La extradición de Estados Unidos a México del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, debe ser acogida por la Fiscalía General de la República (FGR) debido al conflicto de intereses jurídicos entre la magistrada Myriam Hernández y el exmandatario, advierten en la entidad.
El argumento de funcionarios, exfuncionarios estatales y federales que conocen la carpeta y argumento jurídico de la acusación de peculado, malversación de fondos y corrupción en contra de Duarte, lo alertan porque la magistrada argumentó en Estados Unidos para que no se diera la extradición del exgobernador, quien coincidentemente la hizo juez.
El 8 de noviembre pasado la juez Lauren Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, autorizó la extradición a México de Duarte; acusado de dispersar 6 mil millones de pesos en su estado.
Ante esa misma Corte, en donde desde el 8 de julio de 2020 se procesó el caso de extradición de Duarte debido a que fue detenido en Miami por pedido del gobierno de México, los conocedores del asunto sostienen que la magistrada Hernández defendió al exmandatario priista.
En diciembre de 2020 el equipo defensor de Duarte, integrado por Henry Bell, Armando Rosquete y Juan Morillo, presentó a la Corte los testimonios jurados de cuatro testigos para sostener que la acusación contra el exgobernador y el pedido de extradición no tenían fundamento.
Los tres abogados pidieron a la juez que se sellaran y no se dieran a conocer los testimonios ni nombres de tres de los cuatros testigos, debido que “era bien sabido que el gobierno de (el entonces gobernador panista) Javier Corral perseguiría a quienes defendieran a Duarte”.
Expuesto por los expedientes que son públicos del caso Duarte, al que se le asignó el número 20-2289-CR-LFL, el argumento de los abogados para resguardar por seguridad lo declarado y la identidad de los tres testigos es innegablemente un caso precautorio.
El 30 de diciembre de 2020 la juez Louis accedió a que se resguardara “por un año” el contenido e identidad de los tres testigos secretos que opinaron contra la extradición solicitada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del estado de Chihuahua.
“Tenemos conocimiento –comienza exponiendo a Proceso un alto funcionario de la FGR que, por tratarse de un caso abierto, pide el anonimato– que uno de esos testigos es Myriam Hernández y otra es la juez Otilia Flores Anguiano.”
El funcionario de la FGR no abunda, pero indica que, de ser el caso y de comprobarse este próximo 30 de diciembre, el asunto en Chihuahua se complicaría si, al ser extraditado, Duarte es procesado en el sistema judicial de la entidad que gobernó.
Un exfuncionario de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que conoce al dedillo los expedientes contra Duarte y que pide el anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de la actual gobernadora, la panista Maru Campos, expone a este semanario el siguiente argumento judicial: “Cualquier magistrada o magistrado que fungiera como testigo a favor de la defensa de Duarte quedaría automáticamente impedida o impedido para intervenir en el caso a nivel estatal y federal, porque eso implica ante la ley un conflicto de interés en favor del acusado”.
Medios de Chihuahua han manejado el argumento de que la magistrada Hernández, actual presidenta del Tribunal Superior Judicial del Estado (TSJE), por el hecho de que le debe favores a Duarte, quien la hizo juez, pondría en libertad al exgobernador.
Una extraña renuncia
El 12 de noviembre pasado, cuatro días después de que la juez Louis diera luz verde a la extradición de Duarte, el gobierno de Chihuahua forzó la renuncia del magistrado Pablo Héctor Hernández Villalobos como presidente del TSJE.
En su lugar fue nombrada la magistrada Hernández, en una decisión política que algunos medios locales achacaron a la gobernadora Campos para beneficiar a Duarte y librarlo de la cárcel.
La actual mandataria de Chihuahua fue acusada por su antecesor, Javier Corral, de haber estado en la nómina de pagos de corrupción que asignaba Duarte, señalamiento que fue pleito electoral este año en el PAN y negado ampliamente por la ahora gobernadora.
Corral quería que el candidato de su partido fuera Gustavo Madero y no Campos, quien finalmente fue la abanderada y triunfadora en los comicios. Campos se defendió de la acusación de haber recibido pagos de Duarte señalando que la difamaban por puro interés político-electoral.
“Siendo gobernador, Duarte dijo que iba a oxigenar al sistema judicial del estado y en 2014 promovió a Hernández para juez, junto a Flores Anguiano, por eso se les conoce como las magistradas oxigenadoras”, expone el exfuncionario del sistema judicial chihuahuense.
Otro de los nombres que se barajan en los círculos políticos y periodísticos de Chihuahua, de otro de los testigos que presentaron ante la Corte en Florida para oponerse a la extradición de Duarte, es el del también magistrado Luis Villegas Monte, a quien se le califica de ser un amigo cercano y operador de la gobernadora Campos.
