El pasado lunes 21 de marzo se cumplieron dos años desde que el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó las deportaciones inmediatas basadas en el Título 42 por el pretexto de la pandemia.
Pese a las promesas que hizo el ahora presidente Joe Biden, de revertir esas políticas impulsadas por su antecesor y restaurar el asilo, esta política aún sigue vigente, exponiendo a los solicitantes de asilo a una doble situación de vulnerabilidad.
Para tener un contexto, El Título 42 es un protocolo sanitario que se reforzó y entró en vigor en marzo de 2020 en Estados Unidos, con la intención de evitar la propagación del Covid-19 en ese país.
Una medida que les ha permitido, directa e indirectamente, a las autoridades estadunidenses expulsar o rechazar de forma inmediata a los migrantes que se acercan a la frontera pidiendo protección, negándoles la oportunidad de solicitar asilo o que un juez revise sus casos.
A dos años de esta medida, migrantes y activistas continúan mostrando sus posturas de rechazo ya que la consideran como la política más cruel e inhumana.
De acuerdo con la organización Human Right First, desde que Biden asumió el cargo, se han documentado más de 9 mil ataquen violentos contra migrantes bloqueados o expulsados, tales como secuestros, violaciones, torturas e incluso asesinatos.
Además, por considerar que esta medida tiene sus raíces en la xenofobia y la discriminación, como lo señaló la activista Judith Cabrera; prueba de ello es que en esta administración han sido deportados más de 20 mil haitianos directamente a su país.
Lugar en donde sus vidas corren peligro debido a la grave crisis política, social y humana que enfrenta dicho país, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse en su domicilio, el pasado 7 de abril de 2021, lo cual generó desestabilidad interna.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), en 2020 se elevaron los delitos relacionados con migración irregular, por tránsito y tráfico de personas a 105, cuando en 2019 se habían registrado 85 delitos; en 2021 llegó a 185, y en 2022 ya se han sumado 221.
El pasado 23 de noviembre de 2021, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez, aseguró que el delito de tráfico de personas aumentó 173.6 por ciento, pues mientras de enero a octubre de 2020 fueron reportadas 561 carpetas de investigación, en el mismo periodo de 2021 se documentaron mil 535.
Cifras que nos dan un panorama sobre el incremento tanto de flujo irregular que se ha generado al interior del país, pese al Título 42 y la pandemia. Pero, sobre todo, al riesgo en que se ven diariamente expuestos los migrantes en tránsito en esta región.
Si bien, esta medida sigue siendo una agravante para los migrantes caribeños, centroamericanos y mexicanos, quienes se han visto opacados por los refugiados ucranianos víctimas de la guerra, hay quienes ven pequeños destellos de que pronto pueda terminar.
Uno de ellos es, precisamente, esta presión que se ha ejercido desde las organizaciones sociales, lo mediático y las instituciones de derechos humanos, y otro es que el pasado 12 de marzo, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron una orden de salud pública que exenta a los niños migrantes de ser expulsados por el Título 42.
Es sin duda un primer paso, muy pequeño. Sin embargo, mientras se llega a revertir completamente como pretenden los activistas y defensores de derechos humanos, la realidad es que los migrantes seguirán expuestos y vulnerables a lo largo de toda la frontera norte de nuestro país.
Lo que nos queda a nosotros, como seres humanos que nos pretendemos empáticos, es mínimo hacerles un poquito mejor y llevadera su estancia en nuestras ciudades. Migrar es un derecho, y nadie se los podemos negar.
