GUANAJUATO, Gto. (apro).- Los eventos con uso de violencia extrema, actos para generar terror, ataques delictivos a población vulnerable (mujeres y niños, niñas y adolescentes) y homicidios políticos, dejaron más de seis mil víctimas durante 2020 en el país, de las cuales más de mil fueron ejecutadas con distintos niveles de saña en Guanajuato, entidad que registró el mayor número de esos casos en el año transcurrido.
“La pandemia no detuvo las atrocidades en el país”, expuso la organización Causa en Común al presentar su “Informe anual de atrocidades” registradas en medios periodísticos durante 2020.
Guanajuato, el estado con el mayor número de homicidios violentos en México el año pasado, también presentó noticias de 566 hechos atroces (con las características de uso extremo de violencia y crueldad) en los que mil 002 personas murieron.
De esos eventos, 176 fueron masacres en las que resultaron asesinadas 686 personas.
Entre esos hechos figura el ataque armado al centro de rehabilitación “Camino a mi recuperación”, en la comunidad Arandas, en Irapuato, el 1 de julio pasado, cuando 28 internos fueron sometidos y asesinados.
El “Informe anual de atrocidades” de Causa en Común es difundido para visibilizar esos actos de extrema violencia y sus impactos, frente a autoridades que deben reaccionar y generar estrategias para prevenirlos.
Fosas clandestinas, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, masacres, asesinatos de mujeres, homicidios de actores políticos y crímenes de niños, niñas y adolescentes fueron algunos de los actos de crueldad violenta revisados por Causa en Común, con una mirada en los hechos atroces, aquéllos que incluyen el uso de la fuerza física para causar muertes con maltrato extremo, asesinar masivamente o provocar terror.
Así, el informe refiere noticias sobre más de mil 300 hallazgos en fosas clandestinas, 944 eventos de tortura, 709 reportes sobre descuartizamientos y destrucción de cuerpos humanos, 672 masacres, asesinatos de 410 niños, niñas y adolescentes, 171 mujeres acribilladas con crueldad extrema, 39 actos de linchamiento por pobladores de diversas localidades del país, así como el homicidio de 29 personas defensoras de derechos humanos y 13 periodistas, entre otros incidentes de este tipo.
De los 410 niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de esa brutalidad delictiva y murieron en el país, ocho menores fueron calcinados, siete descuartizados y 103 perdieron la vida en multihomicidios o masacres. De éstos, 46 se perpetraron en Guanajuato, el estado con el número más alto.
Como lo consignó hace unas semanas la Red por los Derechos de la Infancia, Guanajuato también fue la entidad donde más población menor de edad fue víctima de homicidios dolosos en todo el territorio nacional el año pasado.
El informe fue presentado por María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, e investigadoras de la organización.
“Este informe presenta un mosaico de dolor y crueldad que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva. Lejos de la mitología del crimen organizado, muestra que una buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales”, concluye el documento.
En el caso de las fosas clandestinas, la organización documentó reportes hemerográficos de que Jalisco fue la entidad con más hallazgos: 499. Además, fue en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en esa misma entidad, donde se encontró el sitio con más restos.
En el registro general, Guanajuato encabezó la lista de atrocidades, seguido de Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Guerrero, aunque la diferencia es abismal: mientras que en Guanajuato se reportaron en medios mil 002 eventos de saña extrema, en Guerrero el registro de 2020 fue de 379.
Los estados con menos reportes de esta índole fueron Campeche, Baja California Sur y Yucatán.
María Elena Morera recordó que este tipo de registros no aparece en informes o no tienen un seguimiento documental en instancias gubernamentales o privadas.
Durante la presentación del informe –transmitido en plataformas digitales–, María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirmó que el estrés repetido de las poblaciones o grupos sociales que han sido víctimas de estos incidentes extremadamente violentos puede provocar la modificación de estructuras cerebrales y afectaciones al sistema inmunológico, con problemas mentales o cambios permanentes en las personas.
Los “ambientes de violencia colectiva”, dijo, se extienden cada vez más en todo el país. “Cuando (el impacto) se convierte en comunidades afectadas, éstas pierden la capacidad de aprovechar las propuestas de desarrollo, no podrán mejorar o atenderse, porque las personas están afectadas”.
Además, la frecuencia de trastornos mentales, estrés postraumático, depresión y trastornos de ansiedad es cinco veces mayor a la de poblaciones que no enfrentan esos ambientes violentos.
Por ello, conminó a los gobiernos de todos los niveles a diseñar programas de salud mental “ligados a programas de salud, de desarrollo social. Que la salud mental esté vinculada a otros estos programas de atención”.
Margarita López, michoacana de la organización “Buscando cuerpos en México”, habló durante la presentación del informe y dijo:
“Cada día los delincuentes buscan las formas más absurdas para desaparecer y ocultar los cuerpos de nuestros familiares”.
Sobre los impactos que familiares de personas desaparecidas presentan, Margarita, quien estaba en el plantón que mantienen víctimas en la Secretaría de Gobernación desde hace varias semanas, subrayó:
“Nos dicen que estamos locas. Sí, sí estamos locas. La única terapia que tenemos es agarrar un pico y una pala y cavar para sacar toda nuestra rabia y desesperación. Perdimos la razón cuando nos desaparecieron a nuestros hijos. ¿Cómo no vamos a estar locas cuando nos quitaron una parte de nuestra vida? Cuando nos devuelven un cráneo, un pedazo de fémur, porque es todo lo que nos regresan, sí, estamos locas”.
