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En los operativos simultáneos realizados por autoridades capitalinas fueron desactivadas más de 90 aplicaciones digitales desde las cuales la gente que solicitaba dinero prestado se convertía en víctima de extorsiones y fraudes conocidas como “Montadeudas”, informó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

Entre ellas, se cuentan “Flamingo Cash”, “Águila Desierto México”, “Okrédito”, “Kampala”, “José Cash” y “Listo Buy”, solo por mencionar algunas; aunque el funcionario adelantó que existen muchas más en investigación. Asimismo, este tipo de aplicaciones son usadas desde Tijuana para extorsionar.

Durante una conferencia con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el jefe de la policía capitalina agregó que ayer fueron desmantelados 7 callcenters desde donde operaban dichas aplicaciones, ubicadas en 12 inmuebles en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa.

En un operativo simultáneo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en cuatro domicilios, uno de ellos ubicado en Paseo de la Reforma 26, se logró el aseguramiento y detención de personas implicadas en extorsiones a personas que solicitaron préstamos a través de aplicaciones móviles. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Además, fueron asegurados más de 700 equipos telefónicos, más de 15 mil chips de diversas telefonías usados para extorsión; más de 400 equipos de cómputo, ocho juegos de placas con engomado aparentemente apócrifo, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera; una cantidad “importante” de documentos, entre ellos, sobres con leyendas de instituciones bancarias, credenciales y un libro de registro.

También hallaron pequeñas cantidades de droga que, según la autoridad podría ser no para venta, sino para consumo personal de los trabajadores de esos lugares.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para robustecer la carpeta de investigación.

El jefe de la policía capitalina aclaró que las personas puestas a disposición del Ministerio Público eran los líderes de esos callcenters, no los trabajadores, pues dijo que, al final, estos eran obligados a realizar ese trabajo. No obstante, aclaró que será la FGJ local quien determine si tienen alguna responsabilidad por los delitos de extorsión o fraude.

Respecto a las víctimas y las deudas que tenían, Sheinbaum Pardo  comentó:

“Este desmantelamiento quiere decir que ya no van a seguir operando y eso es beneficioso para cualquier otra persona que hubiera querido solicitar un préstamo. Lo segundo, es el beneficio directamente a los afectados que en este momento recibían extorsiones. Entonces, ya no tienen por qué resarcir sus deudas porque, finalmente todo era ilegal”.

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En las entrañas de los call center

La comisión de este delito, de acuerdo con el titular de la SSC, Omar García Harfuch, comenzó a dejar rastro para la policía capitalina, al menos, desde septiembre de 2021.

Entonces, la dependencia presentó una “noticia criminal” ante la Fiscalía local a la que se integraron los reportes recabados y una lista de unas 80 aplicaciones detectadas hasta esa fecha. También se presentaron “una cantidad importante” de números telefónicos desde donde se hacían las llamadas de extorsión y los números de cuentas bancarias usados para el pago de los préstamos.

En lo que va de 2022, a SSC ha elaborado al menos cinco noticias criminales más asociadas a este tipo de aplicaciones. La Policía Cibernética ha atendido aproximadamente 15 mil reportes de víctimas de este tipo de aplicaciones.

Sobre el modo de operar al interior de los Call Center, el jefe de la policía detalló que en cuatro de los sitios cateados ayer fueron halladas más de 900 personas empleadas.

En las entrevistas, explicaron que estas “empresas” realizan los préstamos a través de aplicaciones tales como “collector”, lo que les permite administrar todas las cuentas asignadas a cada uno de los ejecutivos.

Para su operación, generalmente se dividen en tres áreas: reclutamiento, cobranza ordinaria y cobranza con un alto grado de agresión e intimidación o área “S0”. Es en éstas donde se hacían los recordatorios de pago a los clientes lo más pronto posible, “valiéndose  para ello de cualquier método intimidatorio”.

De ahí salían las agresiones psicológicas y amenazas, desde llamadas y mensajes constantes, hasta la difamación en redes sociales, pues “no solo amedrentaban a la víctima, si no también a los contactos de la víctima que bajaba la aplicación y permitía compartir su información telefónica”.

La trampa

Respecto al origen del dinero para los préstamos, García Harfuch explicó:

“El recurso viene de las propias víctimas, era tal cantidad de víctimas extorsionadas, amenazadas, que de ahí juntaban una cantidad impresionante de recursos que daba para poder hacer cualquier cantidad de préstamos… Por ejemplo, el usuario pedía un préstamo por 20 mil, le autorizaban 15 mil, pero le depositaban 9 mil, entre una serie de cuotas que ya estaban, entonces la deuda desde el inicio era muy, muy alta”.

Detalló que los préstamos que ofrecían estas apps eran muy fácil y rápido de obtenerlos, aunque sin garantía alguna. Además, las empresas cambian de nombre e identidad gráfica en forma constante, pues no están legalmente constituidas, “generando con ello confusión en los usuarios, porque después de un tiempo, no es posible localizar la misma aplicación que utilizaron”.

La persona interesada tenía que descargar la aplicación en su teléfono celular y, con ello, compartir el acceso a su agenda de contactos, contraseñas, ubicación, contenidos y sobre todo galerías de imágenes, lo que después son usadas para extorsionarlos.

Así, difundían fotografías de las víctimas en redes sociales, acompañadas de agresiones y señalamientos de delitos como si los hubieran cometido las víctimas, difamándolos entre sus contactos.

La autoridad comentó que detectaron casos en que las víctimas solo descargaron la aplicación, pero nunca solicitaron el préstamo o no recibieron la transferencia de dinero; sin embargo, autorizaban acceder a su información personal.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Con información de Proceso.

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