Se suponía que sería una ocasión festiva. Políticos regionales, funcionarios y militares se reunieron en Cuernavaca, capital del estado Morelos, en un desayuno en febrero de 2022 para celebrar el Día del Ejército mexicano. Cuauhtémoc Blanco, exestrella del fútbol mexicano y gobernador de la entidad, celebró con vino tinto, pero no estaba feliz.
Entre los asistentes estaba el fiscal general del estado, Uriel Carmona, a quien los legisladores locales habían pedido recientemente investigar los presuntos vínculos del gobernador con narcotraficantes.
Según el fiscal, cuando se disponía a estrechar la mano de Blanco y despedirse de él, el gobernador le agarró del brazo y dijo que le habían avisado que otro procurador estaba husmeando en las cuentas financieras de su hijo mayor.
Se había cruzado una línea, dijo Blanco, y advirtió: “Ahora me voy a meter con la familia de ustedes y no me voy a tocar el corazón”.
Carmona dijo al gobernador que estaba lanzando amenazas contra las fuerzas del orden, lo que podría constituir un delito. Describió el encuentro en una denuncia, vista por Reuters, presentada dos días después contra Blanco ante un órgano independiente de la fiscalía anticorrupción estatal.
El enfrentamiento en el desayuno y la denuncia, que no se había informado anteriormente, se suman a la nube de escándalos que envuelve a uno de los hombres más famosos de México: leyenda en el campo de fútbol, héroe de la clase trabajadora y estrella emergente de la política.
El incidente sucedió seis semanas después de que el diario El Sol de México publicara una foto del gobernador posando con tres presuntos narcotraficantes en Morelos. El titular de esa foto de portada decía “Cuauhtémoc Blanco se reunió con líderes del narco en Morelos”.
El diario dijo que la foto fue encontrada en el teléfono de un narcotraficante detenido por militares en noviembre de 2021. El medio no explicó cómo obtuvo la foto y no está claro quién la tomó.
Los narcotraficantes mexicanos tienen una larga tradición de comprar a políticos a cambio de protección gubernamental para su comercio ilícito. La escandalosa foto fue lo que llevó a los legisladores estatales a exigir la investigación sobre Blanco en denuncias presentadas ante autoridades estatales y federales en enero de 2022.
Uno de los hombres de la imagen sin fecha era Homero Figueroa, presunto líder del grupo delictivo Comando Tlahuica. Otro, Raymundo Castro, presunto jefe del cártel Guerreros Unidos en Morelos, estaba prófugo desde 2014. Reuters confirmó sus identidades con seis funcionarios encargados de procuración de justicia.
En una entrevista con Reuters, Blanco dijo que el fiscal general Carmona, nombrado por el predecesor suyo, es un instrumento de sus enemigos políticos. Negó haber lanzado amenazas de muerte o haber bebido vino en el desayuno.
“No soy un narcotraficante”, sostuvo Blanco en el palacio de gobierno de Cuernavaca, que data de la época colonial. En cuanto a la supuesta advertencia a Carmona, agregó: “Ni que estuviera yo loco o enfermo que yo amenace a su familia”.
También negó conocer al trío de la foto y la minimizó señalando que se trataba de una imagen rutinaria con desconocidos en un encuentro público.
Esa afirmación no es creíble, dijeron a Reuters dos fiscales y una tercera fuente de la fiscalía general del estado. Aseguraron que el encuentro captado en la foto se produjo en una pequeña sala de un complejo religioso cerca de Cuernavaca con capacidad para unas diez personas.
Capos rivales no suelen codearse en reuniones informales, dijeron los fiscales, y habrían viajado con tantos guardias armados que el propio cuerpo de seguridad de Blanco se habría dado cuenta de algo fuera de lugar.
El hijo de Blanco, Cuauhtémoc Blanco Santoyo, no respondió a solicitudes de comentarios acerca de la denuncia de que sus finanzas estaban bajo escrutinio de fiscales. Él no ha sido acusado de ningún delito.
Los intentos de localizar a dos de los narcotraficantes que aparecen en la foto -Figueroa e Irving Solano Vera- fueron infructuosos. Castro, el tercero, murió en prisión en 2019.
En muchos otros países, mezclarse con presuntos narcotraficantes podría ser una sentencia de muerte política. Pero la carrera de Blanco ha prosperado, en gran parte, porque tiene un poderoso defensor: el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El líder mexicano ha transformado el panorama político del país en los últimos años, construyendo un gigante electoral con su partido Morena, que ha arrebatado el poder a los partidos establecidos. Su discurso populista para sanear la corrupta política mexicana le ha valido unos índices de popularidad de los más altos del mundo para un líder nacional.
