El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del movimiento feminista fue exhibido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como factor determinante en la represión hacia las manifestaciones de mujeres, represalias contra las denunciantes e inhibición de las protestas en algunas entidades federativas.
Durante la audiencia “Situación de los derechos humanos de mujeres y niñas en el contexto de las protestas en México”, defensoras de derechos humanos denunciaron que en los últimos dos años ha prevalecido un ambiente hostil para la protesta feminista en el país, registrándose actos de represión y criminalización en al menos 10 entidades: Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Querétaro y Ciudad de México.
Las comisionadas Esmeralda Arosamena, Flavia Piovesan, Julissa Mantilla, así como la secretaria adjunta María Clara Pulido y el relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, cuestionaron la efectividad de los cursos de capacitación entre los cuerpos de seguridad.
Vaca resaltó el impacto de los “discursos estigmatizantes” de los gobernantes que ponen en duda la legitimidad de las protestas o que ven en ellas “segundas intenciones (…) lo que distorsiona las capacitaciones”, porque genera confusiones entre los agentes del Estado “que atienden las manifestaciones y reciben las capacitaciones”.
En la audiencia presidida por la comisionada Julissa Mantilla, las integrantes de organizaciones de la sociedad civil denunciaron el “uso desproporcionado de la fuerza, en particular la sexual en contra de mujeres durante las manifestaciones, como el uso indebido del derecho penal”, recurridas por las autoridades “para aleccionarlas y castigarlas por ser consideradas ‘malas mujeres’ que merecen un escarmiento por haber desafiado los estereotipos de género, consistentes en que las mujeres deben permanecer en su casa o en espacios privados, y no en el ámbito público”.
Las activistas solicitantes de la audiencia pusieron énfasis en el discurso presidencial desde sus conferencias matutinas, que ha insistido en descalificar a las mujeres que protestan, siendo el más reciente el del 28 de septiembre, cuando López Obrador señaló que el movimiento feminista pretende “afectar” a su gobierno, en el que participan “feministas conservadoras”.
Entre los impactos que el discurso oficial ha tenido, alertaron, están las “amenazas y estigmatización” contra organizaciones como Marabunta y Luchadoras.
En tanto, en el ámbito de lo penal las mujeres que han denunciado los abusos policiales continúan sin acceso a la justicia, mientras que continúan procesos penales y multas desproporcionadas por daños a los monumentos intervenidos durante las manifestaciones, comentaron las defensoras.
Asimismo, advirtieron que la Ley de Uso de la Fuerza, aplicable para todas las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, contiene elementos contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto que no hay controles externos a la Guardia Nacional, a pesar de que así fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia contra el Estado mexicano por el caso Atenco.
El representante en México de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández Maldonado, validó las denuncias de las defensoras, al dar un reporte de casos documentados por su personal en Quintana Roo, Guanajuato y Estado de México, en los que se advirtieron agresiones a mujeres que se manifestaban y que fueron detenidas de forma arbitraria.
Al señalar que los actos represivos han alcanzado a periodistas e integrantes de organismos públicos de derechos humanos, Fernández Maldonado alertó que los hechos se mantienen en la impunidad, generando “un contexto de miedo y disuasión en asuntos públicos, contribuyendo a perpetuar los patrones de exclusión”.
En respuesta, funcionarias del gobierno federal, Alma Delia Arreola, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Fabiola Alanís, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y Nadine Gasman, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), enlistaron diversos cursos de capacitación a la Guardia Nacional y convenios, o el monitoreo de la situación de violencia contra las mujeres en el país.
Por parte de las organizaciones sociales, participaron Norma González, Giselle Yáñez, Sofía de Robina, Lucía Lagunes, Alejandra Maravella y Carla Inés Ríos.
Con información de Proceso.
