Trabajadores del Poder Judicial de México iniciaron hoy lunes un paro indefinido de labores contra una reforma al sector impulsada por el oficialismo que plantea, entre varios puntos, la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces y que ha mantenido en vilo a los mercados financieros.
La propuesta ha generado preocupación entre inversionistas, quienes aseguran que los cambios debilitarían a uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo, dañando el clima de negocios en el país, además de incumplir compromisos del acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC.
“Estamos defendiendo a México de los abusos del poder autoritario”, afirmaron en un comunicado varios organizaciones que anunciaron la huelga.
La reforma, consideran, atenta contra los derechos de los trabajadores debido a que se eliminaría la carrera judicial para acceder a los cargos de juzgadores lo que “sin duda alguna, abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”.
Además, pidieron un “diálogo franco y transparente que permita construir una reforma integral de la justicia en todos sus niveles”.
Se espera que más trabajadores judiciales se sumen al paro de labores en las próximas horas. Los jueces y magistrados decidirán en una votación más tarde el lunes si se unen a partir del miércoles.
Los trabajadores acordaron que solamente operarán los casos urgentes en materia penal donde se deba otorgar libertad y esté en riesgo la vida de las personas.
Imágenes difundidas por medios de comunicación y en redes sociales mostraron a trabajadores cerrando instalaciones judiciales en Ciudad de México y, posteriormente, instalados en sus accesos con pancartas con mensajes como “Basta de ataques políticos al Poder Judicial” y “Somos tres poderes y este te defiende”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo más tarde en rueda de prensa que los huelguistas tienen derecho a protestar pero negó que la reforma -propuesta por él- les afecte directamente y opinó que con su acción están respaldando “a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial”.
El mandatario argumenta que el sistema de justicia está al servicio de intereses económicos y plagado de corrupción, y que no representa al “pueblo”.
“REPENSAR REFORMA”
El viernes, el partido oficialista Morena planteó que la elección por voto popular para renovar a los ministros de la suprema corte de justicia del país -uno de los temas más álgidos- sea en junio de 2025 y que las demás elecciones se hagan de manera escalonada, como había adelantado Reuters.
Los cambios empezarán a discutirse en septiembre, con el inicio de la nueva legislatura, y se espera que Morena no tenga problemas para aprobarlos rápidamente porque cuenta con una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso.
En los últimos meses, el Congreso llevó a cabo foros en el país donde se debatió la polémica reforma. De allí, salieron algunos de los más de 100 cambios propuestos por Morena a la iniciativa original.
“El paro de labores indefinido de los trabajadores del PJF (Poder Judicial de la Federación) es un claro ejemplo del impacto negativo que la reforma al Poder Judicial podría tener en nuestro sistema de impartición de justicia”, opinó el profesor de derecho constitucional Francisco Burgoa.
“Cuando quienes están en la primera línea de la defensa de la Constitución levantan la voz, es momento de escucharlos y de repensar sobre lo que está sucediendo”, agregó.
El lunes, el peso mexicano retrocedía 0.6% por diversos motivos, entre ellos, la reforma judicial.
“Poco a poco la incertidumbre de la reforma al Poder Judicial va a acaparar otra vez los reflectores”, opinó James Salazar, subdirector de análisis de CIBanco.
El apoyo ciudadano a la propuesta de que los jueces sean electos por voto popular ha bajado en las últimas semanas, según una encuesta del diario El Financiero publicada el lunes.
Un 44% estuvo a favor de la propuesta del mandatario saliente en agosto, desde el 59% de junio y 64% de enero.
De otro lado, López Obrador criticó el lunes a la principal patronal del país, CCE, por pedir a autoridades electorales que se apeguen a la Constitución en un esperado dictamen sobre la elección general del 2 de junio que podría darle al oficialismo mayoría calificada en la Cámara Baja, suficiente para modificar la carta magna sin necesidad de la oposición.
“Quieren que no se toquen todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría durante el período liberal, cuando saquearon al país”, afirmó el gobernante. También señaló a los ministros de la Suprema Corte de estar “al servicio de los potentados” por frenar varios cambios legislativos oficialistas.
Claudia Sheinbaum, que asumirá el poder el 1 de octubre, ha asegurando que la reforma dará certidumbre jurídica a los inversores porque combate los altos niveles de impunidad en el país y el viernes dijo que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores judiciales
De Reuters.
