La construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aumentó la demanda inmobiliaria en Tecámac y otros municipios mexiquenses aledaños, intensificando desalojos, invasiones y despojos de viviendas, efectuados con el apoyo de una amplia red en la cual participan particulares, grupos de choque, abogados, autoridades municipales, personal de las fiscalías, jueces, inmobiliarias y bancos.
Desde hace un par de décadas Tecámac es un municipio dormitorio, derivado de la proliferación de unidades habitacionales que ya superan las 70, y que en su momento promocionaron su cercanía con la Ciudad de México como el principal plus para adquirir vivienda.
En la actualidad, entre 30 y 50% de las casas están deshabitadas porque algunas no se vendieron, otras se reintegraron por falta de recursos de los compradores para cubrir los pagos, unas más se volvieron sitios que sus propietarios visitan de vez en cuando y otras, incluso, se quedaron en obra negra.
Las viviendas deshabitadas, con dueño o sin él, han creado un ambiente propicio para invasiones y despojos, los cuales se han agravado a partir del polo de desarrollo que representará la nueva terminal aérea asentada en Zumpango, municipio contiguo. Algunas asociaciones condominales calculan que 10% de los inmuebles ya han sido invadidos.
Aunque los despojos ya ocurrían, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD), advierte que se comenzaron a multiplicar los incidentes con la construcción del AIFA, de tal manera que se registraron alrededor de mil 200 casos de 2018 a 2021.
Pérez Espinoza advirtió que estas acciones no serían posibles sin el apoyo de una amplia red que involucra a particulares, grupos de choque, abogados, autoridades municipales, personal de las fiscalías, jueces, inmobiliarias y bancos.
El diputado local morenista Faustino de la Cruz pidió, mediante un punto de acuerdo presentado ante el pleno del Congreso de la entidad, la intervención urgente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del titular del Poder Judicial estatal, Ricardo Sodi, para indagar a jueces y ejecutores de juzgados mercantiles y civiles de Ecatepec y Tecámac presuntamente involucrados en estas redes.
Por estos hechos el FMDVD ha denunciado ante la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a David Velázquez Vargas, exjuez quinto civil del distrito judicial de Ecatepec; a Jorge Flores García, quien ahora ocupa su lugar, y a Marco Antonio Aguirre Duarte, ejecutor del mismo juzgado.
Regina Salazar es residente de una privada en el fraccionamiento Villas del Real. Solicita utilizar este nombre ficticio debido al temor de ser agredida por los grupos violentos que habitan viviendas invadidas en estos conjuntos habitacionales. Explica que este fenómeno comenzó en su unidad cuando el propietario de una de las casas llegó a vivir con su pareja. Al poco tiempo, refiere, ambos comenzaron a abrir los domicilios desocupados y a decir que adquirieron las casas con alguna persona que tenía convenio con las sofoles.
La señora Salazar calcula que 40% de las viviendas está deshabitada, algunas se salvan porque los propietarios les dan su vuelta muy de vez en cuando.
Los invasores generalmente son protegidos por los presidentes de las asociaciones vecinales y hasta por las autoridades municipales, particularmente durante los cuatro trienios en que el priista Aarón Urbina ha sido alcalde de Tecámac y los conjuntos habitacionales proliferaron. Hasta les envían patrullas para su resguardo.
Las casas invadidas, explica, se revenden en cantidades inverosímiles: si su precio original era de 300 mil pesos, se rematan en 100 mil.
Estos poderosos vecinos imponen sus reglas, amedrentan a los demás y fomentan la inseguridad. Actualmente, lamenta Regina, “vivimos en una casa bastante alejada del concepto que nos vendieron”.
Pérez Espinoza no descarta que los grupos invasores formen parte del crimen organizado, pues en algunas ocasiones se utilizan armas para los desalojos, o ellos las presumen en redes sociales.
En diciembre de 2020, en la sexta sección de Villas del Real, fue detenida Itati “M”, identificada por las autoridades como la hija de Roberto “M”, El Betito, jefe de La Unión Tepito, por su posible participación en el homicidio de su exnovio.
Sin embargo, los grupos de choque –cuyo número de integrantes puede llegar a 60– es el eslabón más bajo de la cadena. “Es toda una mafia: constructoras, inmobiliarias, bancos y ministerios públicos”, refiere Pérez Espinoza.
Con información de Proceso.
