El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo informó que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto adjudicó un contrato de 32 millones de dólares a Grupo Tech Bull SA de CV, empresa con “características de fachada” y constituida por Balam Seguridad Privada, para adquirir el software de espionaje denominado Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group.
La operación encabezada por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ex Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio, se realizó en 2014 para beneficiar a los accionistas de Grupo Tech Bull, Jorge de Jesús Sánchez y Carlos Cayetano Miguel, así como Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño y Asaf Israel Zanzuri de Balam Seguridad Privada, informó el funcionario federal.
Destacó que los recursos obtenidos por la empresa Balam Seguridad Privada y Grupo Tech Bull, 25.2 millones de dólares y 20.8 millones de pesos, fueron transferidos a Estados Unidos, Italia e Israel.
Incluso, dijo que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware.
“El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack, señaló Nieto Castillo.
Enseguida, advirtió que la información que involucra al gobierno de Calderón, está en poder de las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), para los procedimientos correspondientes.
“Las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo Tech Bull y con Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012”, durante el periodo de Calderón Hinojosa, indicó.
En la conferencia matutina, Santiago Nieto presentó un informe de la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus donde señaló que se tiene información de que los dueños de Grupo Tech Bull enviaron recursos a empresas ubicadas en los países de Israel e Italia, donde se encuentran dichas personas morales asentadas.
“No solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto”, refirió el titular de la UIF.
Al respecto, explicó que los montos contratados en total de depósitos a estas empresas suman cinco mil 914 millones de pesos y en retiros dos mil 889 millones de pesos.
Entre las empresas beneficiadas se encuentra el Grupo Balam, que tuvo depósitos por más de 910 millones de pesos; el Grupo Tech Bull recibió 527 millones de pesos.
“Hay que recordar que se encuentran también concentrados aquí la adquisición del malaware Pegasus y hay una serie de empresas relacionadas con quien se transacciona de manera financiera”, advirtió Nieto Castillo.
Acerca de los periodos de contratación, informó que los contratos se adjudicaron a las empresas beneficiadas durante el año 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017 y 2018, por la ex PGR y el órgano administrativo desconcentrado de prevención, así como gobiernos estatales, entre ellos la administración de Javier Duarte en Veracruz y del Estado de México.
También, Banobras tiene contrataciones con estos grupos, señaló Nieto Castillo.
Luego, precisó que las contrataciones concluyen el 31 de diciembre del año 2018 y aseguró que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador “estos grupos no han sido contratados por el gobierno federal”.
Enseguida, presentó una lámina en pantalla donde se indica el esquema de contratación que hicieron las dependencias del gobierno federal con Grupo Balam, este a su vez transacciona enviando recursos a empresas “fachada” y también particularmente a los países de Israel e Italia.
La transacción
Luego, los recursos son turnados a Tech Bull, que es la segunda serie de empresas que se encuentran ahí relacionadas, en donde tiene dos cuentas bancarias, de los cuales envía recursos a otras empresas del grupo, particularmente a KBH, que es el tercer grupo de empresas que se encuentran vinculadas.
Después, KBH es la que termina mandando los recursos a NSO Group, que es la desarrolladora en Israel del malware Pegasus y finalmente las transacciones terminan en Italia, Estados Unidos y particularmente en Israel, indicó.
Sobre la empresa Tech Bull, dijo que es la compañía que por 32 millones de dólares es contratada por la PGR durante la administración de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón, ambos vinculados directamente con el caso Ayotzinapa.
Luego, mencionó que existe un anexo técnico firmado en el año 2014 y un reconocimiento de adeudo por 145 millones de pesos para el año 2015.
“Hay inusualidades que han sido detectadas por el sistema financiero y que fueron informadas en su momento desde el año 2016 a la Unidad de Inteligencia Financiera por 151 millones de pesos transferidos entre marzo y diciembre de 2014, y 148 millones de pesos solamente entre los meses de noviembre y diciembre del año 2014”, aseguró Nieto Castillo.
De 2013 a 2018, la empresa Tech Bull declaró ingresos por 490 millones de pesos y deducciones por 485 millones; es decir, la presunción es que hay una contratación de empresas “que facturan operaciones simuladas para deducir impuestos y no pagar los impuestos al Estado mexicano”, acusó el titular de la UIF.
Para reafirmar su señalamiento, Santiago Nieto dijo que es interesante que, en el año 2019, terminando la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, “la empresa declara en ceros, es decir, no vuelve a tener ninguna ganancia”, afirmó.
Por su parte, informó que Balam Seguridad Privada tiene depósitos en 2014 y 2015 por 127 millones de pesos y envíos de 18 millones de dólares en transferencias internacionales a Estados Unidos e Israel.
También, tiene un contrato con la PGR en 2013 por venta de aviones no tripulados y equipo de drones por 30.6 millones de dólares, de los cuales transfirió 23.3 millones de dólares a otras empresas constituidas, particularmente en Israel.
“Hay pagos en ese entonces por la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor del gobierno del Estado de México, entre otras, y que de 2013 a 2018 declara ingresos por más de mil 17 millones de pesos y, sin embargo, tiene un promedio de cinco trabajadores anuales, los cuales en cinco años reciben siete millones de pesos. El dinero evidentemente terminaba entre otros espacios, como se ha mencionado”, expresó.
Por ello, señaló que Grupo Tech Bull y Grupo Balam Seguridad Privada transaccionaron con un grupo de 10 empresas que tienen “características de fachada” porque los domicilios fiscales, los accionistas y representantes legales, son jóvenes con “incongruencia” en su perfil sociodemográfico para ser accionistas de una empresa que “reporta ganancias por más de mil millones de pesos”, aseveró.
Por su parte, KBH Track, la empresa que recibió recursos de Grupo Balam y Tech Bull, hizo transferencias de SPEI a varias empresas, pero en 2013 declaró en ceros y de 2014 a 2017 declaró 114 millones de pesos.
“Esta empresa KBH Track es la que termina enviando dinero a la empresa NSO, que es la generadora del malaware Pegasus”, puntualizó.
Las otras empresas
Además, la empresa Proyectos y Diseños BM es otra compañía que fue contratada por la entonces PGR donde también la UIF encontró discrepancias de naturaleza fiscal y transferencias internacionales importantes: “7.8 millones de dólares y 2.8 millones de dólares, para enviar, entre otros beneficiarios, siete millones de dólares a NSO Group Technologies LTD”.
La empresa Grupo Comercial Vicra, es otra que se encuentra relacionada porque retiró 3.5 millones de dólares a Bank Leumi, en Tel Aviv, Israel, de NSO Group Technologies.
La Constructora del Centro del Bajío, Artículos Textiles y Equipo de Accesorios MV, S.A. de C.V., se encuentra entre otras empresas que fueron utilizadas en esta red de transferencias para generar ingresos y remisión de los recursos, en este caso a Estados Unidos y China, informó.
Las compañías denominadas Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos, también están relacionadas debido a que se detectaron trasferencias por más de mil 67 millones de pesos con las empresas anteriores.
Esta es la información general que se presentará a la FGR y también se dará vista al Sistema de Administración Tributaria (SAT), por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, advirtió Santiago Nieto.
“Se ejecutará el acuerdo de bloqueo contra los sujetos que se encuentren involucrados en los casos en donde se haya advertido alguna operación de lavado de dinero”, remató el titular de la UIF.
Finalmente, señaló que no se localizaron transacciones de dichas empresas en la presente administración del presidente Obrador.
Con información de Proceso.