López Obrador ha ignorado en repetidas ocasiones la controversia que rodea a Blanco, cuyos logros deportivos y su historia de éxito han demostrado ser oro electoral en un México obsesionado con el fútbol.
Su alianza se remonta a las elecciones generales de 2018. El entonces candidato presidencial López Obrador respaldó la candidatura de Blanco a la gobernatura de Morelos, reconociendo el atractivo del exjugador, particularmente entre los votantes pobres que son el núcleo de la base de poder de ambos hombres.
La oficina del presidente no respondió a solicitudes de comentarios para este artículo.
La investigación sobre los presuntos vínculos de Blanco con cárteles se suma a las múltiples investigaciones de corrupción sobre sus actividades como servidor público. Las pesquisas comenzaron con su primer cargo electo, como alcalde de la pintoresca ciudad colonial Cuernavaca de enero de 2016 a julio de 2018.
Bajo la administración de Blanco, el control de la empresa de agua de la ciudad y sus cobros en efectivo acabaron en manos de Figueroa, el presunto mafioso con el brazo alrededor de Blanco en la foto, según la fiscalía de Morelos, documentos de inteligencia militar consultados por Reuters y entrevistas con cinco personas que trabajaban para la compañía.
Blanco dijo que la empresa de agua estaba “bien” durante su mandato y que sus deudas habían disminuido, aunque las cifras oficiales de la compañía lo contradicen.
Fiscales también descubrieron más de dos millones de dólares en cuatro cuentas bancarias no declaradas pertenecientes a Blanco, según un documento no público presentado por los fiscales al Congreso de Morelos el 18 de abril de 2022 y visto por Reuters.
La agencia de noticias es la primera en informar sobre estas cuentas bancarias, una de ellas en Estados Unidos. Blanco no las incluyó en la declaración de bienes que se exige a todos los funcionarios públicos mexicanos.
Blanco confirmó a Reuters la existencia de las cuatro cuentas. “Tengo una cuenta en Estados Unidos ¿Cuál es el problema?” se preguntó. En un primer momento, aseguró haberlas declarado, pero al ser presionado, el gobernador dijo que no divulgaba públicamente estos activos por cuestiones de “seguridad”.
También reveló que tiene un departamento en Chicago, no declarado, que dijo está vendiendo. Registros locales de la propiedad muestran que Blanco posee un condominio a pocos pasos del famoso distrito comercial Michigan Avenue, adquirido por 450,000 dólares en agosto de 2007.
Blanco dijo que la fuente de su riqueza es el dinero que ganó como futbolista, incluido el pago de hasta un millón de dólares por anuncios publicitarios cuando jugaba profesionalmente en Estados Unidos. Blanco jugó en el Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS) de 2007 a 2009.
Blanco sostuvo que estaba feliz de que la información sobre sus bienes salga a la luz “para que se queden los cabrones calladitos”. “No tengo nada que ocultar”, subrayó.
A pesar de todo, López Obrador ha defendido constantemente a Blanco, calificando las investigaciones del gobierno local en su contra como “politiquería” de sus enemigos. “No dejan de atacarlo, pero yo lo apoyo”, dijo López Obrador el año pasado.
Blanco, como todos los funcionarios con puestos de elección popular en México, goza de inmunidad mientras dura el cargo. No ha sido acusado de ningún delito.
En abril, fiscales pidieron al Congreso de Morelos que sometiera a Blanco a un juicio político para despojarlo de su inmunidad. Pero los legisladores estatales afines a López Obrador han obstaculizado la medida. En septiembre, el exfutbolista abandonó su Partido Encuentro Social (PES) para unirse a Morena, el del presidente.
La carrera política de Blanco aún puede alcanzar nuevas alturas. En Morelos, se le promueve como un posible candidato de Morena para la contienda en 2024 por el gobierno de Ciudad de México, uno de los cargos más influyentes del país.
Blanco dijo que la candidatura a la alcaldía es una posibilidad, pero dependería de sus resultados en las encuestas y necesitaría “autorización” de López Obrador.
Dos funcionarios gubernamentales y un político de Morena familiarizados con la situación dijeron a Reuters que dudan que Blanco pueda superar a rivales más experimentados para ganar el apoyo de su nuevo partido.
