CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Ricardo es un joven de 20 años que lleva más de dos años interno y le quedan otros tres para cumplir con su sentencia. Su padre era secuestrador y lo mataron cuando él tenía cinco años. Su madre es ama de casa, tiene cinco hermanos y él fue el sexto en su familia. Desde los 14 años salió de su casa por la violencia que había en su familia y se fue a vivir a casa de una de sus hermanas.
Ricardo estudió hasta el primer año de secundaria y abandonó la escuela porque lo corrieron, pues vendía drogas a sus compañeros. Desde los 13 años se dedicaba a vender drogas y del dinero que obtenía una parte le daba a su familia (…) De entre sus familiares, tanto su papá como alguno de sus hermanos, tíos y primos han estado alguna vez en prisión.
(…) Ricardo se encuentra acusado por homicidio, robo con violencia y lesiones. Él relata lo siguiente:
“Yo formaba parte de un grupo, como un cártel; había otros señores más grandes que nos decían qué hacer, yo los conocía desde que era chavo, desde que tenía 12 años, en ese entonces yo compré un arma y maté a alguien. Era un grupo que vendía drogas, armas y nos ponían a empresarios o a diputados para que los secuestráramos o los matáramos. Matábamos porque había agravios contra esas personas, porque eran de otros grupos; a mí también me tocaba matar. Era normal, era parte de mi vida (…) no sabría decirle a cuántos maté, pero fueron más de 10. De todas las personas que pertenecían a ese grupo, que eran como 40, sólo dos eran menores de edad. El jefe de ese grupo había pertenecido a la Marina” (…) Al preguntarle si cuando salga piensa regresar con ese grupo, responde que piensa irse a otro estado de la República para no tener que regresar con el grupo, y cuando le pregunto qué quisiera hacer en el futuro, responde: “dejar esta vida y tener una familia”.
Testimonios de la infamia
La historia de Ricardo forma parte de 730 testimonios de adolescentes en conflicto con la ley privados de libertad en 17 estados, que la investigadora Elena Azaola Garrido reúne en su libro Nuestros niños sicarios (Fontamara, 2020).
Antropóloga social del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con una trayectoria de 40 años, en los que ha abordado entre sus temas de investigación la situación de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, Azaola Garrido resalta que persiste una falta de visión de largo plazo en gobiernos y ciudadanía, para apoyar a niños, niñas y adolescentes, y alejarlos del reclutamiento que realizan grupos criminales en el país.
Investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), “dispuesta a colaborar” con sus conocimientos en el diseño de políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia, Azaola advierte que el reclutamiento de menores de 18 años por parte del crimen organizado es “multifactorial”, lo que pudo evidenciar a través del estudio condensado en su libro.
Al pedirle una reflexión sobre tragedias como aquellas en las que se han visto involucrados niñas, niños y adolescentes en las últimas semanas, particularmente en la Ciudad de México, Azaola Responde: “Sí hay un horror, sí hay un escalamiento de la violencia; y es un escalamiento –con todas las comillas– ‘normal’ dentro de lo que es el abandono de una zona y el abandono de políticas dirigidas a la primera infancia.
“Si estos niños vivieron desde pequeños en ciertas circunstancias que los colocan en riesgo, si eso no se atendió de manera oportuna y está en un contexto de crecimiento, de fortalecimiento del crimen organizado, todo esto es ‘normal’ –otra vez con todas las comillas–, ¡claro que no es normal!, pero es el desenlace esperado de la película si te la transmiten durante años.”
Sin adjudicar toda la responsabilidad a los gobiernos, pues para la investigadora la sociedad en su conjunto tiene responsabilidad en lo que ocurre con la infancia, considera que no ha habido “una visión de largo plazo para construir una comunidad de cómo resolver conflictos, todo eso es el caldo explosivo donde suceden casos como los últimos conocidos, son solamente un gradito más de lo que ya ha venido ocurriendo por tantísimos años”.
La bandera enarbolada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –“Becarios, no sicarios”– para abordar el problema, dice, tiene la virtud de que “al menos tiene en el radar a los jóvenes y pretende ofrecerles ciertas oportunidades, pero es una iniciativa que tiene muchas limitaciones; no está focalizada precisamente hacia los jóvenes que lo requieren”.
Azaola enlista algunos de los hallazgos de su amplísima investigación, factores que incidirían en el acercamiento de la infancia y la adolescencia con el crimen organizado, entre los que considera fundamentales la falta de atención a la primera infancia, la violencia de género y la ausencia paterna.
“Un niño que ha crecido en estas circunstancias, en las que no había nadie que le llevara de comer, que lo llevara a la escuela, que le festejara su cumpleaños, que viera por él cuando lo maltrataban, que hiciera algo por su madre cuando la maltrataban, y a ese niño dale una beca. So what? ¿Qué compones con haberle dado una beca cuando hay hoyos tan profundos?”, reflexiona Azaola, e insiste en que los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad requieren atención integral.
