MADRID/CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Alonso Ancira Elizondo, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), llegó a México con la certeza de contar con un acuerdo legal para “reparar” el daño ocasionado a Pemex en el caso Agronitrogenados, lo que le permitiría recuperar su libertad.
No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) aún evalúa su propuesta, por lo que el empresario tendrá que negociar una salida legal a las imputaciones que enfrenta por el delito de lavado de dinero. Por lo pronto debe pasar sus primeros cuatro días en una prisión de mediana seguridad.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, deslizó en la conferencia del viernes 5 que el gobierno federal, a través de Pemex en su calidad de ofendido o víctima, busca la aplicación de un criterio de oportunidad que obligaría a Ancira Elizondo a convertirse en un testigo de la FGR para denunciar actos de presunta corrupción ligados a la petrolera e imputar a servidores públicos de alto nivel.
Estefanía Medina, cofundadora de la asociación Tojil, especializada en derecho penal, advierte que el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad abren dos caminos legales para el imputado Alonso Ancira y descarta que se beneficie de manera indirecta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin:
“Son escenarios jurídicos completamente distintos. En el criterio de oportunidad, por lo menos al momento de otorgarlo, se hace a cambio de información que el imputado pudiera dar. Es la misma hipótesis que en el caso Odebrecht de Emilio Lozoya. Ahí se tendría que corroborar la información que Ancira pudiera dar para otros procedimientos; además de que se debe verificar que las personas señaladas estén involucradas en delitos más graves o sean de mayor jerarquía o de mayor participación, y también sería un requisito efectuar el pago de la reparación del daño en este caso.”
En contraste, detalla Medina, el acuerdo reparatorio es una figura que permite un acuerdo económico entre las partes para pagar la reparación del daño, por lo que ahí terminaría el procedimiento penal y Alonso Ancira ya no tendría ningún tipo de obligación para seguir colaborando con la FGR en el proceso penal contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.
La abogada de Tojil destaca la diferencia de trato que se le dio a Lozoya y a Ancira dentro de la misma causa penal. El primero no fue sometido a una medida cautelar restrictiva de su libertad, mientras que el segundo deberá negociar con los fiscales de la FGR un acuerdo que le permita recuperar su libertad.
“El día de la audiencia de las cosas más relevantes fue el de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que obviamente incrementa la presión hacia el imputado”, puntualiza.
La también activista en materia de transparencia judicial destaca que la FGR sigue promoviendo la resolución de un caso tan relevante “en lo oscurito, con este tipo de acuerdos y no a través de juicios que lleven al esclarecimiento total de los hechos”.
Expone: “Aun cuando haya un esquema de reparación, la principal reparación que se requiere en estos casos de corrupción de alto nivel y de gran interés nacional es la transparencia a través de juicios, pero eso no está pasando, ni siquiera en las audiencias preliminares que se han llevado a cabo”.
Alonso Ancira Elizondo fue entregado por España a México, aunque de forma paralela el también conocido como “El Rey del Acero” alcanzó un acuerdo de reparación del daño por el sobrecosto en la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas en España, en este acuerdo jugó un papel importante Alfonso Romo, quien fungió como titular de la Oficina de la Presidencia hasta el 2 de diciembre pasado, cuando se dio a conocer su salida del gobierno de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había exigido que Ancira reparara con 200 millones de dólares al gobierno, producto del sobrecosto de la referida planta chatarra.
El pacto de reparación supone el pago de ese monto, aunque el empresario y su defensa reclaman a cambio que se retiren los cargos en su contra y se frene la acción penal, situación que además está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el marco de este acuerdo está la venta de un paquete de 45% de sus acciones y de su socio Xavier Autrey, que fue adquirida por un consorcio denominado Alianza Minerometalúrgica Internacional, encabezado por Julio César Villarreal, principal accionista del Grupo Villacero y Banca Afirme.
Ancira fue detenido por agentes de la Policía Nacional de España el 28 de mayo de 2019 en el aeropuerto Son Sant Joan, de Palma de Mallorca, cuando pretendía viajar a Canadá, de acuerdo al auto de prisión preventiva que le dictó el juez de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz.
El empresario es reclamado por la FGR de México, por el delito de lavado de dinero, derivado de un mecanismo de “ocultación de fondos que habría tenido lugar en el momento en que Ancira –a través de su sociedad AMHSA– transfiere a la sociedad Tochos Holding LTD 3.4 millones de dólares en una cuenta del banco suizo UBS AG, cuyo beneficiario es Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y luego su hermana Gilda Susana”, según el auto de extradición 8/2020 que México presentó a la Audiencia Nacional española.
Esos fondos fueron “lavados” cuando “Lozoya adquiere una casa en Ciudad de México”, en la colonia Lomas de Bezares, en noviembre de 2012, “y Tochos Holding realiza dos depósitos por una cantidad total de 2 millones 580 mil dólares a favor de la vendedora de la vivienda”.
En la audiencia inicial celebrada el miércoles 3 y el jueves 4, la defensa de Ancira presentó su propuesta formal para lograr un acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos por el sobreprecio de la planta chatarra de Agronitrogenados que AHMSA le vendió a Pemex en 2013, ocasionando un daño patrimonial a la empresa productiva del Estado por 4 mil 204 millones de pesos, según el peritaje presentado por la propia FGR en la carpeta de investigación de la causa penal 211/2019.
La abogada de Tojil, Estefanía Medina, señala que antes de lograr un acuerdo reparatorio, tanto la FGR como los defensores de Alonso Ancira deben acreditar que el delito de lavado de dinero permite la posibilidad de acuerdos reparatorios, debido a que el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales sólo contempla esta forma alterna de justicia en el caso de los delitos que se persiguen por querella o equivalente de un ofendido; delitos patrimoniales y delitos culposos, es decir, derivados de un accidente.
“Con distintos escenarios y distintas acciones, todo parece girar en torno a que haya acuerdos en lo oscurito y no vemos que se lleven a cabo procesos penales transparentes”, concluye la abogada de Tojil.
