El pasado miércoles 19, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un fallo histórico con el que asestó un duro golpe a la jerarquía católica mexicana: determinó que dos influyentes cardenales –Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara– violaron el principio constitucional de separación Iglesia-Estado, al hacer proselitismo político contra Morena durante las elecciones del año pasado.
Esta condena del máximo tribunal electoral, que también pone en la picota a los sacerdotes Mario Ángel Flores y Ángel Espinosa de los Monteros, de inmediato levantó una fuerte protesta de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que salió a defender a sus cuatro ministros porque, dice, se está coartando su “libertad de expresión”.
Al margen de esta protesta eclesiástica, será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien por ley deberá sancionar a los jerarcas infractores, con penas que pueden ir desde un apercibimiento –ya de por sí oprobioso–, la clausura de sus templos o incluso quitarles el registro a las asociaciones religiosas a las que pertenecen, en este caso las arquidiócesis de México y Guadalajara.
Elio Masferrer Kan, especialista en asuntos religioso-electorales, comenta sorprendido: “Estamos ante un hecho inédito; es la primera vez que en México un tribunal civil castiga a dos jerarcas con rango de cardenal, el más alto grado en la jerarquía católica. Los acusa de hacer proselitismo electoral contra Morena, el partido en el poder, terminando así con la época en que los altos jerarcas eran intocables. Pone fin al fuero eclesiástico”.
–¿No encuentra ningún antecedente similar en la historia reciente?
–¡No!, ninguno, desde el gobierno del general Plutarco Elías Calles, cuando se dio la Guerra Cristera, ninguna institución del Estado mexicano había asestado un golpe tan fuerte a miembros del alto clero, entre ellos al mismísimo arzobispo primado de México, Aguiar Retes, quien ostenta el cargo más alto entre sus pares obispos por estar al frente de la Iglesia en la capital del país.
“Mientras que el cardenal Sandoval Íñiguez, aunque ya no sea titular de la arquidiócesis de Guadalajara, sigue teniendo un liderazgo moral muy fuerte entre los católicos conservadores del Bajío, descendientes de los cristeros. Conserva su influencia en un sector importante de la Iglesia.”
–¿Y qué me puede decir de los dos sacerdotes sancionados?
–Bueno, Mario Ángel Flores es un intelectual de Iglesia; fue rector de la Universidad Pontificia y dirigió el ya desaparecido periódico Nuevo criterio, de la arquidiócesis de México. Mientras que Espinosa de los Monteros es un destacado influencer de los Legionarios de Cristo, la estructura religiosa-empresarial más poderosa en el país. No estamos hablando de simples párrocos de pueblo.
Denuncia y protesta
En junio de 2021 Morena denunció a estos cuatro ministros de culto debido a que –argumentó– por medio de videos difundidos en redes sociales estuvieron llamando a votar contra ese partido. Cinco meses después de la querella, en noviembre, la Sala Regional Especializada declaró existente esa infracción. Pero la Iglesia impugnó la resolución.
Finalmente, el pasado miércoles 19 la Sala Superior del TEPJF confirmó la infracción al determinar que, efectivamente, los clérigos realizaron proselitismo político, por lo que “vulneraron el principio de separación Iglesia-Estado” estipulado en la Constitución. Y pidió a la Secretaría de Gobernación aplicarles las sanciones que considere pertinentes, pues es la dependencia encargada de hacerlo.
Inmediatamente protestó la CEM –que aglutina a alrededor de 150 obispos– con un posicionamiento el pasado jueves 20, en el que afirma tajante:
“No compartimos los razonamientos expresados por el TEPJF, pues consideramos que son violatorios de uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático: la libertad de expresión.”
Y aseguró que ninguno de sus cuatro clérigos tachados de infractores “se manifestó a favor o en contra de algún candidato o de un partido específico, sino que, en ejercicio de su libertad de expresión, hicieron pronunciamientos personales sobre la realidad social del país”.
De esa manera, a diferencia del tribunal, el episcopado consideró que en los videos de sus ministros no hay “violación alguna al principio de separación entre Iglesia y Estado”.
Por su lado, el secretario general de la CEM, Ramón Castro, aseguró que la sentencia del TEPJF “puede crear un precedente jurídico para hacer callar a los ministros de la Iglesia”, cuya “libertad de expresión quiere ser ahogada”.
Videos comprometedores
En una entrevista con Vatican News, publicada el martes 25, Castro también advirtió que “cerca de 2 millones de personas”, a través de redes sociales, ya han dado su apoyo a los ministros inculpados; por lo tanto, espera que Gobernación aplique sus sanciones “de una manera muy mesurada”.
Mientras que el encargado de Comunicación Social de la CEM, Óscar Cruz Ortiz, comenta a Proceso: “Estamos por enviar a la Secretaría de Gobernación una carpeta informativa en la que le advertimos, entre otros puntos, que el video del cardenal Aguiar Retes es del proceso electoral de 2018, y no de 2021, como Morena le hizo creer al tribunal electoral. Sólo que los fieles lo volvieron a poner a circular en redes sociales en 2021. Pero, además, como en los otros casos, ahí no se hace ningún proselitismo electoral”.
En ese video, de un minuto y medio de duración, el cardenal Aguiar Retes –vestido de traje oscuro y alzacuello– le pide a los sacerdotes de su arquidiócesis que llamen a los fieles a votar por los candidatos que garanticen “los valores fundamentales de nuestra fe”.
Y entre esos valores cristianos menciona concretamente “el derecho a la vida, el derecho a la familia estable, el derecho a la educación, el derecho a la libertad religiosa”.
Con información de Proceso.
