La demanda de México contra productores de armas de Estados Unidos dejó de lado el tráfico ilegal de potente armamento de otros países. Productores de China y Europa han aportado su cuota en el mercado ilegal de armamento, que se extiende prácticamente por todo el país, pero se concentra en las entidades donde se asientan y tienen influencia las principales organizaciones delictivas.
Desde la declaración de “guerra al narcotráfico” de Felipe Calderón hasta la arenga de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha decomisado cerca de 200 mil armas en detenciones y enfrentamientos con los grupos de delincuencia organizada. Pero en casi la mitad de ellas las autoridades militares dicen desconocer el país de origen.
Pistolas, fusiles, rifles, escopetas, revólveres y carabinas fueron las más comunes, pero también hubo subametralladoras, lanzagranadas, ametralladoras, lanzacohetes, pistolas ametralladoras, escopetas de doble cañón, subfusiles y obuseros.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 173 mil 415 armas fueron aseguradas en el país entre 2006 y agosto de 2020. La mayoría de ellas son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de acuerdo con la ley federal de la materia.
La mayor parte de esos aseguramientos (70%) ocurrió entre 2008 y 2012, durante la llamada “guerra a las drogas” declarada por el entonces presidente Calderón.
De 2013 en adelante el número de aseguramientos cayó, sin lograr por año ni siquiera 10 mil, de acuerdo con las bases de datos proporcionadas por la Sedena.
En más de 500 operaciones durante 14 años la dependencia aseguró 58 mil 406 armas de marcas de Estados Unidos, China, Italia, Rumania, España, Brasil, México y Alemania. Sin embargo, la Sedena no proporcionó la marca de 98 mil 977 armas de fuego, sin explicar la falta del dato.
Seis de cada 10 armas de fuego fueron aseguradas en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad por homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 se registraron 36 mil 579 asesinatos y entre los 10 estados con más de esos crímenes se encuentran Chihuahua, Michoacán y Guerrero.
La violencia dejó su impronta en las entidades con más armas de fuego aseguradas. Por ejemplo, en Tamaulipas hubo dos masacres: la primera, en agosto de 2010, perpetrada por el Cártel de Los Zetas en San Fernando, donde 72 migrantes fueron asesinados; la segunda ocurrió en Reynosa, donde 15 personas perdieron la vida en junio pasado.
En Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingresó recientemente al estado causando enfrentamientos en varios lugares, sobre todo en la zona de Aguililla. En esa entidad también se gestaron nuevas autodefensas de civiles armados para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada. Incluso en 2008, cuando se incrementó el decomiso de armas, la delincuencia organizada atacó con granadas a la gente concentrada en el Zócalo de Morelia por las celebraciones de la Independencia. Murieron dos personas y un centenar resultaron lesionadas.
El 17 de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa, fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, pero tras ataques armados en diferentes partes del estado fue puesto en libertad, después se supo que por órdenes de López Obrador. Este semanario dio a conocer cómo los tres poderes cerraron filas para no dar más información sobre este suceso, que dejó ocho muertos y 19 heridos (Proceso 2325).
En Guerrero cientos de personas han sido obligadas a desplazarse por la acción de grupos armados. En 2014 desaparecieron 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y la investigación sigue inconclusa. En Chihuahua fueron asesinadas la activista Marisela Escobedo (16 de diciembre de 2016) por pedir justicia por el feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo, así como la periodista Miroslava Breach, por su cobertura sobre las actividades de grupos de la delincuencia organizada (23 de marzo de 2017).
En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se contempla que la Sedena decomise las armas usadas en los delitos mencionados en dicha disposición para que se destruyan, a excepción de las que sean de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área, que se destinarán a dichas instituciones. En caso de que tengan valor histórico, cultural, científico o artístico serán enviadas al Museo de Armas de la secretaría.
La Sedena ha destruido 557 mil 340 armas de 2006 a 2019, según información de transparencia, pero la institución ha destinado para instrucción militar un total de 3 mil 256 armas cortas y 180 largas. Como apoyo a las labores de seguridad se enviaron a los estados 997 armas largas y 201 cortas. Pese a que se solicitó la marca, calibre y modelo de dicho armamento, la secretaría únicamente entregó el desglose del tipo de arma.
A este panorama hay que sumar los más de 16 mil casos de robo de armas o pérdida de las mismas por parte de las corporaciones policiacas y de procuración de justicia, de acuerdo con datos también obtenidos por transparencia.