Pero es probable que López Obrador mantenga a Blanco cerca para asegurarse los votos de jóvenes pobres que idolatran al excapitán de la selección mexicana de fútbol, opinó José Antonio Crespo, analista político y exmiembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“No le importa que otras personas estén vinculados con los narcos, eso sí queda claro”, dijo Crespo sobre el presidente. “Lo que le importa es ganar, no importa bien cómo ni con quién”, subrayó.
DE LOS BARRIOS BAJOS A LA CASA DE GOBIERNO
Blanco, de 50 años, es uno de los grandes del deporte mexicano de todos los tiempos.
Tras despuntar a principios de la década de 1990 con el Club América, el equipo de fútbol más exitoso del país, el belicoso delantero se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la afición. La hinchada adoraba su estilo, que combinaba la combatividad con un juego suave como la seda.
En el Mundial de Francia 1998, maravilló a los aficionados con su característico movimiento “Cuauhtemiña”: atrapar el balón entre las piernas y saltar entre dos defensas. Hasta su nombre deslumbraba. Cuauhtémoc fue el último emperador azteca, un guerrero cuyo nombre significa “águila que desciende”, que se lanza en picada sobre su presa.
Blanco creció en el barrio Tepito de Ciudad de México, uno de los asentamientos marginales más notorios de América Latina, donde pulió su rudeza y su inteligencia callejera.
En una entrevista a ESPN en 2015, recordó que de niño vendía cintas de audio piratas. Más tarde ganaría millones jugando en clubes de España y Estados Unidos. La prensa hizo eco de su carácter fiestero y de sus intensas relaciones con modelos y estrellas de telenovelas.
En 2014, cuando la edad y las lesiones obligaron a Blanco a plantearse el retiro, dos políticos poco conocidos de Cuernavaca dicen que se acercaron a él con una propuesta. Los hermanos Roberto y Julio Yáñez, quienes en ese entonces dirigían el pequeño Partido Social Demócrata, querían aprovechar la fama del exjugador para arrebatar la alcaldía a los partidos tradicionales.
Los hermanos contaron a Reuters que Blanco se resistió al principio a sus propuestas de presentarse a las elecciones, diciéndoles que “odia la política”.
Afirman que le hicieron cambiar de opinión con un pago en efectivo de siete millones de pesos (alrededor de 470,000 dólares de entonces): cinco millones de pesos para Blanco y dos millones de pesos para José Manuel Sanz, agente del futbolista.
Según los Yáñez, el dinero lo puso un grupo de empresarios que querían tener acceso al alcalde y asegurarse contratos públicos si Blanco ganaba. Los hermanos declinaron nombrar a los empresarios.
Blanco declaró que los Yáñez le propusieron presentarse a la alcaldía y que reflexionó la idea durante un mes antes de comprometerse porque no le gustaba la política.
Pero dijo que no hubo dinero de por medio ni contrato alguno. “Es totalmente mentira”, sostuvo Blanco, en referencia a las acusaciones de los Yáñez, publicadas por primera vez por los medios mexicanos en 2016.
Sanz también negó haber recibido sobornos. “Es falso”, dijo sobre las afirmaciones de Yáñez.
Roberto Yáñez mostró a Reuters una copia firmada del contrato de Blanco en el que se establecían las expectativas de la candidatura. El astro del fútbol tenía instrucciones de posar para fotos con posibles votantes, repartir autógrafos y saludar a las mujeres con un beso, según el documento, que Blanco ha afirmado es falso.
Lo que es indiscutible es que Blanco causó sensación en la campaña. Los votantes hacían cola durante horas para hacerse selfies y que les firmara balones de fútbol, lo que le llevó a la victoria sobre competidores más experimentados.
“Me los chingué”, se jactaba en la noche electoral de junio de 2015.
Rápidamente Blanco adoptó algunas prácticas de sus predecesores.
Repartió puestos de alto rango entre amigos y familiares. Estableció presuntos vínculos con narcotraficantes, según dos fiscales y documentos de inteligencia militar de 2019 vistos por Reuters. Y empeoró significativamente la situación de SAPAC, la empresa de agua de Cuernavaca, según el exjefe de la agencia Remigio Álvarez y cinco empleados actuales de SAPAC.
El apodo de SAPAC entre los habitantes locales es “caja chica”, por su reputación de tarro de miel para los políticos. La llegada de Blanco marcó una nueva era para la empresa, afirma el exjefe Álvarez y abrió la puerta al crimen organizado.
