Nunca antes en México se había visto que el tema de los desaparecidos cobrara tanta relevancia en el imaginario social como lo hemos visto en tiempos recientes. Desde la literatura, el cine documental, las manifestaciones sociales y el campo de la investigación periodística y académica, los desaparecidos tienen mayor importancia e interés.
Quizá mucho de ello derive de la consternación que despertó la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa (septiembre, 2014), como coincidieron algunos especialistas en la materia, considerando que de esa situación se han tergiversado infinidad de aseveraciones y respuestas, lo cual ha recalado de forma directa en la sociedad.
Casos como la llamada “Verdad Histórica”, versión que diera el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, la cual de a poco se ha desmoronado conforme avanzaron las recientes investigaciones instrumentadas por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Y cómo no habría de tomar también mayor relevancia este tema si, con el pasar de los años, son cada vez más los desaparecidos y por ende las madres y padres y las familias que se quedan sin un integrante importante de su núcleo familiar, desamparadas de toda autoridad.
Una investigación publicada apenas hace un par de días por el periódico New York Times, reveló que en México se alcanzaron ya el total de 100 mil personas desaparecidas o no localizadas, según el registro que la ahora Comisión Nacional de Búsqueda mantiene desde el año de 1964.
Una problemática que no solamente nos habla de la prevalencia del crimen organizado en el país, por su correspondencia directa en las desapariciones, sino de la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en las mismas, lo cual agrava y hace todavía más complejo este fenómeno.
Baja California no está exento de esta problemática. Su condición de estado fronterizo convierte en un territorio fundamental para el cruce de drogas y personas con destino hacia Estados Unidos, en donde el mercado para ambos casos, como se ha documentado, es muy prolífico.
Razón por la cual la organización civil y feminista Elementa DDHH lanzó hace una semana la plataforma denominada “Desaparecer En Baja California”, un micrositio en el que, a través de datos, infográficos, mapas referenciales y testimonios recabados durante tres años dan muestra de que esta entidad hay una problemática muy severa en torno a este tema.
La organización documentó que tan solo en el periodo de 2007 a 2021 en el estado han registrado, de manera oficial, 12 mil 759 desaparecidos, teniendo a Tijuana como la ciudad donde se concentra la mayor incidencia.
Los datos revelan que fue durante el año 2018 cuando se presentó el mayor índice de desaparecidos o no localizados, con un promedio de 102.07 por cada 100 mil habitantes. Cabe recordad que ese mismo año Tijuana fue declarada la ciudad más violenta del mundo, por encima de ciudades que entonces se mantenían en guerra.
Lo agravante ahora es que la desaparición de mujeres va cada vez más en aumento y mucho de ello, como documentó la organización, tiene que ver con que el tema de la trata ha ido ganando mayor terreno también, aunado a que cada vez son más las mujeres que, de una u otra manera, son vinculadas con el crimen organizado, la mayoría de las ocasiones por parentesco.
Las cifras nos muestran que, en el caso de las mujeres, son las que están en edad de entre 12 y 18 años las que más desaparecen, mientras que en los hombres el rango fluctúa entre los que tienen 30 y 44 años.
Resulta, pues, que con estas cifras que a todas luces son alarmantes, la Fiscalía General del Estado (FGE) no funcione en este tema más que como una institución de acompañamiento para las familias que emprenden sus propias búsquedas y, a la vez, como una dependencia receptora de datos, cuando la función debería ser otra.
Es un hecho, como ha documentado Elementa DDHH, que la FGE no cuenta con especialistas forenses especializados en antropología o arqueología forense, además que carece de personal capacitado de participar en las búsquedas, localización e identificación de personas desaparecidas.
Baja California es el estado en todo el país que cuenta con más cuerpos sin identificar; más de 9 mil 087 registrados de 2006 al 2020, lo que le ha generado también la crisis para almacenar cuerpos, como lo vimos hace unos meses, cuando el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tijuana tuvo que pedir ayuda a otra dependencia para almacenar cuerpos que fueron trasladados durante la noche.
Ya no digamos de las sobre saturaciones de cuerpos en el propio Semefo, que la prensa local ha documentado desde hace al menos tres o cuatro años.
Esta situación deja en clara desventaja a los familiares de los desaparecidos, quienes con sus propios esfuerzos, dinero y herramientas tienen que emprender la labor de ser los investigadores para dar con el paradero de sus familiares. Esto en muchas ocasiones los mantiene en un riesgo latente, ya sea por amenazas del crimen organizado o de propios elementos de las corporaciones de seguridad.
De esto dan cuenta las quejas que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) documenta en los últimos años, de las cuales, el 27% responsabilizan a agentes de la FGE; el 42% son en contra de la policía de Tijuana; y el 31% contra elementos de la policía de tránsito de Tecate y elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI).
En esa medida, las organizaciones civiles deben sortear diversas medidas no solamente para garantizar su seguridad, sino también para llevar a cabo sus propias investigaciones.
La señora Angélica Ramírez ha sido pieza fundamental en ello. Ella es la coordinadora del colectivo Una Nación Buscando T, que desde hace cinco años se dedica a acompañar a familiares que andan en busca de sus hijos, hermanos, tíos, primos, sobrinos.
Cuando esta organización surgió, se conformaba solamente de tres familias y, además de ellos, había solo tres organizaciones más. Hoy en día ellos arropan a más de 30 familias y en todo el estado hay más de 15 organizaciones debidamente conformadas, lo cual habla de cómo han ido incrementando los desaparecidos en la región.
La señora Angélica y su organización recientemente emprendieron también la campaña “Seguimos en tu búsqueda” que tiene como motivo y fundamento la sensibilización y prevención sobre los desaparecidos. A la fecha en todo Tijuana han pintado más de 30 bardas con pintas y murales que dan cuenta de esta problemática.
En una entrevista que le realizamos hace unos días, Angélica refería que dolorosamente existe el mito de que todas las personas que desaparecen “andaban en malos pasos”, lo cual es una mentira que simplemente conlleva a la criminalización de las personas.
De ahí la idea fundamental de la campaña, nos dijo, porque, además, las madres también cargan con el estigma social de que se les culpa a las madres de las desapariciones, pues se suele decir que suceden “porque no los educaron bien”, concepto que están dispuestas a erradicar concientizando.
Es de resaltar la labor que estas organizaciones realizan y el empeño que día con día le ponen a salir a buscar a sus familiares a pesar de su dolor. Como lo manifiestan ellas mismas, el hecho de que en la sociedad existan demasiados muertos, colgados, desmembrados y extorsionados, sin duda es un duro golpe para la población, sin embargo, la desaparición es el golpe más cruel que le pueden dar a una familia.
Porque las ausencias inquietan la memoria colectiva y dejan a las madres y las familias con un vacío irreparable que se vuelve todavía mayor cuando no existe la justicia. Porque mientras no exista justicia el mensaje es que esto puede seguir sucediendo y cualquiera puede ser coparticipe de ello.
“No tengo el deseo de que la autoridad nos explique por qué mi hermano desapareció, sino que tenemos la exigencia de decir que nadie merece desaparecer”.
– Lukas Avendaño, artista de la comunidad Muxe de Oaxaca que busca a su hermano desaparecido desde 2018.
