La Fiscalía General del Estado logró ayer citatorios judiciales contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y varios funcionarios más, a fin de que se presenten a declarar el 15 de agosto próximo, sobre la posible comisión de delitos relacionados con la planta fotovoltaica.
Al respecto, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que su administración recurrió “a todas las instancias legales para proteger del desfalco, el quebranto, el atraco, más grande que se le iba a hacer a los bajacalifornianos”.
Y continuó: “Un atraco, un robo, de 12 mil millones de pesos que por supuesto que como gobernadora, no podía permitir”.
Durante la mañanera de este día, Ávila Olmeda explicó que la Consejería Jurídica del Gobierno y la Secretaría de Hacienda realizaron la indagatoria para sustentar el caso de la Fiscalía del Estado, toda vez que durante el período de transición gubernamental no se informó sobre el asunto al equipo entrante.
El caso está fundamentado en la afectación al erario público, ya que se anunció la obra y se comprometieron recursos federales (123 millones de pesos), en una planta fotovoltaica que aún no resolvía la situación de sus permisos federales de operación y construcción.
En total, la administración de Jaime ‘N’ comprometió 12 mil millones de pesos de Baja Californias, para una planta que no se iba a construir.
La Consejería Jurídica ha presentado, hasta el momento, denuncias penales, amparos federales y querellas ante la Fiscalía General de la República, al tiempo que aportan otros elementos para la investigación de la Fiscalía General del Estado.
Fue la autoridad Jurisdiccional, ante los casos presentados, la que emitió citatorios para que tanto el ex gobernador, como varios de sus funcionarios, se presenten a declarar el 15 de agosto a las 9:00 de la mañana.
