Veintiún militares retirados y un civil reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 247 personas, uno de los casos más notorios de violaciones de derechos humanos en Colombia, informó el viernes el tribunal.
Es la primera vez en la historia del país sudamericano que antiguos integrantes del Ejército, incluido un general, reconocen su responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en medio del conflicto interno armado de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.
De acuerdo con el tribunal, los implicados admitieron el asesinato en estado de indefensión de 120 personas en la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, y de 127 más en la Costa Caribe.
“Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (…), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos”, dijo ante la JEP el general retirado Paulino Coronado Gámez.
Según datos de la JEP, al menos 6.402 personas fueron asesinadas por efectivos del Ejército y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe, como parte de un plan de incentivos para obtener resultados en la lucha contra la guerrilla izquierdista.
Pero grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.
“La JEP concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”, dijo el tribunal de paz en un comunicado.
Otros dos coroneles retirados negaron su responsabilidad y fueron remitidos a una unidad de investigación y acusación que podría condenarlos hasta a 20 años de prisión de ser encontrados responsables.
Tras la aceptación de la responsabilidad en los asesinatos de los civiles se iniciará un proceso restaurativo que incluye el reconocimiento de la verdad, la solicitud de perdón ante los familiares de las víctimas y el aporte de información para ubicar los cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no repetición.
La JEP es parte del acuerdo de paz firmado con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un largo conflicto armado interno y que permitió la desmovilización de unos 13.000 miembros del grupo rebelde, aunque algunos rechazaron el pacto y continúan la lucha armada.
Las personas que admitan responsabilidad ante la JEP en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad recibirán una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.
Con información de Reuters.
