La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el lunes el aborto hasta las 24 semanas de gestación, informó el tribunal, un fallo celebrado por los grupos a favor del derecho a la interrupción del embarazo que demandaron la eliminación del código penal.

El aborto fue parcialmente legalizado en Colombia en virtud de una sentencia judicial de 2006 que lo permite solo en casos de violación, deformidad fetal fatal y riesgo para salud de la mujer, sin límites de tiempo.

La decisión del tribunal implica que el aborto queda despenalizado hasta la semana 24 bajo cualquier motivo y que después de ese tiempo solo se podrá acceder al procedimiento bajo las tres causales de la sentencia de 2006.

Mujeres reaccionan después de que la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, en Bogotá, Colombia, 21 de febrero, 2022. REUTERS/Luisa González

La interrupción del embarazo después de 24 semanas por una razón diferente a una violación, la deformidad fetal fatal y el riesgo para salud de la mujer será un delito, explicó la corte.

“La conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en 2006”, dijo una nota de prensa de la Corte Constitucional.

Una mayoría de cinco magistrados del tribunal respaldó la sentencia, mientras que cuatro la rechazaron.

Los grupos a favor del derecho a la interrupción del embarazo estiman que alrededor del 90% de los abortos en el país se realizan de forma clandestina, poniendo en riesgo la vida de las mujeres.

“¡Lo logramos! Eliminamos el delito de aborto del código penal hasta la semana 24” dijo en cuenta de Twitter la coalición Causa Justa, integrada por más de 90 organizaciones feministas que demandó la despenalización del derecho a la interrupción del embarazo en septiembre de 2020.

UN ESTIGMA PARA LAS MUJERES

Fachada del Palacio de Justicia, en donde funciona la Corte Constitucional de Colombia, en Bogotá, Colombia, 10 de julio, 2020. REUTERS/Julia González

La coalición dijo que los juicios a mujeres y niñas que buscaron o lograron abortos empeoró el estigma, además de asustar a médicos y pacientes, incluso en los casos en que se aplicó una de las tres condiciones legales.

Unas 350 mujeres fueron condenadas o sancionadas por abortos entre la sentencia original de 2006 y mediados de 2019, incluyendo al menos 80 niñas menores de 18 años, según Causa Justa.

Inicialmente se esperaba un fallo sobre la demanda a fines del año pasado, pero la decisión se retrasó repetidamente en medio de solicitudes de recusación y debates procesales.

Eliminar la amenaza de un posible enjuiciamiento significará que las mujeres, especialmente en áreas rurales y pobres, puedan buscar abortos seguros, argumentó la demanda de Causa Justa.

También reducirá las muertes por procedimientos clandestinos, ahorrará dinero al sistema de salud con fondos insuficientes, terminará con los costosos enjuiciamientos y garantizará la autonomía corporal de las mujeres, aseguró el grupo.

“Estamos defendiendo la vida completamente, no queremos más aborto, no queremos más aborto ni legal, ni clandestino”, dijo Daniela Clavijo de un grupo contra el aborto, en una protesta frente a la corte antes de que se conociera la sentencia.

“Estamos pidiendo que penalicen el aborto completamente, que no haya ninguna causa para abortar”, agregó.

Los grupos a favor del derecho al aborto dijeron que las compañías de seguros, las clínicas, especialmente las que están vinculadas a la Iglesia Católica, y el personal médico utilizan tramites enredosos, solicitudes innecesarias de opiniones de especialistas y otras tácticas para bloquear el acceso.

El aborto es de libre acceso en Argentina y Uruguay bajo ciertos límites de tiempo, mientras que la Corte Suprema de Justicia de México lo despenalizó el año pasado.

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la semana pasada regulaciones para permitir el acceso al aborto en casos de violación, mientras que el presidente entrante de Chile, Gabriel Boric, prometió que el procedimiento sea de libre acceso.

Con información de Reuters.

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