CIUDAD DE MÉXICO, 11 ago (Reuters) – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó un plazo de dos meses a reguladores para que le respondan si es posible llevar a cabo su política energética nacionalista antes de contemplar una contrarreforma constitucional, dijeron a Reuters varias fuentes con conocimiento del tema.
Ese lapso fue fijado por el mandatario en la reunión que sostuvo con los reguladores e institutos públicos del sector energético mexicanos el 22 de julio en Palacio Nacional, sede del Gobierno, de acuerdo a tres fuentes presentes en el encuentro, en el que participaron entre 20 y 30 funcionarios.
Las respuestas, junto con propuestas para implementar los 17 puntos de un memorándum que el propio López Obrador leyó a los funcionarios pero que no les entregó en un documento, deberán presentarlas en una nueva cita el 22 de septiembre, dijeron las fuentes.
El memorándum, que se hizo público hace una semana, fija directrices para “una nueva política” con la que López Obrador busca “recuperar” el dominio del Estado sobre las industrias petrolera y eléctrica, que asegura se perdió con la reforma energética constitucional implementada por el gobierno anterior.
El mandatario ha dicho que quiere sanear las empresas estatales de crudo y electricidad, Pemex y CFE, altamente endeudadas, para que no pierdan terreno frente a otras firmas competidoras asegurando que la reforma energética sólo las debilitó y empeoró su desempeño.
De acuerdo a las fuentes, el presidente afirmó en la reunión que en caso de que su plan energético no pueda ser llevado a cabo sin modificar el actual marco legal energético habría que pensar en un nuevo cambio constitucional para que sea posible.
La oficina de la presidencia no respondió a una consulta de Reuters de comentarios sobre lo dicho por las fuentes.
Tras la reforma energética, se entregaron en licitación más de 100 contratos de exploración de exploración y extracción de hidrocarburos y se incentivó la generación de electricidad de fuentes renovables a través de empresas privadas.
Firmas como Eni, BP, Royal Dutch Shell PLC y Total tienen contratos y actualmente algunas ya exploran y producen en aguas mexicanas del Golfo.
La agrupación que aglutina a la industria privada y extranjera de hidrocarburos, la Amexhi, dice que hasta ahora se han invertido 11,000 millones de dólares tras la reforma, mientras que los datos del regulador, la CNH, contabilizan más de 5,000 millones de dólares.
Amexhi dice que en total, las inversiones aprobadas alcanzarán los 37,000 millones de dólares en los próximos años.
REFORMA Sí, PERO NO AHORA
López Obrador se ha comprometido a no hacer nuevos cambios en reglas del sector energético durante sus primeros tres años de gestión. Sin embargo, su gobierno ha suspendido las subastas de contratos de crudo y gas y ha tratado de evitar que nuevas centrales eléctricas privadas entren en funcionamiento.
El mandatario habló públicamente sobre la posibilidad de proponer una nueva reforma energética días después del encuentro en Palacio, el 29 de julio, en una de sus conferencias matutinas.
Una de las fuentes dijo que López Obrador dijo expresamente que no enviaría “ya” una propuesta de reforma energética, refiriéndose a hacerlo tan pronto como el próximo periodo de sesiones en septiembre, pero que sí afirmó que podría hacerlo después de los comicios intermedios del próximo año.
“El presidente lo dijo, que a partir del tercer año de su gobierno él estaría ya en condiciones de enviar un iniciativa; eso lo dijo con todas sus letras, y lo que él quería ver es si era necesaria la reforma o no”, mencionó la fuente. “Pero ese es un trabajo que no le toca a los reguladores definir”, añadió.
Otra de las fuentes coincidió en que una propuesta de contrarreforma no se tendría muy pronto pues aún se necesita trabajar en una iniciativa legislativa y “eso lleva tiempo”, aunque reconoció que está en la mente del mandatario.
López Obrador, un veterano político con discurso de izquierda que llegó al poder a finales del 2018, ha enfrentado duras críticas, incluso de gobiernos de países aliados, por sus políticas económica y energética por parte de algunos sectores que la consideran una vuelta al pasado.
“El presidente está entendiendo que la reforma energética fue mucho más que dar contratos de exploración y producción” de petróleo, dijo otra de las fuentes, y que “la ley está diseñada para darle ventaja a los privados”.