La acusación
El gobierno de México presentó una demanda en contra de los fabricantes de armas estadunidenses Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp; Beretta Holdings SPA; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC: Glock, Inc.; Glock Ges MBH; Sturm, Ruger & CO, Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.
En esa demanda el gobierno mexicano indica que su finalidad es terminar con el daño masivo que los demandados causan al facilitar el tráfico ilegal de sus armas para los cárteles de la droga y otros delincuentes. Además, afirma que entre 70 y 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México fueron traficadas desde Estados Unidos.
El texto de la demanda añade que más de medio millón de armas son traficadas cada año desde el país del norte y que los demandados producen 68% de éstas. Se argumenta que los demandados son conscientes del tráfico masivo de sus productos y pese a ello no han implantado ningún control en materia de seguridad pública o disciplinaria en sus sistemas de distribución.
De 2006 a agosto de 2020 la Sedena aseguró un total de 3 mil 965 armas de la marca Smith & Wesson Brands; 344 de Barrett Firearms Manufacturing; 3 mil 315 Pietro Beretta; 977 Century Arms; 8 mil 623 Colt Industries; mil 34 Glock Inc. y 125 Sturm Ruger & Co., indican datos de transparencia proporcionados por la dependencia.
El Estado mexicano indica que el aumento de la producción de los fabricantes estadunidenses coincide con el repunte de la tasa de homicidios en México, aunado a que se comenzaron a usar armas militares en enfrentamientos con policías y soldados. Entre las consecuencias menciona:
“Las prácticas de distribución de los demandados, deliberadamente a ciegas y sin criterio, ayudan e instigan el asesinato y mutilación de niños, jueces, periodistas, policías y ciudadanos comunes en todo México. La conducta ilegal de los demandados ha reducido sustancialmente la esperanza de vida de los ciudadanos mexicanos y ha costado al gobierno miles de millones de dólares al año”.
Como muestra de los incidentes violentos, en la demanda se expone que en el asesinato de Miroslava Breach se utilizó un arma calibre .38 edición especial de Colt, grabada con una imagen de Emiliano Zapata. Por otra parte, en las movilizaciones para liberar a Ovidio Guzmán, en octubre de 2019, se detectó que los miembros del Cártel de Sinaloa se desplegaron con ametralladoras, rifles Barrett calibre .50, AK y AR-15, así como pistolas Beretta y Glock.
La violencia también llegó a la capital del país en junio de 2020, cuando hombres armados atacaron a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana local, quien resultó herido con arma de fuego. Dos de sus escoltas y una mujer que transitaba en la calle perdieron la vida. El propio García Harfuch responsabilizó del atentado al CJNG.
“Entre las armas utilizadas por los asesinos –se asienta en la demanda del gobierno mexicano– había tres rifles de francotirador Barrett calibre .50, una pistola Smith & Wesson de 9 mm, una carabina Smith & Wesson de calibre 5.56 mm, una Ruger de 5.56 mm y una carabina Colt de calibre 5.56 mm.”
Al analizar los datos sobre las muertes de elementos del Ejército y la Fuerza Aérea en la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se detectó que del 1 de diciembre de 2006 al 1 de agosto de 2021 fallecieron 295 personas por agresiones con arma de fuego, entre ellas sargentos, cabos, soldados, tenientes, capitanes y coroneles. Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y Michoacán son los estados con más decesos.
En respuesta a la demanda civil presentada por México, The Firearm Industry Trade Association rechazó en un comunicado las acusaciones de incurrir en prácticas comerciales negligentes: “Todas las armas de fuego vendidas al por menor en Estados Unidos se venden de acuerdo con las leyes federales y estatales, con una verificación de antecedentes del FBI y formularios completados”.
El vicepresidente senior y consejero general de dicha asociación, Lawrence G. Keane, dijo que las acusaciones son infundadas y que el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus fronteras. Añadió que la demanda es una afrenta a la soberanía de Estados Unidos y una amenaza a la segunda enmienda de los estadunidenses, respetuosos de la ley para poseer y portar armas.
Los fabricantes también argumentaron que el gobierno de Estados Unidos vende armas de fuego al de México, pero que “los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar con los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio de fabricación estadunidense”.
El jueves 5, el presidente López Obrador dijo en su conferencia de prensa que la demanda “no es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de armas. No es ir en contra de la enmienda que les da derecho a los estadunidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y se venden esas armas que llegan a nuestro país y causan muertes”.
Añadió que no hay control, pues se compran hasta por internet, y precisó que se hablaba de Barrett calibre 50 y otras armas de alto poder.
Con información de Proceso.
