas las secretarías.
Este caso, dijo, se suma al de los hermanos Javier y Manuel Flores Martínez, sobrinos del secretario general de gobierno, Manuel González Flores, que facturaron ilegalmente hasta 4 mil 900 millones de pesos al sistema de seguridad social de burócratas estatales Isssteleón, por hacer servicio de intermediarios.
Otra carpeta abierta es la del funcionario de Agua y Drenaje del estado, identificado como Juan Pulido, quien habría desviado hasta 2 mil millones de pesos, y a quien le encontraron un lote de 80 autos de lujo.
El mandatario dijo en la entrevista que hay más carpetas que son integradas, relacionados con el manejo de los sistemas de transporte Ecovía y Línea 3 del Metro, así como de Protección Civil del Estado, donde hubo millonarios actos de corrupción.
García enfatizó en que buscará que los defraudadores, además de ir a la cárcel, regresen las cantidades millonarias que deben estar en la Tesorería estatal.
Pide encarcelar al “Bronco” por arma hallada en su rancho
Samuel García dijo que en el pasado cateo que efectuaron elementos de la Agencia Estatal de investigaciones en el rancho de Jaime Rodríguez en el municipio de Galeana, fueron encontrados un fusil 30-30 y un revólver 357 Magnum, por los que puede ser procesado el exgobernador detenido el pasado 15 de marzo.
Tan solo por el arma corta, dijo, por ser de uso restringido, “El Bronco” debería permanecer en prisión por lo menos dos años, según la Ley Federal de Armas de Fuego.
Además, dijo que “El Bronco” debe explicar de dónde salieron los recursos para comprar el inmueble allanado, que debió costarle entre 25 y 30 millones de pesos, y en el que hay ganado fino y caballos purasangre.
Con información de Proceso.
