En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han acumulado 31 asesinatos, siendo “el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro”, más aún que sus antecesores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en los que en los mismos periodos ocurrieron 19 y 26 homicidios de comunicadores respectivamente.
De acuerdo con el informe titulado “Negación” correspondiente a 2021, año en que siete periodistas fueron asesinados, la organización de la libertad de expresión, Artículo 19, alertó que “negar esta realidad da como resultado que no se tomen medidas urgentes para frenar esta espiral brutal de violencia”.
Al señalar que desde que llegó a México hace 15 años ha documentado cinco mil 254 agresiones contra la prensa de las cuales mil 945 ocurrieron durante lo que va del sexenio de López Obrador, y enlistar una serie actividades de defensa junto con otras organizaciones en materia de espionaje a través de Pegasus, participar en colectivos de libertad de expresión y manifestación, y observar el trabajo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otras, Artículo 19 sostuvo que “hoy el ejercicio de la liberta de expresión no tiene mejores condiciones que antes de 2018”.
De acuerdo con la organización, en 2021 registró 644 agresiones contra la prensa, de las cuales, en 274 casos, es decir 42.55%, estuvieron vinculadas autoridades del Estado mexicano; en 21.31% se identificó a particulares como perpetradores, en 9.18% a partidos políticos y a la delincuencia organizada en 6.53% de los casos.
Al señalar que los datos acumulados de ataques en lo que va del sexenio de López Obrador “representa 85% más que el primer trienio de Enrique Peña Nieto”, Artículo 19r resaltó que en 2021 “las autoridades mexicanas están directamente vinculadas a dos de cada cinco agresiones contra la prensa”, alcanzando niveles del sexenio anterior.
La organización detalló que los periodistas que cubren temas de corrupción y política fueron blanco de 285 agresiones, 44.25% del total; los que cubren “nota roja”, 155 casos, equivalentes a 24%; los que cubren migración, recibieron 20 ataques “perpetrados tanto por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, como por particulares”.
Como parte de las agresiones a la prensa, en lo referente a la estigmatización desde Palacio Nacional, Artículo 19 contabilizó 71 ocasiones en que desde las conferencias matutinas “el propio titular del Ejecutivo federal y otros integrantes del gobierno denostaron a la prensa”.
El “efecto cascada” a partir de la estigmatización, fue analizado por la organización en su informe, demostrando que en al menos 46 casos se documentó que “tanto actores privados como públicos utilizaron el mismo discurso de la mañanera –‘fifis’, ‘chayoteros’, ‘vendidos’- en eventos públicos tanto dentro como fuera de la capital del país”.
A este tipo de agresiones, Artículo 19 contó 62 campañas de desprestigio, 17 casos de estigmatización por medio de comunicación oficial y siete de criminalización, en tanto que en el ámbito digital, “una de cada tres agresiones contra la prensa ocurrieron en línea” y en cuanto al hostigamiento judicial, cada mes se demandaron a tres medios o periodistas por ejercer su derecho a informar.
Ataques y favoritismo desde Palacio Nacional
Tras señalar que el año pasado todos los estados registraron al menos un ataque contra periodistas, Artículo 19 consideró que este nivel de agresión “es el resultado de un gobierno ausente, que al igual que los pasados, ha sido incapaz de evitar la violencia, de garantizar medidas de no repetición, de investigar los crímenes contra la libertad de expresión, de reparar el daño”, y en cambio “se agrede directamente a la prensa mediante el estigma y el acoso”.
Artículo 19 señaló que en 2021 se advirtió aún más “la concentración de la comunicación social en el espacio de la conferencia matutina” del presidente Andrés Manuel López Obrador; “la desinformación oficial, como forma de anular cualquier otro discurso que se le opongan o a sus interlocutores”, mientras que persiste “la clausura de los mecanismos formales de acceso a la información establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)”.
Ante evidencias de que, por tercer año consecutivo, “40% de los dichos verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador no son verdaderos”, de acuerdo con la organización Verificado, Artículo19 realizó un ejercicio haciendo “30 solicitudes de información dirigidas a la Oficina de la Presidencia de la República, relacionadas con 28 declaraciones del presidente”.
Según la organización “en 50% de los casos este sujeto obligado se declaró notoriamente incompetente, mientras que en 27% indicó no haber localizado la información documental relacionada con la solicitud, y en un caso (3%), señaló que previamente había declarado la inexistencia de información”.
Esta práctica pone de manifiesto que, en México, “a la concentración de la información pública en voz del presidente le sigue la clausura de los mecanismos de acceso a la información”.
Sobre el análisis de la distribución de recursos en el pago de publicidad oficial, la organización resalta que el diario La Jornada, y las televisoras Televisa y TV Azteca, “representa el 33% de los recursos recibidos”, siendo el medio dirigido por Carmen Lira el que ocupa el primer lugar con 181 millones de pesos.
El análisis añade que “diez de 441 medios de comunicación concentran más de 700 millones de pesos, lo que representa poco más del 52%”.
La organización destacó que persiste “el contexto de múltiples violencias contra poblaciones indígenas enteras, así como asesinatos y desapariciones de defensoras y defensores de la tierra, el medio ambiente y el territorio ocurrido desde sexenios pasados”, y cita el registro de 28 activistas asesinados en 2021, reportados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En el plano gubernamental, el uso de discursos estigmatizantes contra voces críticas “han sido utilizados en este sexenio con mayor énfasis como una herramienta para invisibilizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio de las comunidades y su lucha contra la imposición de megaproyectos que está impulsando la actual administración, como es el caso del Tren Maya”.
En agravio de las comunidades indígenas, Artículo 19 apuntó que no se han diseñado estrategias adecuadas de comunicación en temas tan urgentes como la pandemia por covid-19, la imposición de megaproyectos o en la alerta por el paso del huracán ETA en 2020, a lo que se suma la marcada brecha digital, siendo las comunidades originarias las que mayores carencias tienen de conectividad de internet, pese al compromiso de López Obrador de facilitar internet gratuito a las comunidades más aisladas.
Instituciones de protección, debilitadas
En su informe, Artículo 19 analizó “una continuación en el debilitamiento significativo de instituciones encargadas de velar por la prevención, protección, garantía y reparación del daño causado por las distintas violencias ejercidas contra las personas”, como lo es el Mecanismos para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”.
En el ámbito de procuración de justicia, la organización observó “el peor efecto de la negación: la impunidad”, dejando a las víctimas y a sus familiares en indefensión, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) defiende de forma facciosa “a personas funcionaras señaladas de violar derechos humanos de periodistas”.
Artículo 19 también se refirió en su informe a los instrumentos creados por el gobierno actual en materia de derechos humanos como la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) como parte del Sistema Nacional de Búsqueda.
“Este importante avance debe verse con cautela ante un discurso presidencial que pretende colocar las atrocidades del pasado, invisibilizando las del presente”, advirtió Artículo 19 al sostener que “decir que ya no se violan derechos humanos es una muestra preocupante y dolorosa de la negación”, más aún cuando México entró en la profundización de la militarización.
Para la organización “la negación estatal respecto a la violencia, impunidad y corrupción es grave y condiciona el avance de los derechos humanos en México”, situación que se agrava cuando está situación es acompañada “de la anulación de las voces que exigen justicia, verdad y reparación (…) una fórmula ideal para que la violencia, la exclusión, la censura y la impunidad se perpetúen”.
Con información de Proceso.