“Eso llegó después con Cuauhtémoc”, contó Álvarez, quien dirigió el organismo de 2013 a 2014. No aportó documentos ni otras pruebas para respaldar sus afirmaciones.
Blanco negó haber permitido que el crimen organizado floreciera en SAPAC. “No es cierto”, afirmó.
Su presunta connivencia con el crimen organizado es emblemática de lo que las autoridades mexicanas afirman es un cambio más amplio en todo México en los últimos años.
Grupos que antes se centraban casi exclusivamente en el narcotráfico están diversificando su forma de hacer y mover el dinero, extendiéndose a casi todos los rincones de la sociedad mexicana.
Los fiscales de Morelos dijeron a Reuters que creen que Blanco “entregó” el control de SAPAC a Figueroa, presunto jefe del cártel Comando Tlahuica. Dicen que Figueroa sustrajo pagos en efectivo de los clientes de servicios públicos y pagó sobornos al alcalde por el privilegio.
Los cinco empleados de SAPAC que hablaron con Reuters describieron una toma de poder por parte del mafioso.
A partir de 2016, dijeron los cinco, más de una docena de hombres armados que trabajaban en nombre de Figueroa aparecieron de repente en la sede de la empresa. Según los trabajadores, no se trataba de guardias de seguridad ordinarios: dijeron que centinelas con chalecos antibalas patrullaban la entrada.
Dentro, hombres vestidos de civiles vigilaban las ventanillas donde los clientes hacían cola para pagar sus facturas en efectivo. Muchos clientes no tuvieron más remedio que hacerlo, recordaron los empleados, después de que el SAPAC eliminara ese año la opción de pagar con tarjeta de débito o en tiendas de conveniencia.
Tres residentes de Cuernavaca confirmaron esta reducción en las opciones de pago, que dijeron se restablecieron después de un año.
El efectivo adicional dejó a la banda de Figueroa más para sustraer, alegaron los empleados, y las finanzas de SAPAC se deterioraron. La empresa ralentizó los pagos a proveedores y se retrasó en el pago del seguro médico y los impuestos sobre las nóminas de los empleados.
Durante el mandato de Blanco como alcalde, la deuda conocida de la empresa aumentó 58% a 403 millones de pesos (unos 21.6 millones de dólares) a fines de 2018, según un documento público de SAPAC.
Figueroa también advirtió a dos sindicatos que operan en SAPAC que no toleraría ninguna disidencia, dijeron los cinco empleados. Relataron que durante un conflicto laboral en 2017, el presunto mafioso envió hombres para golpear a un líder gremial.
Por separado, Figueroa telefoneó a la sede de SAPAC y pidió hablar con otro jefe sindical por el altavoz, para que otros empleados pudieran oírle lanzar una amenaza, relataron dos de los empleados.
“Sé dónde vives y te voy a partir la cara”, le dijo Figueroa a ese jefe sindical, según los dos trabajadores, que aseguraron haber presenciado el intercambio. “Si no bajas tus demandas, te vamos a desaparecer”. Los dirigentes sindicales se echaron para atrás y se mantuvieron en silencio, según los empleados.
Reuters no pudo verificar de forma independiente el relato de los trabajadores. Figueroa no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Cuando Blanco renunció en julio de 2018 para postularse como gobernador, su sucesor como alcalde, Antonio Villalobos, se negó a cumplir el presunto acuerdo de Blanco con el cártel Comando Tlahuica, según un documento de inteligencia militar visto por Reuters.
En cambio, individuos vinculados a otros grupos criminales se movilizaron para arrebatarle el control de la empresa de servicios públicos a Figueroa, dijeron a Reuters los cinco empleados de SAPAC.
Al menos cuatro personas vinculadas al SAPAC han muerto violentamente en los últimos cuatro años en luchas intestinas por el servicio de aguas, declararon a Reuters tres funcionarios de Morelos. Villalobos fue detenido en septiembre y acusado de abuso de poder por presunta corrupción en SAPAC. Permanece en prisión.
Villalobos no pudo ser localizado para hacer comentarios y Reuters no pudo averiguar si se había declarado culpable. Ni su abogado ni un miembro de su familia respondieron a peticiones de comentarios.
SIGUIENDO EL DINERO
La etapa de Blanco como alcalde fue ampliamente criticada por analistas políticos. Aun así, cuando se avecinaban las elecciones generales de 2018, el candidato presidencial López Obrador eligió a Blanco en lugar del aspirante de su propio partido para presentarse como gobernador de Morelos en una candidatura de coalición. Para entonces, Blanco había dejado el Partido Social Demócrata por el Partido Encuentro Social (PES).
