Cuba está ejerciendo mayor control sobre las empresas privadas en la isla, regulando precios, ganancias y reforzando la supervisión, dijeron esta semana funcionarios del Gobierno, que busca cómo gestionar mejor el incipiente sector.
Hace dos años, las autoridades cubanas levantaron una prohibición a las empresas establecidas desde principios de la revolución del exlíder Fidel Castro en 1959, pero el Gobierno sostiene que algunas de esas entidades se han salido de las reglas, contribuyendo a la inflación y la crisis económica.
El Consejo de Ministros de Cuba, máximo órgano administrativo en la isla, organizó el miércoles una sesión “extraordinaria”, en la cual presentó seis decretos leyes destinados a “poner orden” al creciente sector privado, difundieron el jueves medios estatales.
Uno de los decretos refiere a la creación del “Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales” para supervisar a las empresas privadas en Cuba, señala el reporte publicado en el diario estatal Granma.
“Para nada es una cruzada contra las mypimes, ni contra las otras formas de gestión no estatal”, dijo el primer ministro, Manuel Marrero.
“No se trata de prohibir o dar un paso atrás; esto es regular, es acompañar”, apuntó.
Las nuevas regulaciones, sin embargo, indican una tensión creciente entre las empresas privadas que compiten con las del Estado que durante mucho tiempo han mantenido el monopolio de toda la economía doméstica.
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba limitó esta semana los precios de seis productos básicos importados por las empresas privadas: pollo, aceite vegetal, leche en polvo, detergente para ropa, pastas y salchichas, en un intento de frenar la creciente inflación.
La resolución emitida el lunes también limitó las ganancias de esos productos un 30 por ciento, una medida que funcionarios afirmaron era necesaria para contener los elevados precios.
El miércoles – dijo la televisión local – las autoridades realizaron en las calles 1.079 auditorías en el país para hacer cumplir las nuevas reglas y señalaron que el 36%, o 393 establecimientos habían violado la ley.
Además señalaron que habían cerrado 15 empresas privadas por irreglaridades contables e indentificó 600 sospechosos de “posible evasión fiscal”.
Según datos oficiales, más de 11.000 emprendimientos privados venden ahora alimentos y productos para el hogar y brindan servicios también de construcción y turismo.
