La próxima gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encargó la transición de poderes a quien renegoció la deuda del año 2020 del ayuntamiento de Mexicali, cuando ésta era presidenta municipal, y que a la fecha solo ha logrado una reducción de 32.7 millones de pesos.

Marina Ávila se entrevistó con el actual gobernador, Jaime Bonilla para darle a conocer el nombramiento del equipo de transición, y entre el equipo de 12 personas destaca Marco A. Moreno Mexia, quien el 19 de diciembre de 2019, cuando la próxima gobernadora llevaba dos meses y medio en la presidencia municipal, le encargó la reestructuración de la deuda de la localidad.

En ese momento, según el documento titulado “contrato de consultoría especializada de servicios financieros legales relacionados con la estructuración, diseño e implementación de financiamientos bancarios para el gobierno municipal de Mexicali, Baja California”, la deuda era de 987.6 millones de pesos y fue resultado de los gobiernos panistas anteriores.

Con el fin de obtener mayor liquidez, el cabildo encabezado entonces por la futura gobernadora, autorizó la reestructuración de la deuda para obtener mayor liquides a corto plazo quedando de pagarse en su totalidad en el año 2038.

Marina del Pilar Ávila Olmeda. FOTO: VÍCTOR MEDINA/CUARTOSCURO.COM

A un año de dicha reestructura, el ayuntamiento de Mexicali pasó de adeudar 987.3 millones a deber 954.6 millones de pesos, según el reporte federal de la deuda de los ayuntamientos al 31 de marzo de 2021.

Es decir, por dichos movimientos bancarios, en un año, Mexicali redujo su deuda en 32.7 millones de pesos, los cuales, según dijo la propia Marina del Pilar Ávila cuando avaló la reestructuración, se iría para el pago de jubilaciones de la burocracia de la localidad.

Por dichos movimientos bancarios, el señor Mexia Moreno cobró 11 millones 453 mil 544 pesos. También participará quien se desempeñó como Oficial Mayor en la administración municipal de Ávila Olmeda, el señor Juan José Pon Méndez.

Y destaca la participación de Rosina del Villar Casas, quien concluyó su periodo como diputada local el 31 de julio pasado y quien se opuso en la sesión del pasado 28 de julio a la municipalización del agua.

Esta reforma de última hora del gobernador Jaime Bonilla llevó a decir a la entonces legisladora que ello provocaría un boquete financiero a la nueva gubernatura, por lo que fue de las 11 diputadas y diputados que se opusieron, aunque finalmente se avaló con 13 votos.

El gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, durante la atención a padres de niños con cáncer que se manifestaron en el hospital general de Tijuana por la falta de medicamentos. FOTO: OMAR MARTINEZ /CUARTOSCURO.COM
Jaime Bonilla. FOTO: OMAR MARTINEZ /CUARTOSCURO.COM

Contra la municipalización el agua

La futura gobernadora adelantó que es probable que “la reforma se caiga” porque cuenta con vicios al proceso legislativo y violaciones al artículo 115 constitucional.

Respecto a ello, Jaime Bonilla comentó en su transmisión del día que desconoce si existe un trámite para echarla abajo. Lo que sí, recordó, pasar la prestación del servicio de agua a los municipios era un reclamo de la gente y “el pueblo pide, el gobernador ejecuta y los legisladores legislan. Y se hace lo que el pueblo quiere”.

Comentó también que “en un medio” circuló que “era privatización” el efecto de la reforma en materia de agua, pero añadió: “no saben la diferencia entre municipalización y privatización”.

“Era un clamor de muchos años y ahora se tomó la decisión”, insistió. Aunque su sucesora no piensa igual pues dijo que se generaría una crisis a los ayuntamientos, además de que hay municipios que ni agua tienen.

Con información de Proceso.

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