¿Para qué sirve una disculpa pública de una institución impartidora de justicia que no supo integrar una carpeta de investigación en contra de una persona que, no solo violentó y agredió de forma sexual y física a una niña, sino a 18 menores de 15 años, cuando el agresor aún sigue libre después de cinco años de haber violentado a los indefensos menores?
¿De qué sirve una disculpa pública que se dice “histórica”, porque nunca antes se había hecho algo similar en Baja California, cuando los 18 menores que fueron violentados siguen en procesos de tratamiento psicológico y, una vez más, insisto, el agresor y la directora omisa del plantel en el que estudiaban los menores siguen sin castigo algunos por sus agravantes?
¿De qué sirve, pues, una faramalla pública más en la que el fiscal central Hiram Sánchez dice reconocer las fallas que hubo en la integración de una carpeta que, no solo no ha condenado a los agresores y omisos, sino que además revictimizó a 18 niñas, niños y adolescentes, cuando ni siquiera en su discurso se le escuchó decir un “pedimos disculpas a las víctimas” y solo se limitó a decir que “reconocen las omisiones que pudieron haberse hecho” en este caso?
El día 16 de marzo de 2016, la señora Rosa Zepeda Zárate, madre de Diana (niña acreditada como víctima) acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) para interponer una queja en contra de Ramón “N”, quien era docente del Plantel Educativo No. 1 de Tecate, argumentando que su hija era víctima de maltrato por parte de Ramón, al igual que otras niñas, niños y adolescentes del salón de clase.
Después de las diversas diligencias emprendidas por la CEDHBC, acreditaron que efectivamente Ramón, el profesor, “agredió físicamente a Diana, propinándole un puntapié, ejerciendo además otras conductas indebidas en contra de alumnas y alumnos, siendo un total de 18 víctimas de insultos, humillaciones y violencia sexual durante el ciclo escolar 2015-2016”.
Lo cual llevó a la Comisión a emitir la recomendación número 7/2021 en la que se narra que Ramón, el profesor, “acostumbraba calificar a sus alumnos como “tontos, mensos, estúpidos y nacos”, además de imponer de manera arbitraria diversos castigos, obligándolos a permanecer de pie bajo el sol afuera del aula, dejarlos encerrados en el salón de clases con candado hasta por 30 minutos”.
Además de que “los forzaba a bailar, a realizar el aseo y, en otras ocasiones y por diversión, les introdujo un bolígrafo en sus orejas o les pasaba un “pelo” por su cuerpo mientras les pedía que cerraran sus ojos; a las niñas les llegó a pegar goma de mascar en el cabello y a Aarón (otro estudiante acreditado como víctima) le marcó el rostro con un plumón de tinta negra indeleble frente a todo el grupo”.
Y no solo eso, sino que, además, “Ramón obligaba a sus alumnas y alumnos a jugar a las “escondidas o a la traes”, realizando tocamientos de índole sexual a varios de ellos en sus senos, glúteos, pene o vagina, concretamente a quince niñas, niños y adolescentes, actos que fueron del conocimiento de Roberta (directora del plantel) quien omitió ponderar el interés superior de la niñez”.
Motivos y razones por las cuales la CEDHBC denunciaron los hechos el 3 de junio de 2016 ante la Agencia del Ministerio Público en la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, sin embargo, como detalla la reclamación, “en el mes de julio de 2017, el actuar de la autoridad careció de investigaciones diligentes y efectivas, por lo que se observa que Valentina, titular de dicha unidad, no realizó diligencias rigurosas, inmediatas y eficientes para proteger el interés superior de la niñez”.
Esto llevó a la hoy Fiscalía General del Estado a reconocer que dichas omisiones no solo generaron una revictimización de los 18 menores, sino que no supieron o no quisieron integrar de forma adecuada una investigación en contra del agresor y la persona omisa de los señalamientos, razón por la cual ambos, agresor y el omiso, hoy gozan de total libertad pese ha que ya han pasado cinco años de los hechos.
Como una forma de resarcir el daño, o como una forma de quedar bien públicamente, este jueves pasado el fiscal central de la FGE, Hiram Sánchez, encabezó un acto protocolario, y simbólico, en el que supuestamente ofreció una disculpa pública hacía las víctimas y sus padres, por las omisiones e irresponsabilidades del personal que llevó a cabo esas diligencias.
Sin embargo, y recalco, de la boca del señor fiscal nunca salió la palabra “disculpas” y solo se limitó a decir que asumían “su responsabilidad” por los hechos, lo cual no le quedó de otra a la señora Rosa Zepeda Zárate, en nombre de todos los padres de familia, en aceptar dicha “disculpa”, que no fue disculpa, sino aceptación de responsabilidades, cuando el agresor aún está gozando de total y plena libertad.
Que me disculpe el señor fiscal central, pero, aquí y en China, reconocer un error cuando eres el representante de la institución impartidora de justicia, sin hacer justicia, no sirve para nada, más que para pararse el cuello ante la sociedad y para sacarse de lado una omisión que no necesita disculpas, sino de castigos ejemplares que sienten un precedente entre la sociedad.
El problema es que, como dicen en mi pueblo “perro no come perro”, y si la carpeta de investigación va a tener que integrarse nuevamente desde el principio por esos errores de los funcionarios que la integraron en turno, eso le va a dar no solo la posibilidad de que el agresor y la directora omisa huyan de la ciudad, sino de que la responsable entonces de nombre Valentina, tampoco pague por sus culpas.
La señora Rosa Zepeda Zárate a final de cuentas aceptó la “disculpa” que no fue disculpa, porque quiero entender que para ella, como lo dijo en el acto protocolario, es una forma de sentirse entendida y escuchada por las autoridades, pero, a mí me gustaría saber qué piensan los 17 restantes padres de familia que saben que sus hijos fueron ultrajados no solo por un profesor que los violento de manera directa, sino también por un directora que fue omisa y una funcionaria impartidora de justicia a la que le importó un comino lo que le hicieron a sus hijos.
Que me disculpe nuevamente el fiscal central, pero, las victimas no necesitan disculpas que no son disculpas, las víctimas lo que necesitan es justicia, y hasta que no veamos al agresor, a la persona omisa y a la funcionaria displicente pagando por lo que a cada uno le corresponde en estos hechos tan denigrantes, hasta ese día les vamos a dar el aplauso que este jueves pretendieron con un acto protocolario burdo y absurdo.
Bonus: Me pregunto, de haber continuado Guillermo “Titi” Ruiz como titular de la Fiscalía, ¿se hubieran aceptado y llevado a cabo estas “disculpas”?
