GINEBRA, 15 sep (Reuters) – Una veintena de agrupaciones denunció el martes crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los uigures en la región china de Xinjiang, donde más de 1 millón de personas está retenida en campamentos.
No hubo respuesta inmediata a las acusaciones por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, contactado por Reuters. China afirma que los campamentos son centros de capacitación y de educación vocacional, dentro de sus medidas contra el terrorismo y la desradicalización.
La carta abierta, entre cuyos firmantes figuran el Uighur Human Rights Project -con base en Estados Unidos- y Genocide Watch, llama al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas a lanzar una investigación.
“Las atrocidades incluyen detención arbitraria de entre 1 y 1,8 millones de personas en campos de internación, un extenso programa de adoctrinamiento político, desapariciones forzadas, destrucción de sitios culturales, tasas desproporcionadas de encarcelamiento en prisiones y políticas y campañas de prevención de natalidad coercitivas”, afirma la misiva.
Según el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad se definen como generalizados y sistemáticos. La carga de probar un genocidio (la intención de destruir parte de una población) es más difícil de probar.
“Esas medidas cumplen con el umbral de actos constitutivos de genocidio, crímenes internacionales fundamentales bajo la Convención sobre Genocidio, que prohíbe ‘imponer medidas destinadas a impedir nacimientos’ entre un grupo étnico o religioso”, dijeron los grupos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el lunes que está conversando una posible visita a Xinjiang con autoridades chinas. Pero los activistas expresaron su decepción en su discurso ante el CDH, donde China nunca ha sido objeto de una resolución.
“Los comentarios de Bachelet sobre China no dicen nada de fondo, no se dice nada sobre los costos humanos de las violaciones de derechos de China, incluso contra los uigures y en Hong Kong, ni las preocupaciones actuales sobre la libertad de expresión, la detención arbitraria y la represión de la sociedad civil”, declaró a Reuters Sarah Brooks, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR).
