El derecho al aborto quedó incluido en el borrador de la nueva Constitución chilena después que la tarde del martes el pleno de la asamblea que la redacta aprobó un artículo sobre derechos sexuales y reproductivos que lo consagra.
La inclusión de este artículo, sin embargo, es sólo un marco sobre el que posteriormente deberán elaborarse las leyes que fijen plazos, procesos y otros detalles que tendrán que pasar por los correspondientes debates en el Congreso. Además, el borrador de la Constitución tiene que ser sometido a un referendo.
“El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (…) así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello”, dice el artículo, lo que asegura a las mujeres “las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.
Según el texto, los derechos sexuales y reproductivos comprenden “el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción”.
Con este artículo “lo que tenemos es un Estado que reconoce los derechos sexuales y reproductivos, como primera cosa, cuestión que no teníamos antes”, dijo a Reuters Danitza Pérez, que dirige la asociación de abogadas feministas Abofem.
“Lo que vendría después es desarrollar una ley que tendrá que decir cuáles son los plazos que correspondan para poder acceder a un aborto libre, qué va a pasar en el intertanto, cómo serán los procesos. Hay muchos detalles que siguen por delante”, añadió.
Desde 2017 en Chile sólo está permitido el aborto en tres causales: cuando está en peligro la vida de la madre, cuando el feto o embrión es inviable y cuando el embarazo es producto de una violación.
En noviembre pasado fracasó un proyecto de ley que buscaba ampliar la despenalización del aborto y habilitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.
El borrador de la nueva Constitución, que busca reemplazar el texto heredado de la dictadura de Augusto Pinochet y que fue sometido a sucesivas reformas a lo largo de los años, debe ser sometido a un plebiscito una vez que esté redactado. La asamblea tiene hasta abril, con posibilidad de tres meses más de prórroga, para elaborar la nueva carta magna.
Con información de Reuters.