“De ser este el caso, lo cual se comprobará en unos días, cuando la Corte libere los testimonios y nombres de los tres testigos, el caso Duarte por conflicto de interés debe ser eximido del proceso en el TSJE”, afirma el alto funcionario de la FGR consultado por Proceso.
Los cientos de páginas del expediente Duarte en la Corte de Florida no dejan en duda que, aunque sellados, los testimonios de los tres testigos anónimos fueron contra la posición del gobierno de AMLO en su pedido de extradición al gobierno estadunidense.
“Estos testimonios sustentan que la acusación de peculado de 2014 ya prescribió en el estado de Chihuahua y que es un argumento inválido del gobernador Corral contra el señor Duarte”, se lee en los documentos que transcriben los alegatos de los abogados del exgobernador.
Al final, la juez Louis desechó la argumentación del equipo de la defensa y falló en favor de la extradición a México de Duarte.
En entrevista telefónica para esclarecer el asunto sobre si fungió como testigo y ofreció su testimonio a la Corte en Florida y en favor del exgobernador priista que la hizo juez, la magistrada Hernández respondió:
“Lo que puedo afirmarle es que yo tuve una llamada telefónica con la defensa del exgobernador Duarte. No puedo precisar la fecha, quizá hace un año o quizá un poco más; y me preguntaron mi opinión sobre la situación legal del señor (Duarte) y eso fue todo. Yo desconozco el contenido de ese documento; no sé si se presentó o no se presentó. Eso es todo lo que yo sé.”
–¿Le notificaron sobre si su conversación telefónica con los abogados sería usada en la Corte de Florida? –se le insiste.
–Me dijeron que podría presentarse como argumento de la defensa. Me preguntaron si yo consideraba ser una perseguida política; yo respondí que sí. Lo he afirmado en todos los medios y lo vengo declarando desde el día que asumí esta presidencia y antes.
Maraña de corrupción
De acuerdo con el exfuncionario del sistema judicial chihuahuense, “hay una acusación muy clara y fundamentada sobre lavado de dinero y robo de fondos del gobierno federal para financiar campañas electorales del PRI en Chihuahua y en otros estados, como Sonora y Nayarit, por ejemplo”.
Y en la carpeta se incluyen nombres de presuntos cómplices del exgobernador priista para su gran maraña de corrupción, enriquecimiento ilícito y pérdida de unos 6 mil millones de pesos. Entre esos nombres resaltan el expresidente Enrique Peña Nieto; Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI; el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; José Antonio Meade, también exsecretario de Hacienda y excanciller; el priista Emilio Gamboa Patrón, y hasta el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en prisión por cometer delitos similares a los de su correligionario de Chihuahua.
“Esos documentos en poder de la FGR son los mismos a los que intentó por todos los medios darle carpetazo Alberto Elías Beltrán, que por encargo de Peña Nieto estuvo al frente de la PGR”, aclara al exfuncionario.
En ediciones anteriores Proceso dio cuenta puntual de las direcciones y número de residencias y negocios de los familiares de Duarte, exsocios y amigos que son supuestos prestanombres para lavar el dinero que saqueó el exgobernador de las arcas del estado de Chihuahua.
“La familia está muy tranquila, confían en que en cuanto llegue a Chihuahua quede en libertad”, comenta al reportero una fuente confidencial muy allegada a la familia del exgobernador priista.
“Te voy a dar un ejemplo de lo tan confiados que están en que saldrá libre”, sigue la fuente. “Everardo Medina, primo segundo de Duarte y exdirector de Obras Públicas del Estado, tenía una orden de aprehensión por peculado y corrupción en Chihuahua, pero ya no”, añade.
–¿Ya le retiraron la orden de aprehensión o los cargos? –se le cuestiona.
–Ya no tiene miedo de que lo detengan. Es amigo de la gobernadora Maru Campos, entra y sale como Juan por su casa; a cada rato. Va a Ciudad Juárez, a Chihuahua, a Parral y a cualquier lugar. Él vive en El Paso, Texas, y cuando cruza hasta lo protege la gente del gobierno.
El amigo y allegado a la familia de Duarte hace otro apunte: “A Medina lo acusan de robarse cientos de millones de pesos cuando era funcionario y dueño de la Constructora Grupo Meda, en la época del gobierno de Duarte, claro. Pero desde que llegó Campos a la gubernatura se le terminaron los problemas; hace un mes, el viejo hasta se hizo una cirugía plástica en la cara. Te digo que están muy confiados. Si no me creen, pues que las autoridades lo busquen. Vive tranquilito en su casa, que está en el 6463 Snowheights Court, El Paso, Texas; C.P. 79912”, remata la fuente.
