A tres días de que concluya el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, autoridades judiciales le asestaron un nuevo revés al ordenar la reinstalación del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Luis Irineo, y de uno de los cinco consejeros ciudadanos.
Al iniciar la administración bonillista –el 1 de noviembre de 2019–, el SEA hizo recomendaciones para esclarecer los presuntos “moches” que durante el periodo de transición habrían solicitado los futuros funcionarios estatales a empresarios locales, a cambio de comprometer contratos del gobierno.
La primera acción del SEA fue recomendar la indagatoria respectiva, pero el día en que iba a votarse, el gobernador no envió a sus representantes, por lo que no se obtuvo el quórum necesario para sesionar.
En abril de este año, desde la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) se destituyó al secretario técnico y se suspendió a cinco de los consejeros ciudadanos.
Éstos interpusieron demandas de amparo, que fueron admitidas, y finalmente el Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación falló a favor de los quejosos, ordenando al gobierno de Baja California restituir a Jorge Topete como consejero ciudadano del SEA y a Luis Irineo como secretario técnico.
El juez federal Manuel Cuéllar Balderas abrió el expediente 695/2021, y el pasado 30 de septiembre ordenó la reinstalación del consejero ciudadano.
Las medidas protectoras del juez federal habilitan a Jorge Topete Calvario para que integre el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con plenitud de derechos y facultades, con base en la hoja número 10 del Considerando Cuarto de la resolución judicial.
También se ordena a las autoridades estatales que no podrán dictar resolución final en el procedimiento administrativo disciplinario, hasta que el juez de amparo resuelva el fondo de los asuntos planteados, en particular la incompetencia de la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
En su ejecutoria 470/2021, el 9 de septiembre el mismo juez ordenó restituir a Luis Irineo Romero en el cargo.
“Deje insubsistente el oficio C2101380MX y restituya al quejoso de los derechos infringidos por las consecuencias del acto reclamado”, se lee en el amparo.
Los otros consejeros ciudadanos que interpusieron demanda de amparo y están a la espera de una resolución de fondo son: Claudia Telles Aguilar, Eduardo Arredondo Uribe, Francisco José Fiorentini Cañedo y Fermín Álvaro Gutiérrez Villa. A todos se les otorgó la suspensión temporal para que las autoridades de la SHFP se abstengan de dictar la resolución final en los procedimientos administrativos que se les abrieron por parte del gobierno de Jaime Bonilla.
Así, a escasos días de concluir su periodo de dos años como gobernador, Jaime Bonilla sufrió lo que pareciera ser el último revés de las autoridades federales por haber violentado la Constitución.
Con información de Proceso.