“Le caigo muy bien porque yo no soy político”, dijo Blanco, en referencia al presidente.
Una vez electo, Blanco volvió a repartir altos cargos entre amigos y familiares. Sanz, su antiguo agente deportivo, siguió siendo su jefe de gabinete. El gobernador colocó a su amigo y exfutbolista Luis Hernández Mondragón al frente de la Oficina de Adquisiciones, que supervisa la contratación de bienes y servicios por valor de decenas de millones de dólares.
Hernández aseguró a Reuters vía Whatsapp que el puesto requería a alguien de la “entera confianza” de Blanco para luchar contra la corrupción. Dijo que consiguió el trabajo por haberse conducido “siempre con honradez y moralidad”.
Algunos funcionarios empezaron a llamar a Blanco el “gobernador ausente”. En su primer año en el cargo, el calendario oficial de Blanco no mostró ninguna actividad laboral en 207 de los 365 días, según una solicitud de acceso a la información realizada por la organización local de rendición de cuentas, Morelos Rinde Cuentas.
“Como futbolista se acostumbró a jugar los domingos y a no trabajar los lunes”, dijo a Reuters un antiguo colaborador de Blanco, quien rechazó las afirmaciones sobre su indolencia como un injusto intento de desprestigio por parte de sus críticos.
Los escándalos no tardaron en sacudir al gobierno de Blanco. En marzo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un ente federal que investiga presuntos delitos financieros, declaró en una conferencia de prensa que estaba indagando a miembros del círculo íntimo de Blanco.
La UIF afirmó haber descubierto unos 750 millones de pesos (unos 40.2 millones de dólares) en transacciones bancarias irregulares, incluyendo enormes depósitos en efectivo, ejecutados por el entonces jefe de gabinete Sanz, tres miembros de su familia y otros dos asociados, según muestran documentos de la UIF vistos por Reuters.
La UIF entregó ese mes sus pruebas a la oficina del fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz, y pidió a los procuradores que se hicieran cargo del caso, según ese documento no público de la UIF de 93 páginas revisado por Reuters.
Entre 2014 y 2019, personas cercanas a Blanco habían realizado depósitos bancarios y transacciones que los investigadores concluyeron que probablemente se originaron “de algún tipo de actividad ilícita”, dijo el informe. El propósito del supuesto esquema, decía el documento, era ocultar el origen o la propiedad de los activos.
Fiscales federales verificaron la mayoría de las transacciones sospechosas descubiertas por los investigadores de la UIF, según casi 200 páginas de documentos no públicos de la FGR revisados por Reuters. No se han presentado cargos y el caso se ha estancado por razones desconocidas, según una fuente familiarizada con la investigación.
Gertz, el fiscal general, no respondió a una solicitud de comentarios sobre el estado de la investigación.
Sanz negó haber cometido delito alguno. Aseguró a Reuters que la investigación federal “ya está terminada” y que había sido “exonerado”, afirmaciones que no han sido confirmadas por fiscales.
Blanco también negó haber actuado mal. “Estoy limpio”, dijo en la entrevista.
Pero pronto surgieron más acusaciones. En septiembre de 2021, Gerardo Becerra, asesor oficial anticorrupción de Blanco, dimitió del gobierno y denunció públicamente una extendida práctica de corrupción en contrataciones públicas.
Becerra dijo que dimitió porque la administración no estaba interesada en acabar con la corrupción.
“Evidentemente me empezaron a llegar toda la información de la corrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco”, dijo. “Me pararon. Ya no les gustó”, añadió. No especificó quién en la administración del gobernador supuestamente le impidió hacer su trabajo.
Becerra aseguró a Reuters que presentó una denuncia confidencial ante el órgano fiscal anticorrupción de Morelos en la que alegaba que el 96% de los contratos adjudicados durante el mandato de Blanco eran contratos sin licitación que violaban la ley estatal. La ley de Morelos exige un mínimo de tres licitantes para garantizar la competencia.
Blanco negó las afirmaciones de Becerra, diciendo: “no es cierto”.
Hernández, jefe de adquisiciones de Blanco, no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones de Becerra.
Fiscales locales que investigan las acusaciones de corrupción contra el gobernador descubrieron tres cuentas bancarias mexicanas no declaradas que pertenecían a Blanco con un total de 16 millones de pesos (unos 858,000 dólares).
