Vendidas como mercancía, violentadas física y sexualmente, esclavizadas en los surcos, sembradíos y en las labores domésticas, es el destino de niñas y mujeres en la Montaña de Guerrero, situación evidenciada a partir de la pandemia.
La historia de Reyna revela el martirio que viven las niñas indígenas guerrerenses y las consecuencias que pagan aquellas que deciden romper el círculo de violencia a la que son obligadas a vivir.
A la edad de 13 años, fue vendida por 25 mil pesos a una familia de una comunidad alejada de la suya, a la que no conocía. Un buen día su padre le dijo que se fuera con Elpidio y Alicia, padres de Eloy de 14 años, con quien estaba destinada a convivir.
“Yo lloraba porque no quería estar con ellos, nunca los había conocido porque eran de otra comunidad, yo me escapaba y me iba caminando por horas a mi casa, pero mi papá me amarraba de un palo y me azotaba, y me decía que, si no me regresaba con los señores, me iba a dejar para siempre en el palo colgada”, cuenta Reyna en entrevista.
Ante el rechazo familiar Reyna se quedó durante nueve años en la casa de sus suegros, Elpidio y Alicia, jornaleros agrícolas que suelen migran al norte de México, que la obligaban a trabajar con ellos y con Eloy en los campos agrícolas, sin retribuirle nada por su trabajo.
Cuando el padre de sus dos hijos, de 7 y 5 años, decidió migrar a Estados Unidos, Reyna empezó a sufrir vejaciones de su suegra, quien recibía las remesas de Eloy y le decía que la joven no cuidaba a sus hijos, que tenía amantes, mientras que en los campos agrícolas y en su comunidad, Alicia la golpeaba, la insultaba y la corrió en varias ocasiones de su casa, advirtiéndole que tenía que dejar a sus hijos porque a ella la habían comprado.
En Sinaloa, Reyna se armó de valor y huyó con sus hijos, denunció los hechos ante el Procuraduría de los Derechos de la Infancia municipal, lo que le permitió independizarse económicamente de sus suegros y regresar a su comunidad en Tlapa de Comonfort.
Los suegros la alcanzaron para demandarla por omisión de cuidados en un juzgado familiar y exigir la custodia de sus nietos, situación que la obligó a contratarse como jornalera agrícola y viajar con sus hijos a Michoacán.
“Yo creo que mis suegros quieren a mis hijos para trabajar, a mi niña venderla, yo no quiero que les pasé lo mismo que a mí; mi familia me habla para que me regrese a Tlapa para que entregue a mis hijos a mis suegros, y después me vaya, ya no me quieren con ellos, ya no me apoyan porque dicen que por mi culpa mis suegros los molestan, y yo le digo a mi papá, que si él no me hubiera vendido, no estaría pasando todo esto”, apunta la mujer mep’haa.
Representada legalmente por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Reyna es una de las más de 600 mujeres que durante la pandemia de covid-19, se acercaron a la organización civil para denunciar los abusos y la violencia de género que se vive en esta región de Guerrero, y uno de los 40 litigios por guardia y custodia de los hijos que acompaña la organización.
De acuerdo al informe anual de Tlachinollan, a presentarse el miércoles 15 de diciembre, “lo que antes era una práctica de usos y costumbres, actualmente se ha desvirtuado, ha perdido la dimensión comunitaria, ahora se ha individualizado, y ha prevalecido el criterio mercantil que cosifica a las mujeres, las ha transformado como si fuesen moneda de cambio”.
Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, destaca que son los municipios con altos grados de pobreza como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca y Tlapa, donde las niñas indígenas se encuentran más vulnerables, es donde se ha “pervertido” de la práctica ancestral de pagar una “dote” a los padres de la novia, y que ahora con la pandemia se visibilizó con mayor fuerza, “al haberse exacerbado la violencia contra las mujeres, que pagan un alto precio si deciden romper con el ciclo de violencia”.
Barrera Hernández fue entrevistado para hablar del 27 informe de actividades correspondiente a septiembre de 2020 a agosto de 2021, titulado “Tu nombre que nunca olvido”, documento que destaca de manera relevante la violencia hacia las mujeres indígenas y el abandono de la región por las instancias gubernamentales, durante la pandemia.
