Bloqueos de calles y diversas manifestaciones en la capital chilena marcaban el lunes la conmemoración del segundo aniversario de un estallido social contra la desigualdad que inició un proceso para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Las protestas detonadas en 2019 por un alza de tarifas del sistema de transporte subterráneo de Santiago, que dejaron millonarias pérdidas y una treintena de muertos, mostraron el descontento social en una nación vista como modelo de desarrollo y estabilidad en América Latina.
Cientos de personas acudieron a las diversos actos, mayormente pacíficos, convocados por redes sociales en varias ciudades del mayor productor mundial de cobre.
En la denominada Plaza de la Dignidad, bastión de las protestas en Santiago, convergieron diversas marchas desde distintos puntos de la ciudad, bloqueando una importante avenida del centro de la capital, lo que generó desvíos de tránsito.
Desconocidos generaron destrozos, derribaron semáforos, lanzaron fuegos artificiales y encendieron fogatas en los alrededores, provocando escaramuzas con la policía.
“No podemos conmemorar, y mucho menos celebrar, si nosotr@s no hemos ganado nada aún”, se leía en un llamado a protestar en el edificio donde una asamblea redacta la nueva Constitución, uno de los logros de las movilizaciones del 2019.
Una manifestación realizada más temprano ante la Convención Constitucional exigió acelerar una proceso de indulto de lo que denominan presos políticos, muchos de ellos detenidos durante protestas del estallido, y que actualmente está discutiendo el Congreso.
La fuerte presión social del estallido generó un amplio acuerdo político que llevó a convocar el referendo que aprobó la idea de rescribir la Constitución del país.
La Convención Constitucional -que había estado trabajando en sus reglamentos de operación- escogió simbólicamente la tarde del lunes para iniciar los debates del contenido de la nueva Constitución.
“Creo que los convencionales constituyentes tuvieron una gran visión de resignificar el 18 de octubre ahora con una construcción y no solo como con el quiebre, no solo con la revuelta, sino que con encontrar ese espacio de que a partir de ese quiebre se puede construir un escenario distinto”, dijo la cientista política Pamela Figueroa, de la Universidad de Santiago.
Desde temprano, la autoridad de tránsito informó de bloqueos de calles y barricadas en algunos puntos de Santiago. Una de las primeras manifestaciones ocurrió frente al Costanera Center, un complejo comercial que incluye un rascacielos símbolo de la ciudad.
De acuerdo a datos oficiales, el estallido de 2019 dejó pérdidas por 1.600 millones de dólares entre infraestructura pública y privada.
Las manifestaciones del estallido, que se extendieron hasta la llegada de la pandemia de coronavirus en marzo 2020, dejaron más de una treintena de fallecidos, además de más de 300 personas que sufrieron traumas oculares debido a la acción de las fuerzas de seguridad.
En días previos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un informe donde revela que solo cuatro agentes del Estado han sido condenados por abusos cometidos durante las protestas y consideró insuficientes las acciones del Gobierno para modernizar y profesionalizar la policía.
Los caldeados ánimos vienen en momentos en que el país está en campaña para la elección presidencial y legislativa del 21 de noviembre.
De acuerdo a las encuestas, el exlíder estudiantil y diputado Gabriel Boric encabeza las encuestas, apoyado por la coalición del izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista, mientras que el exlegislador de extrema derecha José Antonio Kast le disputa las preferencias.
Boric dijo que el 18 de octubre era una “conmemoración respecto del país que debemos construir”, mientras que Kast la calificó de una “fecha trágica y violenta para Chile”.
Con información de Reuters.
