La Corte Suprema de Estados Unidos accedió el viernes a escuchar una propuesta de la administración del presidente Joe Biden para revivir una ley federal que convierte en delito penal fomentar la inmigración ilegal, después de que un tribunal inferior la anulara por considerarla una violación del derecho de libertad de expresión.
Los jueces tomaron la apelación del Gobierno de un fallo de febrero de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que invalidó la ley por infringir los derechos garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El fallo del Noveno Circuito anuló parte de la condena de un hombre de California, Helaman Hansen, que había sido procesado conforme a la ley.
La disputa es similar a un asunto que la Corte Suprema escuchó, pero no resolvió, en 2020.
El gobierno federal acusó a Hansen de engañar a inmigrantes indocumentados entre 2012 y 2016 al prometerles que podrían obtener la ciudadanía estadounidense a través de un programa de “adopción de adultos” operado por su negocio con sede en Sacramento, Americans Helping America Chamber of Commerce.
El gobierno dijo que Hansen convenció al menos a 471 personas para que se unieran a su programa, cobrándoles a cada uno hasta 10.000 dólares, a pesar de que “sabía que las adopciones de adultos que promocionaba no conducirían a la ciudadanía estadounidense”.
Hansen fue condenado en 2017 por violar las disposiciones de la ley federal que prohíbe inducir o alentar a los no ciudadanos a “venir, ingresar o residir” ilegalmente en Estados Unidos, así como fraude postal y fraude electrónico, y fue sentenciado a 20 años de prisión.
En la apelación, el Noveno Circuito dictaminó en febrero que la ley es inconstitucional porque es demasiado amplia y criminaliza incluso el discurso común que está protegido por la Primera Enmienda, como decirles a los inmigrantes indocumentados: “Los animo a residir en Estados Unidos, o asesorándoles sobre los servicios sociales disponibles.
El Noveno Circuito confirmó las otras condenas de Hansen y ordenó que se vuelva a sentenciar.
La administración de Biden instó a la Corte Suprema a escuchar el caso y denostó a la corte de apelaciones por invalidar una “herramienta importante para combatir las actividades que exacerban la inmigración ilegal”.
El caso se escuchará durante el mandato actual de la corte, con un fallo previsto para junio de 2023.
