Pese a los esfuerzos que se realizan en Tijuana con ferias del empleo y convenios de inserción laboral, la realidad en la ciudad es que los migrantes extranjeros afrontan una precariedad laboral que se conjuga con sueldos paupérrimos, además de que muchos de ellos terminan en la informalidad, sin prestaciones ni garantías de nada.
Activistas como Judith Cabrera, co-directora de Borde Line Crisis Center, consideran que, pese a todo ello, este sigue siendo un tema pendiente de consolidar debido a que los empleos en general para toda la población “son precarizados”.
“Son cosas que enfrenta en sí la ciudad, pero para las personas que vienen de fuera es más complicado por el desconocimiento de la misma ciudad, desde cómo transportarse, dónde buscar trabajo, dónde es seguro, y a ello se agrega el problema de que no cuentan con documentos”, dijo en entrevista.
Byron Fuentes, originario de Guatemala, compartió en entrevista que él percibe un salario de mil 200 pesos a la semana, pero no le alcanza para satisfacer todas sus necesidades y las de su familia: “Hay que comprar todos los alimentos, a veces se presenta que uno se enferma y tenemos que poner de la bolsa para comprar medicamentos y no alcanza, la verdad”.
El problema de la documentación
Para que un migrante extranjero pueda acceder a un trabajo en el ámbito formal, debe contar con su documento de condición de refugiado expedida por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar); una tarjeta de visitante por razones humanitarias expedida por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Además de la CURP, su Registro Federal del Contribuyente (RFC) ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) y luego de acercarse a solicitar trabajo, abrir una cuenta bancaria, para la cual requieren el pasaporte vigente de su país, sin embargo, aquí es donde enfrentan gran parte del problema.
Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en Tijuana, compartió que ese ha sido el obstáculo porque muchas personas no cuentan con este documento y “al no tenerlo no se puede abrir la cuenta y no pueden ser contratados porque es donde la empresa deposita la nómina”.
“En Tijuana hay consulados de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, además de una representación de la Embajada de Haití, el problema es que tarda tiempo en renovarse, el proceso tarda entre uno y dos meses”, agregó.
Esto lleva a que muchos de los migrantes terminen en el empleo informal, es el caso de Ilse Viga López, originaria de Honduras, quien terminó aceptando un trabajo en una empresa coreana en la que hilaba ropa desde el albergue donde le permitieron estar, cumpliendo jornadas de más de 12 horas diarias y a veces hasta de 24 para poder cumplir con todo.
“Tengo dos niños, soy madre soltera, no podía no aceptar, pero ahorita estoy desempleada porque nos quitaron el trabajo, terminó la producción, y estamos sobreviviendo con lo poquito que ahorré y lo que aporta mi papá que trabaja en una chatarrera (centro de reciclaje)”, dijo.
Discriminación social y hostigamiento policiaco
A esta problemática se suma la discriminación racial que enfrentan algunos de los migrantes, pues, aunque cuenten con la documentación requerida, son rechazados por los prejuicios y estigmas que la sociedad carga sobre ellos, como es el caso de los centroamericanos, y la barrera del idioma, con los haitianos y africanos.
Esto lo reafirma Viga López, quien recalca que “no te dan un pago digno porque eres migrante y la bronca es que, si tú vas a pedir trabajo, lo primerito que te dices es ‘tú eres inmigrante, no eres de México’ y es algo muy fuerte porque solo queremos trabajar”.
Judith Cabrera también señala que a esto se suma el hostigamiento por parte de la policía, lo cual inhibe la búsqueda de trabajo por temor a que les quiten su dinero. Además de que, por el desconocimiento de la dinámica de la ciudad, “también son blancos fáciles de personas sin escrúpulos que ya saben que los pueden explotar y que saben dónde encontrarlos”.
Empresarios ven la migración como “un problema”
Esfuerzos de la iniciativa privada y los gobiernos de los tres órdenes se han llevado a cabo para insertar a los migrantes en el ámbito laboral, tal es el caso del convenio que el pasado 15 de junio signaron la Secretaría del Trabajo, el Sistema Nacional del Empleo y la Organización Internacional para las migraciones (OIM).
Se trata de la campaña “Integración laboral, cohesión social”, con la cual se pretende acercar a las personas migrantes mexicanas y de todos los países a un empleo formal en el territorio nacional, esto mediante pláticas y asesorías sobre los derechos de los migrantes y las mejores opciones que tengan a su alcance en los estados en que se encuentren.
De manera local, empresarios han echado a andar medidas como “La Ruta del Empleo”, en la que participan cámaras de la industria maquiladora como la Canacintra, Index, CDT, Canadevi y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes mediante ferias de empleo llevan opciones de trabajo para laborar en sus empresas.
Sin embargo, como bien han anotado algunos activistas, la cuestión en este asunto es que los empresarios llevan a cabo este tipo de actividades más porque ven a la migración como un problema, como lo dejó claro Francisco Rubio, presidente del CCE, en un discurso pronunciado el pasado 22 de junio ante autoridades federales:
“Grandes virtudes (de la ciudad) atraen grandes problemas y el fenómeno migratorio no conoce fronteras, y las nuestras, no son la excepción”, dijo, al hacer referencia de que los migrantes son los culpables de que el transito en las garitas sea lento, de que por esa razón se pierdan empleos de quienes cruzan a Estados Unidos.
Además de que, según dijo esa ocasión, los migrantes sean los causantes de que los transportistas no hagan más cruces de carga porque se suben a los camiones para intentar cruzar al país vecino, son detenidos y les quitan las visas a los camioneros.
