Activistas del municipio de San Quintín acusaron a la empresa trasnacional Rancho Los Pinos de seguir ejerciendo prácticas de aprovechamiento y maltrato hacia los trabajadores agrícolas y de abandonarlos a su suerte cuando estos sufren accidentes y requieren de atención médica.
Esto luego de que se diera el caso de la señora Herlinda Santiago Martínez, una mujer monolingüe mixteca originaria de Guerrero, quien tras sufrir un accidente trabajando para esta empresa, fuera obligada a firmar su renuncia y deslinde de responsabilidades de la empresa aprovechándose de su situación y dejándola a su suerte.
De acuerdo con los activistas, la señora fue contratada en Cochoapa, Guerrero, por un enganchador enviado por la empresa agrícola Rancho Los Pinos para irse a trabajar a San Quintín por una temporada de seis meses y se le prometió que cumplido el tiempo de contrato se le regresaría en un transporte hasta su lugar de origen sana y salva.
También se le prometió vivienda digna, atención médica inmediata y áreas de trabajo seguros y así fue como llegó hace unos meses al campamento agrícola El Vergel, donde la empresa mencionada acomoda a sus trabajadores temporales que rondan cerca de los 2 mil trabajadores más familias, por cada año.
El día 23 de septiembre del presente año 2022, a las 3:30 pm, la señora se encontraba trabajando en el Sector 5, malla 6, realizando en trabajo de deshoje, cuando agobiada por el cansancio y el calor extremo de la tarde, piso un tomate podrido y se resbaló chocando una pierna contra uno de los postes metálicos del surco de las plantas te tomate.
Cuando reaccionó, trató de incorporarse y ya no pudo, en ese momento se dio cuenta que tenía fracturada la pierna derecha a la altura arriba de la rodilla. De inmediato pidió auxilio en su idioma mixteco y su hermana acudió a ayudarla, en eso el mayordomo solicitó la ambulancia y después de una hora llegó y la trasladaron a la Clínica 13 ubicada en La Cali. Ahí no la quisieron atender y fue trasladada a Ensenada, donde la dejaron a manos del personal de dicha institución sin poder hablar español y sin la compañía de un familiar.
“La empresa agrícola no movió ni un solo dedo para apoyarla, tampoco mandaron personal para ver cómo estaba ni mucho menos se preocuparon en enviarle un intérprete para poder comunicarse y hacerse entender. Posteriormente llegó un sobrino suyo, un menor de edad que apenas podía hacerse entender en el español. Así estuvo durante 13 días dentro de la Clínica 8 de Ensenada, donde nunca fue atendida su fractura, nunca le dijeron si la iban a operar o no, solamente tomando paracetamol para el dolor proporcionado por una enfermera”, señalaron.
Tras varios días de dolor y de incertidumbre decidió salirse del hospital, trataron de impedírselo, pero su sobrino dijo que se iban a salir porque él era quien la cuidaba día y noche y era quien le cambiaba los pañales y le hacía limpieza y era muy pequeño.
Le hicieron firmar unos documentos y se regresaron a San Quintín, pero llegando al campamento El Vergel, inmediatamente fueron abordados por el jefe del lugar de nombre Luis Andrés Huerta Chaires y la trabajadora social Erika Guerrero Valera, quienes la reprendieron de haber abandonado el hospital y la amenazaron con enviarla a la cárcel incluyendo a su sobrino, y con esas y otras amenazas los corrieron del campamento dejándola a su suerte en un lugar que ella no conoce, sin dinero y con una pierna fracturada.
Tras andar arrastrando la pierna un rato, logró ubicar una paisana de ella en el fraccionamiento conocido como Las Casitas quien le dio permiso de quedarse en un cuartito donde rentaba. Al siguiente día llegó a ese domicilio el señor Luis Andrés Chaires a entregarle un cheque de 3 mil pesos que “al parecer correspondía a su finiquito, pero que en ese momento el señor la engañó diciendo que era un apoyo de la empresa, y la obligó a firmar lo que después le dijo que era su renuncia voluntaria y deslinde de responsabilidades hacia la empresa”.
“Así fue como quedó abandonada a su suerte, con una pierna fracturada, sin dinero, sin un lugar dónde vivir, lejos de su familia y sin poder volver a su lugar de origen que queda más de cinco mil kilómetros de distancia y con la pierna con el riesgo latente de una infección que puede desencadenar una serie de problemas que pondrían en riesgo la propia vida”, puntualizaron.
