El gobierno del estado demandó por peculado a tres exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla, a la empresa Next Energy y a su asesor, debido al contrato “leonino” que se firmó para la construcción de una planta fotovoltaica y que le costaría a la entidad 12 mil millones de pesos.
Marco Antonio Moreno Mexia, secretario de Hacienda, informó en conferencia de prensa que las demandas son penales y administrativas y que, por el momento, no incluyen al exgobernador Jaime Bonilla, sino únicamente a las oficinas encargadas del proyecto, como Hacienda, Agua y la Comisión estatal de energía.
El 15 de junio de 2021, el entonces gobernador colocó la primera piedra de lo que sería la planta fotovoltaica más grane de Latinoamérica, con la cual se lograría la independencia energética del estado, el cual actualmente no está conectado al sistema de energía federal.
Bonilla y su equipo de funcionarios licitaron la construcción de la planta cuando el único facultado en materia energética es el gobierno federal.
Pero no solo eso, la planta que tendría un costo inicial de 2 mil millones de pesos, elevaría su costo pues en el contrato se incluyó la emisión de “certificados de inversión por 6 mil 500 millones de pesos, agregándole un factor de incremento teórico del proyecto”, con lo cual el costo final sería de 12 mil millones, detalló el secretario de Hacienda.
Moreno Mexia, quien se negó a decir si la demanda podría incluir más adelante al exgobernador Bonilla, sí resaltó que es una demanda “impersonal y sin ninguna consideración política”.
En cuanto al contrato que se firmó con la empresa radicada en Monterrey, Next Energy, Moreno Mexia detalló que se comprometieron dos tercios del impuesto sobre nómina, los ingresos adicionales de libre disposición del estado, incluyendo los ingresos de los organismos operadores del agua y se estableció un fideicomiso, el cual serviría como garantía financiera.
Dicho fideicomiso fue constituido con el 19.5% de las participaciones que le corresponden al estado por el año fiscal 2021, y ayer 3 de marzo, la empresa Next Energy presentó una factura por 120 millones de pesos para el repago de “una supuesta inversión que había realizado”.
En el lugar donde se ubicaría la planta fotovoltaica y donde Bonilla colocó la primera piedra, no existe ni esa piedra. La zona está a las afuera de la ciudad de Mexicali, rumbo a la carretera que lleva al puerto de San Felipe.
El secretario de Hacienda informó que se interpuso una “demanda de lesividad” para revertir el contrato y no afectar las finanzas del estado “nos dieron una suspensión provisional”.
Lo anterior implica que los 120 millones de pesos que hoy está cobrando Next Energy por la inversión que ha realizado en el proyecto y que se entregó ayer al gobierno del estado, saldrían del citado fideicomiso.
Con la suspensión, explicó Moreno Mexia, se cancelan los efectos de la dispersión de las participaciones a través del fideicomiso el cual se estableció en banca Afirme.
“La suspensión nos la ha notificado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (a nivel federal) y con eso se evitará la dispersión del fideicomiso que de manera indebida pretende cobrar Next Energy”, aseguró Moreno Mexia.
Las dos demandas que ya se presentaron son por los delitos de abuso de autoridad, peculado, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público y falsedad ante las autoridades. Esta es penal y contra el asesor de la empresa, la empresa misma y los funcionarios que participaron en la licitación.
En total es contra los exfuncionarios y seis entes privados, de ninguno de los cuales se quiso dar nombres.
Con información de Proceso.