También hallaron una cuenta bancaria en Estados Unidos con 1.25 millones de dólares (unos 23.3 millones de pesos), según los documentos no públicos presentados por fiscales ante el Congreso del estado de Morelos en abril de 2022, en los que se pedía a los legisladores que desaforaran a Blanco.
En su solicitud, los fiscales acusaron a Blanco de enriquecimiento ilícito y alegaron que su “patrimonio se ha incrementado de manera importante e inexplicable” durante su gestión como funcionario público.
Días después, López Obrador respaldó públicamente a Blanco. Los legisladores locales de Morena, ayudados por un puñado de aliados de otros partidos, bloquearon el desafuero.
En agosto de 2022, el medio hermano de Blanco, Ulises Bravo Molina, fue nombrado jefe de la representación local del partido Morena, de López Obrador, en Morelos. Al mes siguiente, el gobernador cambió de partido, diciendo que se unía a Morena con “orgullo, gratitud y determinación”.
“IMPUNIDAD ABSOLUTA”
Septiembre de 2022 trajo una nueva fuente de especulación pública sobre Blanco y los presuntos narcotraficantes que posaron con él en la ahora famosa foto.
Ese mes, el grupo de hackers latinoamericanos Guacamaya filtró un arsenal de documentos clasificados del Ejército mexicano. Entre ellos un informe de inteligencia de la Marina de febrero de 2019, revisado por Reuters, en el que se afirmaba que era posible que Blanco estuviera “coludido” con la banda Comando Tlahuica y su supuesto jefe, Figueroa.
La Marina no respondió a una solicitud de comentarios. No fue posible ponerse en contacto con Figueroa.
Otro documento de la filtración, un memorándum del Ejército mexicano de mayo de 2019, hacía referencia a los otros dos presuntos narcotraficantes que aparecen en la foto sin fecha con Blanco: Castro, el jefe en Morelos del cártel Guerreros Unidos, y su colega del cártel Irving Solano Vera.
El memorándum resumía una conversación que Solano mantuvo con un agente de inteligencia del Ejército mexicano poco después de la captura de Castro en mayo de 2019.
Solano dijo al Ejército que Castro había hecho un trato con Blanco: Guerreros Unidos podría actuar con “absoluta impunidad” en Morelos si Castro respaldaba la campaña política del gobernador y mantenía baja la violencia en su territorio, alegó Solano.
Castro fue asesinado en una riña en prisión en octubre de 2019, según las autoridades. Solano fue capturado por el Ejército mexicano en febrero de 2021. Se cree que está en una cárcel de máxima seguridad y no fue posible contactarlo para que hiciera comentarios.
Reuters no pudo determinar la identidad de su defensor. Los nombres de sus abogados no figuraban en los expedientes judiciales consultados por Reuters, una práctica habitual en México en casos de narcotráfico por motivos de seguridad.
Tres funcionarios de seguridad mexicanos dijeron a Reuters que Castro y Solano también trabajaban con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asociado con Guerreros Unidos.
Autoridades estadounidenses sitúan al CJNG entre las organizaciones delictivas transnacionales más peligrosas del mundo. Lo culpan de inundar Estados Unidos con fentanilo y otras drogas sintéticas que matan a decenas de miles de personas cada año.
Blanco se mostró desafiante en medio de una avalancha de reportes noticiosos negativos tras las filtraciones. “El que nada debe nada teme”, dijo en una declaración el 10 de octubre de 2022. “Que investiguen”, subrayó.
En Cuernavaca, el otrora centro turístico del estado, muchos residentes temerosos ahora corren a casa antes del anochecer. En los cuatro años de Blanco como gobernador de Morelos, los homicidios en el estado aumentaron un 50% a 1,174 en 2022 desde 783 en 2018, según datos del gobierno federal. En el mismo periodo, los asesinatos disminuyeron 8.2% a nivel nacional.
En una banca de un parque en Cuernavaca, Marcelo Rocha, un jubilado de 71 años, se quejó de la delincuencia y la escasez de agua en su vecindario. Dice que se arrepiente de haber votado por Blanco.
“Nos ha fallado mucho”, sostuvo Rocha.
Blanco rechazó cualquier idea de que esté del lado de los presuntos traficantes de la foto o de cualquier otro delincuente. Dijo a Reuters que está trabajando para llevar ante la justicia al presunto capo Figueroa.
“Yo no pacto con el narcotráfico ni con delincuentes”, dijo Blanco. “No soy un delincuente, no soy un malandro, no soy una mala persona. Tengo educación, tengo principios”, asentó.
De Reuters.
