Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), afirmó que se podrán legalizar en Baja California más de 600.000 “autos chocolates”, esto con el decreto para regularizar los vehículos que prometió el presidente López Obrador en su gira por la entidad
Fue el gobernador Jaime Bonilla quien encomendó el decreto a AMLO, a quien agradeció por ayudar a responder con una necesidad añeja de la población del Estado, así como ayudar a resolver un serio problema de inseguridad.
El titular de Economía Sustentable señaló que a la fecha se tienen registradas 35.800 unidades ilegales, sin embargo el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la
Contaminación (INVEC) estima que circulan un aproximado de 600.000 hasta 800.000 “autos chocolates”. Agregó que ya se tiene trabajo avanzado.
Los dueños de estos autos no son delincuentes, consideró Carignan, pero personas que las roban le suelen dar un uso delictivo a estas unidades, librando asó un seguimiento efectivo para investigación.
López Obrador volverá a reunirse con los integrantes de su gabinete para afinar los detalles, gracias a la propuesta de decreto que planteó el gobernador de Baja California. Aún no definen las fechas de esas reuniones.
“Estos temas tenían muchos años, y el gobierno federal del pasado les dio la
espalda, igual al asunto de la zona libre” sostuvo Escobedo Carignan, “pero la regularización de ̕autos chocolates̕ es un compromiso del Gobernador Bonilla, y ahora será realidad”.
De regularizarse los “autos chocolate”, miles de familias tendrían seguridad jurídica sobre los vehículos que necesitan para ir a su trabajo, o su vida diaria. Se prevé que el trámite tenga un bajo costo y hasta un año para cumplir con las normas ambientales.
Lo que se reúna de los pagos del trámite se destinará para los sectores de educación, vivienda y salud, aseguró Jaime Bonilla, quien dijo que tal era el compromiso de presidente Obrador.
El trámite no sería una importación, pues los autos no pueden cruzar a Estados Unidos por tener placas vencidas, por lo que la regularización se haría en suelo mexicano.
Calificando a quienes dirigen las organizaciones Anapromex y Onapafa como “personas non gratas”, Bonilla finalizó diciendo que su decreto terminará con las prácticas de corrupción que estos lideres perpetran
Con información del Gobierno del Estado
