Acorde a la organización sin fines de lucro internacional ‘Committee to Protect Journalists’, desde diciembre de 2018 al final de 2021, se contabilizan 30 periodistas asesinados en el país, más otros dos que se registraron en los últimos días, José Luis Gamboa en Veracruz, y Margarito Martínez en Tijuana.
De esa cifra, sólo en 6 casos se impartió justicia.
El primer comunicador asesinado en la 4T fue Jesús Alejandro Márquez Jiménez, quien desapareció el último día de noviembre de 2018, y cuyo cadáver se encontró el mismo día que AMLO tomó protesta. Por este crimen se llevó a la justicia a la ex titular de la Dirección de Tránsito y Transporte del Nayarit, Patricia Betancourt, por encubrir el homicidio.
Por la muerte de Rafael Murúa, se condenó a tres personas; y por el homicidio de Santiago Barroso, su atacante recibió 22 años de cárcel.
En el caso de María Elena Ferral, se llevó a juicio a dos responsables; y por la muerte de Israel Vázquez Rangel, uno de sus asesinos recibió 20 años de cárcel.
Otro hecho en el que se dictó una condena fue en el de Arturo Alba, asesinado por dos sujetos que recibieron 16 años con 8 meses de prisión.
Los 26 homicidios restantes no corren con la misma suerte, pues permanecen en la impunidad.
En los casos de Norma Sarabia, Jorge Ruiz Vázquez, Pablo Morrugares, y Jacinto Romero Flores hubo detenidos, pero no se han sentenciado a los culpables y en algunos ni siquiera se ha empezado un juicio.
En cuanto al asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, la FGE afirmó que ya sigue varias líneas de investigación.
En una de ellas se detuvo a Ángel Peña, quien acusó a Martínez, sin ninguna prueba, de manejar páginas de Facebook ligadas al crimen organizado.
