Activistas de derechos humanos de la asociación Familiares Caminando por Justicia de Michoacán que estuvieron en Tijuana realizando labor humanitaria con migrantes del campamento de El Chaparral, denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento y amedrentamiento por parte de policías municipales que resguardan el lugar.
En entrevista, Laura Orozco, integrante de la asociación, resaltó que esto sucedió en tres ocasiones que acudieron esta semana al campamento; la primera, pudieron ingresar gracias a la participación de otros activistas locales, sin embargo, cuando realizaban una actividad de intercambio de ropa, uno de los elementos policiacos llegó a hostigar y decidieron mejor retirarse.
Refirió que la segunda ocasión les negaron el acceso bajo el argumento de que tenían que hacerlo previo a un registro, pese a que se identificaron como activistas de derechos humanos, sin embargo, esa vez les dijeron que si entraban no se harían responsables de lo que adentro les pudiera pasar.
“Además nos dijeron que si nos asaltaban o nos acuchillaban era sobre nuestro riesgo, entonces les hicimos saber que esa era su función, resguardar la seguridad, porque de lo contrario no estaban realizando su función de manera adecuada y decidimos mejor no ingresar”, dijo.
La tercera ocasión, agregó, decidieron realizar su actividad afuera del perímetro del campamento, pero también les estuvieron negando el trabajo, que consistía en intercambiar prendas nuevas, y de manera intimidatoria uno de los policías les pedía que se retiraran amenazándolas de que llegarían otros elementos para retirarlas.
Fabiola Rayas, también integrante de la asociación, detalló que el trabajo que vinieron a realizar es una colaboración que realizan con el artista cubano migrante Reynier Leyva Novo, quien está trabajando en una pieza artística de confección de un tapete de amplias proporciones con prendas de los migrantes en tránsito en el país.
Recalcó que esta actividad ya la realizaron previamente en albergues y con migrantes en la ciudad de Tapachula, Chiapas, considerando que es la frontera sur, por lo que ahora sería Tijuana, la frontera norte, para complementar su actividad, la cual finalmente pudieron realizar con la ayuda de los propios migrantes que se vieron interesados en participar.
“Nos parece muy grave, como defensoras de derechos humanos, que la policía que está resguardando el lugar criminalice a los migrantes de esa manera, sabiendo que hay familias, y que ellos sean los que propicien esta situación de que, personas externas que se acercan a ayudarlos, por esa criminalización, mejor se retiren para que no realicen esa ayuda”, puntualizó.
