CIUDAD DE MÉXICO, 19 ene (Reuters) – El gobierno de México se está dando cuenta de que con un nuevo presidente llegando a la Casa Blanca el miércoles, revertir una reforma que abrió el sector energético mexicano a inversores extranjeros podría no ser tan sencillo como se pensaba.
La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de fortalecer la presencia del Estado en el sector energético se enfrentará a un dilema cuando Joe Biden asuma la presidencia de Estados Unidos, comprometido a mantener un acuerdo comercial que limita el margen de maniobra de México.
El mandatario ha amenazado con revertir la reforma constitucional del 2013-14 impulsada por el Gobierno que le precedió, y que abrió el mercado energético al capital privado, si no encuentra otra forma de cambiar las reglas del juego para favorecer a las dos grandes empresas energéticas estatales.
La prioridad del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de frenar la inmigración ilegal dejó a López Obrador libre para intervenir en el sector energético, haciendo enojar a legisladores estadounidenses, quienes se quejaron con la Casa Blanca de que México está socavando el nuevo acuerdo comercial para América del Norte (TMEC).
“(López Obrador) ya llegó a un especie de callejón sin salida donde va a tener que tomar esta decisión”, dijo Kenneth Smith, principal negociador técnico mexicano en las negociaciones del TMEC de 2017-2018. “Para efectos prácticos en el TMEC, no pueden hacer un cambio constitucional que echara para atrás la apertura sin violar el tratado”, añadió.
La reforma energética es ampliamente vista como una prueba de fuego del respeto de AMLO por los contratos otorgados al sector privado. La oficina del presidente no respondió a una solicitud de comentario para este artículo.
Se espera que Biden adopte un estilo de gobierno más basado en reglas que Trump y defienda la generación de energía renovable, que ha sido dejada de lado en México por el apoyo de López Obrador a la petrolera estatal Pemex y a la empresa de electricidad, la CFE, consumidora de combustibles fósiles de Pemex.
López Obrador ha calificado a la reforma energética como el resultado del trabajo de políticos corruptos que inclinan el mercado a favor de empresas privadas, muchos de los cuales argumentan que no está respetando el TMEC.
Sin embargo, funcionarios son conscientes de los riesgos que podría crear para la inversión privada dar marcha atrás a la reforma y López Obrador ha sugerido que podría estar alejándose de su amenaza.
El 7 de enero, el presidente dijo que la eliminación del regulador de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), generaría ahorros a la administración.
Poco después, la Secretaría de Economía, que supervisa el comercio, le advirtió que hacerlo podría contravenir el TMEC, dijo la secretaria de esa dependencia, Tatiana Clouthier, a Reuters.
Él tomó nota.
El 8 de enero, López Obrador dijo que le habían dicho que el IFT no debía ser desaparecido porque estaba en el TMEC. El asunto sería analizado, dijo, añadiendo que: “no podemos hacer nada violatorio de la ley”.
Clouthier virtió sus comentarios sobre el IFT cuando se le preguntó cómo vería cualquier movimiento del Gobierno para derogar la reforma energética dados los riesgos de incumplir con el TMEC.
Otro funcionario, hablando bajo condición del anonimato, fue firme en que la reforma no será cancelada. México perseguiría sus objetivos trabajando dentro del marco constitucional existente y a través de la negociación, dijo.
PARÁLISIS
López Obrador dice que está dispuesto a hablar con las empresas que se sientan agraviadas por postura sobre el sector energético, que ha puesto en tela de juicio miles de millones de dólares de inversión.
Frustrados, grupos empresariales estadounidenses están presionando a la administración entrante de Biden para que los defienda bajo el TMEC, dijo una fuente de la industria.
Biden ha descrito el TMEC como un mejor acuerdo que su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por el que votó como senador en 1993.
El TMEC, que sustenta la mayoría de las exportaciones y la inversión extranjera directa en México, entró en vigor en julio, pero realmente cobrará fuerza con Biden en el cargo, sostuvo un diplomático en México.
Para defender la visión energética de López Obrador, el Gobierno ha insinuado que usará otros temas como moneda de cambio.
La secretaria Clouthier dijo que el Gobierno podría plantear preocupaciones sobre las posibles barreras de Estados Unidos a las exportaciones agrícolas en cualquier disputa relacionada con energía en el TMEC.
Si bien la reforma constitucional limita la capacidad del presidente para ayudar a Pemex y a la CFE, sus intervenciones están reconfigurando lentamente el sector energético al retrasar, frustrar y desalentar la inversión privada.
Amparados en la reforma, jueces han revocado muchas de las medidas gubernamentales. Esas decisiones han persuadido hasta ahora a la mayoría de las empresas a no llevar a México ante paneles de arbitraje internacional, dijo Derek Woodhouse, abogado de la firma global CMS, que ha representado a inversores afectados.
Los procedimientos de arbitraje pueden durar entre dos y tres años y la mayoría de las empresas prefieren evitar la confrontación directa con el Gobierno de ser posible, dijo Woodhouse.
Pero la presión está pasando factura.
La “parálisis regulatoria” está elevando los costos de permanecer en México para los inversionistas, lo que podría permitir al Gobierno deshacerse gradualmente algunos y hacerse de sus activos a bajo costo, añadió.
