El presidente Joe Biden anunció el martes un programa que ofrece una vía a la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que están casados con ciudadanos estadounidenses, un esfuerzo en un año electoral que contrasta con el plan de deportaciones masivas de Donald Trump.
El programa estará abierto a unos 500.000 cónyuges que hayan vivido en Estados Unidos durante al menos 10 años, a partir del 17 de junio, dijeron el martes en comunicados la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Unos 50.000 hijos menores de 21 años con un progenitor con ciudadanía estadounidense también podrán acogerse a la medida. La mayoría de las personas que probablemente se beneficiarían son mexicanos, dijeron funcionarios a periodistas en una conversación telefónica.
“Estas medidas promoverán la unidad familiar y fortalecerán nuestra economía”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Biden, un demócrata que busca un segundo mandato en la Casa Blanca, asumió el cargo prometiendo revertir muchas políticas de inmigración restrictivas de Trump, quien también busca un segundo mandato en la Casa Blanca.
Sin embargo, ante los niveles récord de detenciones de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, Biden ha endurecido su enfoque en los últimos meses.
A principios de este mes, Biden prohibió a la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México solicitar asilo, una política que reflejaba una prohibición de asilo similar de la era Trump.
El programa de legalización previsto por Biden para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses podría reforzar su mensaje de campaña de que apoya un sistema de inmigración más humano y mostrar en qué se diferencia de Trump, que desde hace tiempo mantiene una postura de línea dura sobre la inmigración legal e ilegal.
Biden hará un anuncio en un acto en la Casa Blanca el martes vinculado al aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).
El programa DACA fue puesto en marcha en 2012 por el expresidente Barack Obama y el entonces vicepresidente Biden, y actualmente concede exenciones de deportación y permisos de trabajo a 528.000 personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.
El Gobierno de Biden también anunció el martes directrices para facilitar a los beneficiarios de DACA la obtención de visados para trabajos cualificados.
ENCUESTAS DISPARES
La portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, calificó el nuevo programa de Biden de “amnistía” en un comunicado y reiteró la promesa de deportación de Trump, diciendo que “restauraría el Estado de derecho” si es reelegido.
Un poco más de la mitad de los votantes estadounidenses apoyan la deportación de todos o la mayoría de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, según una encuesta de Reuters/Ipsos.
Sin embargo, otra encuesta realizada por el grupo Immigration Hub reveló que el 71% de los votantes de siete estados disputados en las elecciones apoyaban la permanencia de los cónyuges que lleven más de cinco años en Estados Unidos.
Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, dijo que los grupos de discusión realizados por su organización con los votantes independientes y republicanos encontraron que apoyaban el estatus legal para los cónyuges.
“Impulsa la participación en términos de votantes latinos y de base, pero también tiene apoyo con el centro y la derecha”, dijo en una llamada con periodistas el lunes, y agregó que la mayoría de la gente pensaba que los cónyuges ya podían legalizarse.
Una pareja que podría beneficiarse de la medida esperaba con impaciencia más detalles.
Megan, una trabajadora social de Wisconsin, un estado en disputa electoral, conoció a su marido, Juan, hace dos décadas, cuando trabajaba con su primo y su tío en un restaurante durante sus vacaciones de verano universitarias.
La familia de Juan, del estado mexicano de Michoacán, había venido a Estados Unidos por generaciones como trabajadores temporeros, y su abuelo participaba en un programa estadounidense para trabajadores agrícolas. Juan estaba en el país ilegalmente, pero nunca pensó que fuera a ser un problema.
“Supuse que tal vez pagarías una multa o algo así”, dijo. “El castigo es totalmente desproporcionado”.
Ahora tienen dos hijas -de cuatro y siete años- y aún no han encontrado la forma de arreglar el estatus de Juan. Reuters no menciona sus nombres porque Megan teme que puedan sufrir represalias.
Wisconsin no expide permisos de conducir a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, y a la pareja le preocupa que Juan, que trabaja como paisajista, pueda ser detenido y deportado algún día.
Ella dice que la familia probablemente se desarraigaría y se trasladaría a México si Juan fuera deportado.
“Es sólo una preocupación que está siempre latente”, dijo.
