Los elementos de la policía municipal de Tijuana no cuentan con las facultades para detener a personas extranjeras solo por su condición migrante, ni muchos menos entregarlas al Instituto Nacional de Migración (INM), de acuerdo a la resolución emitida por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Tijuana.

La acción legal fue impulsada por Alma Migrante A.C., asociación civil que vela por los derechos humanos de la población en tránsito.

“El juez hace mucho hincapié en que la seguridad pública es un derecho para todas las personas del territorio, y no como lo habían dicho las autoridades del pasado, que iban a cuidar a los tijuanenses de los migrantes, eso es completamente inadecuado a los derechos humanos”, expresó Graciela Zamudio, directora de Alma Migrante.

FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM

Lo anterior fue promovido en los tribunales desde noviembre de 2018, cuando el entonces alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, declaró que la comunidad migrante estaba compuesta por delincuentes y por lo tanto la policía municipal tenía que llevarlos al INM.

“Tijuana es conocida no solo por su cultura de solidaridad, sino por su espíritu protector de lo que es legal y por eso necesita ser informada de las revelaciones que ofrecen las resoluciones, con el mismo poder de difusión que usó el exalcalde para desinformarla”, dijo la activista.

“De otra forma el mensaje incorrecto permanecerá en la conciencia de todas las personas, incluso de las autoridades que pudieran seguir actuando inconstitucionalmente”, añadió Zamudio.

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Fue por medio de una carta dirigida a la alcaldesa de Tijuana, Karla Ruíz Macfarland, donde se solicitó que se haga público lo determinado por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en Tijuana.

Si bien para los integrantes de Alma Migrante es un triunfo lo conseguido, están conscientes de que los abusos a la población en tránsito siguen presentándose por parte de los uniformados, por lo cual vigilarán el proceder de las autoridades municipales.

“Nosotros como organizaciones vamos estar trabajando, monitoreando a la policía municipal para hacer valer y se respete esta sentencia, tenemos esta responsabilidad y vamos estar acompañando a las personas migrantes”, apuntó, Andrea Rincón, activista pro migrante.

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