En vísperas de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que cuestionarán al Estado mexicano por las “graves violaciones a los derechos” perpetradas con su política migratoria, organizaciones de la sociedad civil urgieron al gobierno que cese las “represiones y detenciones migratorias, la separación de familias y las deportaciones arbitrarias”.
Bajo el lema #ProtecciónNoContención, las organizaciones denunciaron al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional (PF) por reprimir “violentamente” a las caravanas de migrantes que han salido de la frontera sur del país en los últimos tres años para pedir asilo en Estados Unidos.
Ello, pese a que algunas personas extranjeras llevan más de un año en Tapachula “sin oportunidades laborales, acceso a salud y educación”.
También acusaron al gobierno mexicano por aceptar “participar en la política de expulsión” ordenada durante la administración del estadunidense Donald Trump, que se plasmó en la aplicación del Título 42, que ha tomado como pretexto la pandemia de covid-19 para devolver inmediatamente a México todas las personas capturadas en su intento de llegar de manera indocumentada a Estados Unidos.
“En agosto de 2021 comenzaron a registrarse vuelos desde Estados Unidos a Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, con personas expulsadas desde territorio estadunidense, quienes son trasladadas a la frontera con Guatemala, vía terrestre, por agentes del INM y la Guardia Nacional, sin que se les proporcione información sobre su derecho a solicitar asilo en México”, plantearon.
Abundaron: “La mayoría de esta población es expulsada por puntos ciegos en la frontera con Guatemala a altas horas de la noche”.
Con información de Reuters.