Lo que se puso al descubierto en este periodo fue la persistencia de la “misoginia institucionalizada, una exacerbación de la violencia contra las mujeres desde el aparato de justicia, se llega incluso a fabricar delitos contra las mujeres que deciden romper con el ciclo de violencia”.
El defensor alerta que la “cosificación” de las niñas e los últimos años, influenciada por los recursos que llegan a la región de las remesas de Estados Unidos, ha derivado en que no solo los maridos sino los suegros de las menores, se sienten con derechos sobre las niñas al considerar que “las compraron, en algunos casos las tarifas van desde los 150 mil hasta los 300 mil pesos”.
Las mujeres que son “vendidas” por sus padres para emparejarlas con adolescentes como ellas, que en muchas ocasiones migran hacia Estados Unidos, dejando a la joven esposa y a sus hijos, en poder de los padres, que dejan los trabajos más duros de la casa y el campo a las menores, a quienes también se agrede sexualmente.
A esta violencia se agrega que los hijos de las mujeres son considerados propiedad de la familia del padre, al considerar que al ser comprada, la mujer llegó sola y se va sola,
Ante la exacerbación de la violencia por el confinamiento, Barrera Hernández destaca que con lo que se encontraron las mujeres que decidieron denunciar, fueron oficinas cerradas, sin posibilidades de refugiarse, que ante el desamparo, se ven obligadas a regresar a los domicilios de los agresores, o bien, llegan a ser denunciadas de robo o de omisión de cuidados para arrebatarle los hijos, “denuncias que esas sí prosperan”.
Durante el periodo que comprende el informe, 268 mujeres formalizaron su queja ante la organización de un total de 480 personas atendidas. De esa cifra de mujeres, en 157 casos las quejas están relacionadas con “las distintas formas de violencia a las que se encuentran expuestas las mujeres en contextos rurales y comunitarios”.
De los 157 documentaos en los que las mujeres sufrieron distintos tipos de violencia, en 38% reportó violencia de tipo económico, 26% física, 19% psicológica, en 9% las tres, en 4% sexual y un porcentaje igual de tipo patrimonial.
Desde 2006, Tlachinollan tiene un registro de 66 feminicidios en la Montaña, 26 de ellos ocurrieron en periodo del informe, siendo siente los ocurridos entre enero y septiembre de 2021, cifra a la que la organización agrega 19 muertes violentas, 14 agresiones sexuales y tres desapariciones de mujeres.
En el periodo de análisis, Tlachinollan observó el incremento de violencia contra niñas indígenas, sobre todo de 9 a 16 años, siendo los agresores los padres o familiares cercanos.
El abandono institucional en las mujeres, se advierte en que la mayoría de las carpetas de investigación predominan las graves deficiencias, impericia procesal y falta de compromiso del órgano investigador, que deja la puerta abierta para que los responsables puedan obtener su libertad.
En los casos de feminicidios “sólo en 20% han sido procesados los responsables y un porcentaje mínimo ha alcanzado sentencias condenatorias”, en casos en que las víctimas son “esposas que oscilan entre 20 a 40 años, niñas, algunas de ellas estudiantes de secundaria y bachillerato”, mujeres en su mayoría “pobres que viven en las colonias periféricas de las principales ciudades y en las cabeceras municipales de las localidades más violentas del mundo”.
En el caso de los perpetradores, la gran mayoría son las parejas de las víctimas “en otros, están involucrados personajes del crimen organizado, que abusando de su poder, se ensañan contra mujeres, estudiantes y trabajadoras
Tlachinollan destaca que pese a que Guerrero cuenta con dos Alertas de Violencia de Género contra Mujeres (AVGM) las agresiones contra mujeres y niñas están presentes en la región, destacado que los casos de violencia sexual representados por la organización, en siete las víctimas eran menores de edad, cuatro de ellas involucradas en matrimonios infantiles.
La organización insiste en que las autoridades son “cómplices de la violencia feminicida”, por no implementar acciones contundentes para evitar las agresiones contra mujeres, “y más bien, mostraron condescendencia con el crimen, indolencia con las familias que denunciaron los feminicidios e indiferencia ante el dolor y escarnio de las mujeres ultrajadas y asesinadas”.
Con información de Proceso.
