Mediante un acuerdo de ocho años atrás y una administración municipal distinta a la actual, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez pretende legalizar la municipalización del agua en Tijuana y con ello dar validez a la reforma que el pasado 29 de julio aprobó el Congreso local.
A fines del mes pasado, con 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el Congreso aprobó que el organismo operador del agua del estado pase a los ayuntamientos. Para que la medida se concrete, debe ser respaldada por al menos tres cabildos distintos.
El pasado lunes 2, mediante lo que suele llamarse “chicanada jurídica”, la Secretaría General de Gobierno, que encabeza el expriista y expetista Amador Rodríguez Lozano, publicó en el Diario Oficial un “número especial” donde anunció que el ayuntamiento de Tijuana aprobó la transferencia y solicitud de pasar el organismo del agua al municipio.
El periódico empieza señalando que Fabián Guardado Reynaga, secretario de Gobierno del actual XXIII ayuntamiento de Tijuana, “certifica” que en un acta de ocho años atrás, el 31 de octubre de 2013, el cabildo aprobó quedarse con el organismo operador del agua.
Textualmente apunta: “Que en el acta levantada con motivo de la sesión extraordinaria de cabildo del H. Vigésimo Ayuntamiento de Tijuana, BC, celebrada el 31 de oct del año 2013, se encuentra el acuerdo que dice q la letra”.
Luego se detallan las facultades del presidente municipal para presentar la solicitud al cabildo de ese entonces, acordando:
“Primero. Se mandata al Ejecutivo Municipal para que a nombre del XX Ayuntamiento de Tijuana, haga formal solicitud al titular del poder ejecutivo para obtener la transferencia a la administración pública municipal el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales que actualmente presenta en el municipio de Tijuana el organismo público descentralizado de la administración pública estatal denominado Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana”.
En el acuerdo tercero de 2013 se establece que “se aprueba la creación del organismo operador municipal de agua potable, drenaje, alcantarillado, trámite y disposición de sus aguas residuales denominado Comisión Municipal de Agua de Tijuana, BC. Dicho organismo contará con personalidad jurídica y patrimonio propio adscrito como organismo público descentralizado de la administración municipal”.
Así, pretendiendo que dicho acuerdo sea válido, el gobierno de Jaime Bonilla intenta ganar uno de los tres acuerdos de cabildos para que su reforma se convierta en realidad.
Con lo anterior, estaría haciendo a un lado las facultades de los actuales regidores, sustituyendo sus decisiones por quienes hace ocho años decidieron sobre el tema del agua.
En su transmisión de este día, Bonilla agradeció al municipio de Tijuana y al de Rosarito, “aceptar” la transferencia del organismo operador del agua estatal a sus ayuntamientos.
Con información de Proceso.
