Mediante un convenio de colaboración entre los gobiernos de Michoacán y Baja California, firmado este día por sus mandatarios, se busca que los migrantes y refugiados desplazados michoacanos que se encuentran varados en albergues de Tijuana, tengan una estancia digna mientras aguardan a que se reestablezcan los procesos de asilo en Estados Unidos.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que con este convenio lo que se pretende es que no estén abandonados a su suerte, sino que tengan mayores posibilidades de subsistencia, sobre todo considerando que muchas son familias que vienen con niños y que requieren de las atenciones pertinentes.
Ramírez Bedolla reconoció que en el Estado al que representa, existe la problemática del desplazamiento forzado y no solo se da en un municipio, sino en varios, cosa que gobiernos anteriores “se negaron a ver y reconocer”, motivo por el cual emprendieron este acuerdo en colaboración con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Resaltó que además de la atención digna en los albergues, este convenio también plantea otros dos ejes importantes como son el brindarles asesoría para aquellos migrantes desplazados que estén buscando su ruta hacia Estados Unidos y lo puedan lograr, y para quienes pretendan regresar a sus lugares de origen puedan hacerlo de manera segura mediante acompañamiento.
Refirió que desde hace varios años han percibido que el flujo migratorio de los desplazados ha sido una constante y afirmó que por este motivo en Tijuana hay alrededor de 640 migrantes en albergues actualmente y en la ciudad en general hay alrededor de 4 mil 500 personas que han llegado en el último año y medio.
La gran mayoría, dijo, salieron por violencia de género o violencia contra las mujeres, por lo que el convenio establece un plan de atención integral tomando en cuenta la perspectiva de género y los derechos humanos; “eso nos da una perspectiva de que tenemos que hacer mucho en Michoacán por la atención hacia las mujeres”, dijo.
En otro aspecto, resaltó que ante las denuncias que le hicieron llegar los michoacanos en Tijuana sobre la procedencia jurídica de sus denuncias, las cuales acusan de no proceder una vez que las emiten, en su Estado “se está trabajando para combatir la impunidad, dando garantías de certeza y confianza”.
“Tenemos un gran reto con los familiares que aún siguen en Michoacán, para mejorar la atención pública a todos los sectores en el Estado; esto nos está dando una enseñanza de que tenemos que tomar medidas muy específicas y precisas en nuestro Estado para evitar esa migración forzada que lacera a la sociedad”, apuntó.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar argumentó que este es el primer convenio que se da en su tipo entre estados de la república, lo cual “viene a solventar una problemática heredada de malos gobiernos anteriores, quienes negaban la existencia del desplazamiento forzado, problemática generada de una política neoliberal que los condenó a abandonar sus tierras”.
